Uno de los temas centrales del actual debate político, dejando a un lado la crisis y el devastador nivel de parados, es el que se está dando en torno a los servicios públicos. Hace un par de semanas pasado hubo una importante manifestación liderada por CGT en defensa de los servicios públicos, y lo mismo persigue la larga y dura huelga del profesorado madrileño. Los dos candidatos principales a las elecciones que se celebraron el día 20 insistían mucho en el tema, y ambos afirmaban, en contra de las acusaciones del contrario, que no iban a tocar los servicios públicos esenciales, pensiones, sanidad y educación. De atención a la dependencia hablan mucho menos, pero podemos incluirla por aquello de que era la cuarta pata del Estado del bienestar según Zapatero. El problema es que no se entra a fondo en el problema de lo que debe definir un servicio público.

Quienes más claro desvelan cuál es el fondo del problema son posiblemente las personas del Partido Popular. Insisten una vez tras otra en algo que vienen diciendo desde hace tiempo: un servicio público es aquel que es universal y gratuito. Lo de universal está claro, pero lo de gratuito no lo está tanto, puesto que alguien tiene que costearlo; el modelo actual es más bien un modelo de reparto imperfecto: entre todos pagamos los costes de los servicios públicos a través de los impuestos, con mayor peso de los indirectos que son menos solidarios por ser menos progresivos. A lo que se refieren con la gratuidad, por tanto, es al hecho clara e inmediatamente perceptible por los usuarios de que no pago nada cuando hago uso de ese servicio. En algunos, como el transporte público, hay un co-pago, la tarifa reducida que se abona al usarlo. Pasadas las elecciones podemos ver a la gente de CIU proponiendo ya pagar algo del precio de las recetas.

No hay grandes problemas en aceptar en que esos dos rasgos definen un servicio público al menos como condición necesaria, pero desde luego no son condición suficiente, hace falta algo más, lo esencial: quién, cómo y para qué los gestiona. La gente del Partido Popular lo tiene claro al afirmar que no es cuestión relevante definir quiénes son los gestores, al menos desde el punto de vista del carácter público del servicio. No es de extrañar, por tanto, que consideren que pueden estar gestionados por la empresa privada. Es más, como demuestra la práctica de la ideóloga más radical del PP, Esperanza Aguirre, estarán mejor gestionados por la empresa privada que por la estrictamente pública. Esta última se caracteriza, sobre todo, por la ineficiencia, el despilfarro, el clientelismo político y por la indolencia de sus trabajadores, en especial los funcionarios. La primera es más eficaz (sin definir bien de qué eficacia están hablando) y, sobre todo, le cuesta menos a las arcas públicas, lo que permite bajar impuestos, medida muy popular.

Como ya he dicho aquí en varias ocasiones, desde una óptica anarquista podemos ser más sensibles a los argumentos fundamentales esgrimidos por la derecha en su campaña contra los servicios públicos. Siguiendo la crítica que ya realizó Proudhon cuando el Estado empezaba a crecer, la generalización de los servicios sociales a cargo del Estado tiene tres aspectos sumamente negativos: la aparición de una potente maquinaria burocrática que se hace cargo del control de nuestras vidas; la pasividad y dependencia que genera en los beneficiarios de esos servicios; la proliferación de los funcionarios públicos y el peculiar estilo de trabajo que les caracteriza. La derecha de toda la vida, y la más reciente procedente de una socialdemocracia cada vez más diluida, suele destacar estas carencias para justificar su políticas más o menos neo-liberales.

Admitido esto, no cabe la menor duda de que es imprescindible defender un sector público desde una visión libertaria de la sociedad. Y por eso resulta muy importante dejar claro un discurso anarquista alternativo y diferenciador. El primer rasgo diferenciador de un genuino sector público es tener como objetivo prioritario, casi exclusivo, el beneficio del conjunto de la sociedad, satisfaciendo adecuadamente las necesidades de la población. A eso hay que unir el objetivo de una gestión eficaz que controle el gasto, y también el clientelismo y el amiguismo. El segundo rasgo es el de la participación activa de los interesados en la gestión del sector público, pues es esta participación la que garantiza el objetivo anterior y el siguiente. Sólo avanzando en dicha participación lograremos que se cumpla el objetivo anterior. Se trata de promover la autogestión completa: que todas las personas que trabajan en un sector público participen de hecho y activamente en la organización del mismo, pero que también lo hagan los usuarios de los servicios y productos generados por dicho sector. Un tercer y último rasgo es el de la transparencia absoluta en la gestión y la rendición de cuentas.

Lo malo del actual debate, amparado además en el uso torticero y fraudulento de la crisis, es que no sólo se están recortando efectivamente los servicios públicos incluso en el sentido de gratuidad y universalidad que mencionaba al principio, sino que se está provocando la privatización de su gestión, con lo que nos alejamos todavía más de los requisitos mínimos de una gestión libertaria de lo público.

Entregados los servicios públicos a la gestión privada lo que resultará más dañado, con consecuencias muy negativas para la población en general son justo esos tres rasgos que mencionaba antes. El beneficio privado y la mercantilización de los satisfactores de las necesidades humanas básicas tendrán prioridad absoluta. La única participación tolerada a los usuarios será la de elegir quién les da la prestación, pero no en absoluto el tipo de prestación ni la calidad de la misma. Por último se incrementará la opacidad de todo el sistema favoreciendo el medro y los abusos.

Es en esa línea en la que tenemos que movilizarnos para defender los servicios públicos. Nunca menos que eso. La pura apelación a permanencia de los servicios públicos termina ocultando lo que está realmente en juego. Por eso debemos enriquecer nuestra crítica.

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