Tener la ley de tu lado no significa tener razón.

por José María Rodríguez Arias

Cada vez que se dice (con razón) que la mitad de los catalanes han sido dejados de lado por esta convocatoria de un referendo de autodeterminación se olvidan que la otra mitad se dejaría de lado si no se convocara (por no decir que la mayoría, de lejos, está con el «derecho a decidir», siendo los bloques de sí/no poco monolíticos). Y es ahí donde ya tenemos una de las primeras dobles varas de medir. Es cierto, el Parlamento Catalán no tiene competencias para aprobar una ley que permita convocar un referendo de independencia. Como también lo es que el gobierno catalán no puede convocar un referéndum basado en una ley de esa estampa. Ambas normas (ya sea por vía ordinaria o por ejecución de sentencia), además, quedarán suspendidas en cuanto el Tribunal Constitucional acepte los recursos presentados por el gobierno de España.

El bloque independentista (que suma tres partidos de distinto espectro ideológico, como son el PDeCAT, ERC y la CUP) ha estado haciendo trampas al solitario; usando como excusa los posibles recursos al constitucional del gobierno de España se ha dedicado a aprobar las cosas tarde y mal; las han anunciado mucho pero su contenido no ha sido enseñado, tampoco han dejado que se discuta correctamente (respetando los plazos, por ejemplo) en el parlamento de Cataluña; querían aprobar esos textos como les daba la gana y pasaron olímpicamente de aplicar las normas más básicas de la disución pública y política. No querían conversar con los otros, en tanto que tenían claro que al menos tres de esas fuerzas que conforman «los otros» (PP, PSC/PSOE y Ciudadanos) ya tenían decidido el «no» a cualquier cosa que se les propusiera.

Por otro lado, el gobierno de España, presidido por un partido nacionalista (españolista) como es el Partido Popular, ha tomado la vía judicial, pensando que le basta tener la razón jurídica (la Constitución y las leyes, tanto la estatal como el propio Estatuto de Cataluña) para solucionar un problema político, como es el ansia de independencia de buena parte de la sociedad catalana. Se equivoca, lo único que ha conseguido es que más gente piense que la única forma, el único camino, es el «unilateral», el desconocer la autoridad del Estado, el Derecho del mismo, y tirar adelante con lo que se tiene: la convicción de que la independencia es lo mejor y más querido por la mayoría de catalanes.

En esta postura el PP no está solo. El PSOE se ha sumado, con reservas dialécticas más bien débiles, pero en el fondo ha realizado un apoyo claro a la postura del gobierno: se debe mantener la unidad de la nación española por encima de todo. Junto con ellos, el no-tan-nuevo partido de la derecha española, los «liberales» de Ciudadanos. Formación que lidera la oposición en Cataluña, territorio donde nació y creció. El inmovilismo como respuesta a los problemas políticos, la ley como única medida (obviando que son «ellos» los que hacen las leyes) no hace más que echar leña al fuego.

Y ese es uno de los problemas: para que el proceso sea «negociado» o «acordado», más allá del plano puramente político, se debieron iniciar una serie de cambios incluso constitucionales a nivel estatal, no queda otra si los independentistas querían (como dicen querer, al menos ERC y PDeCAT) un «proceso legal» con reconocimiento inmediato en la comunidad internacional y, tal vez, con la posibilidad de continuidad en la Unión Europea.

Serbia y Montenegro… y Kosovo

Para poner las diferencias entre los dos procesos con un ejemplo reciente: Serbia, Montenegro y Kosovo. La federación de Serbia y Montenegro (constituida en 2003, heredera de la República Federal de Yugoslavia) se separó en 2006 tras un referendo en Montenegro (sí, solo en Montenegro) donde esta parte de la federación decidió independizarse. Ningún problema para la comunidad internacional, al punto que a los pocos días ya era el país 192º en la ONU, y es candidata para la UE, organización con la que mantiene buenas relaciones.

Mientras tanto, Kosovo (bajo una administración de la ONU, la MINUK) decidió que también querían declarar la independencia. Tras el triunfo del PDK de Hashim Thaçi, el parlamento kosovar declaró unilateralmente la independencia del país. España aún no reconoce dicha independencia, por cierto. Si bien el Tribunal de la Haya afirmó que no parece que la declaración vulnere el Derecho Internacional (decisión no vinculante), se apresuró a decir lo especial que resultaba todo (las circunstancias en la propia Kosovo, misión de paz incluida, hacen patente esta «excepcionalidad»). No podemos obviar que la independencia de esa provincia serbia vino apoyada por Estados Unidos, con lo que de partida contó con mucho reconocimiento internacional. Actualmente tiene unos 111 apoyos, aunque no es miembro de la ONU (Rusia se opone, China no le reconoce) y lo tendrá difícil en otros organismos como la UE (entre otras cosas, porque España se niega a reconocer la independencia). Sí forma parte del FMI y el Banco Mundial, mientras que en la UNESCO rechazaron su incorporación.

Con esto quiero decir que el camino iniciado por Cataluña hace dos años (ya dos, quién lo diría; en aquel entonces, por un momento, aceptaron que las «elecciones plebiscitarias» las había perdido el bando independentista, luego sumaron escaños y se inició la lenta andadura a este referendo) se parece más a Kosovo que a Montenegro, en el mejor de los casos. Y eso deben entenderlo los catalanes; se vende mucho la idea de que todo, tras la independencia, será idílico, que tendrán un lugar en la Unión Europea porque sí, desconociendo que el mero «no» de España les deja fuera. Están enfadando al «hermano mayor» que no deben. Eso y que a diferencia de Kosovo no tienen el apoyo de Estados Unidos. Ni de Rusia ni de nadie «importante», lo máximo que consiguen es que algunos países califiquen esto como «algo interno de España» (Francia, Reino Unido…).

No puedes decidir qué es delito y luego defender que tu postura es solo aplicar la ley

Un responsable del PP puso un muy desafortunado ejemplo: cuando alguien comete un delito, como robar o ir a 200kmh, no se arma un debate político-jurídico sobre el delito, su procedencia o no, sino que se aplica la ley y se castiga al delincuente. Esto lo decía para defender que sobre Cataluña solo había que aplicar la ley y procesar, penalmente si hace falta, a los responsables políticos de todo el «procés».

Es un mal ejemplo porque absolutamente siempre podemos abrir el debate político-jurídico, faltaría más, de cualquier tipo de delitos, o la procedencia de una pena u otra, o cualquier otro elemento. De hecho, cada vez que un crimen se vuelve «primer página», es eso lo que ocurre (normalmente pidiendo «más castigo»). El propio PP incorporó, con su mayoría absoluta alejada de la mayoría socioelectoral (literalmente, a ellos no les votó el 50% del electorado, pero sí tenían más del 50% de la cámara; otra doble vara de medir por su parte, cuando reprochan la falta de votos al bloque independentista), una serie de delitos y otras consecuencias jurídicas (como la inhabilitación decidida por el TC) que no existían, esto es, en todo caso las Cortes españolas son las que deciden qué es delito y en qué condiciones, qué consecuencias jurídicas tiene el actuar de una forma u otra; si tienes el poder para cambiar eso, no puedes ponerte en la posición de un juez (que no tiene ese poder) y decir simplemente «que se aplique la ley», como si la ley fuera algo ajeno a ti, algo ajeno a tu labor, algo dado por a saber qué ser ultrapoderoso, allá en los cielos, que no se puede modificar.

Tres cuartos de lo mismo con sobre quién tiene el «derecho a decidir». Una de las cuestiones que se suele poner sobre la mesa sobre el bando unionista (me niego a llamarle simplemente «constitucionalista», siendo la Constitución un texto que podemos cambiar a nuestro antojo) es que un referendo en Cataluña priva al resto de españoles del derecho a decidir qué es España. Pues bien, eso se soluciona con un referendo a nivel nacional. ¿Por qué no? Es la tan cacareada vía canadiense, más o menos.

Esos partidos se niegan a consultar al pueblo español; y se equivocan (por no decir otra cosa) al decir que la constitución prohibiría una consulta así por dos razones: a) la pregunta puede venir justamente con una reforma constitucional que explícitamente lo contemple o, en su caso, haber realizado previamente la reforma constitucional para ese fin; b) el gobierno puede convocar referendos consultivos casi para cualquier cosa que se le ocurra. Con lo que el principal problema (esto es algo que debe decidir toda España) se soluciona preguntando a toda España, no prohibiendo la consulta en Cataluña.

Las independencias se conquistan… o no

Por otra parte, el gobierno catalán y los partidos que le apoyan en este camino obvian una realidad jurídica pero no se atreven a separarse de ella del todo. No se atreven a declarar la independencia unilateralmente, no se atreven a poner desde un primer momento los textos y debatirlos (por eso hacen «trampas» como meter el texto a última hora para que se apruebe el mismo día sin debate real) y no se atreven, en definitiva, a las consecuencias de una independencia. Mienten cuando dicen que la comunidad internacional les apoya (hay países que sí, claro, siempre los hay), se equivocan si creen que tendrán un pacto inmediato con la zona Euro para usar esa moneda o que entrarán, sin más, en la ONU. Nada de eso es fácil cuando hay una confrontación con el país del que te independizas.

Se equivocan cuando dicen que porque el Parlamento catalán lo apruebe ellos ya tienen plena legitimidad, entre otras cosas porque dicho parlamento está sometido, por un lado, a la Constitución española y, por otro, al Estatuto de Autonomía; ninguna de las dos normas les permite hacer nada de lo que están haciendo. Que lo digan, que reconozcan esto y que demuestre que luchan con todo por la independencia. Pero es un poco como ese del gobierno que dijo que estaba dispuesto hasta ir a la cárcel, pero que su patrimonio ni se lo tocaran. Muchos están así, lanzan la piedra pero esconden la mano.

En gran medida, el referendo, como se está haciendo, no es más que una excusa para poder proclamar la independencia. Por eso uno de los mandamases de ERC salió diciendo que no les importaba la participación (los últimos referendos en España han tenido muy poca, por cierto), que si ganaba el «Sí», proclamaban la independencia; teniendo en cuenta que el bando del «No» se niega a participar, lo más posible (y previsible) es una victoria amplia del «Sí» con poca participación (aunque mayor que la del procés de participació ciutadana sobre el futur polític de Catalunya de 9 de noviembre de 2014).

¿Hacia un Estado federal plurinacional?

Una reivindicación histórica de varias izquierdas españolas (desde el PCE hasta muchos del PSOE y sus partidos federados) es una federación española (incluso confederación ibérica, con inclusión de Portugal); no, no es lo mismo que el Estado Autonómico, superado con creces por una realidad.

Desde diversos nacionalismos españolistas se suele asegurar que España es lo que los españoles quieren que sea, pero la verdad es que desde hace 39 años que nadie pregunta, y la España de hoy no es la de hace casi cuarenta años, para lo bueno y para lo malo.

Evidentemente, ese no es el camino de los independentistas, ni de los unionistas, ¿de quién entonces?, ¿tiene suficiente poder y mayoría para dejar de ser simplemente un discurso?

Para acabar

En fin, les dejo un artículo algo más profundo escrito hace un par de años: «Cataluña: la tibia amenaza de un futuro independiente».