por Roberto López Sánchez

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz ha dado un paso muy valiente al desmarcarse de las sentencias dictadas por el TSJ que anulan las funciones de la Asamblea Nacional y las delega en el mismo Tribunal Supremo. Al denominar a dichas sentencias como una “ruptura del orden constitucional”, la Fiscal eleva al máximo la temperatura de la grave crisis política que ya veníamos atravesando.

La Fiscal llama a que se debata en forma democrática y respetando las diferencias. Hay que tomar en cuenta que Luisa Ortega Díaz es chavista, funcionaria que se mantuvo en la total confianza del presidente Chávez, y que sobre ella no pesa acusación alguna de corrupción o manejos irregulares en las responsabilidades institucionales que ha tenido en este proceso revolucionario. Por ello, su llamado a debatir democráticamente y sobre la base del respeto a las diferencias es un cuestionamiento directo contra Maduro y toda la cúpula del PSUV que han aplastado todo tipo de disidencia interna, sin respetar ninguna instancia de debate democrático. Mientras simultáneamente han mantenido desde hace más de tres años un debate permanente con los más altos representantes del imperialismo yanqui (Kerry, Shannon, Obama, y ahora se supone que se reúnen con emisarios de Trump, al que Maduro llama “camarada”) y una apertura económica directa con las grandes multinacionales mineras y petroleras (Gold Reserve, Barrick Gold) y con lo más granado de la burguesía tradicional venezolana (Cisneros, Vollmer, Dorado y el propio Lorenzo Mendoza).

La Fiscal se desmarca de una sentencia que anula uno de los principales poderes del Estado Republicano consagrado en la Constitución del 99, pues la Asamblea Nacional es un poder electo democráticamente por el pueblo, mientras que el TSJ es un poder designado por la propia AN y lamentablemente no está sujeta su designación al voto popular.

Al argumentar el TSJ que la AN está en desacato, debería proceder a anular también las funciones de otros poderes públicos que están desde hace tiempo en abierto desacato a las normas constitucionales fundamentales. Comenzando por el Consejo Nacional Electoral, que está en desacato por no haber realizado en 2016 las elecciones de gobernadores regionales que correspondían por mandato constitucional. El Banco Central de Venezuela, que está en desacato al no publicar desde 2015 datos sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas (art. 319 CRBV). El propio Poder Ejecutivo que está en desacato al dejar de cumplir derechos consagrados en la constitución como fijar un salario mínimo que tenga como referencia el costo de la canasta básica (art. 91 CRBV).

Y hasta el mismo TSJ se encuentra en desacato al no responder en los lapsos previstos en la ley los recursos judiciales introducidos por Marea Socialista referidos a la negativa del CNE a permitir su inscripción como partido político. Si seguimos el razonamiento del TSJ, habría que disolver todos los poderes públicos, los cuales hoy están en desacato y no cumplen sus obligaciones fijadas en la Constitución y las leyes del país.

El gobierno de Maduro ha suspendido la ejecución de la Constitución Bolivariana, y ejecuta un gobierno de facto sustentado en una alianza económica y política que vincula tanto a la cúpula de las fuerzas armadas (que ahora participan directamente en el control del negocio petrolero y minero) como a grandes multinacionales (gringas, europeas, rusas y chinas) y grandes empresarios del rancio abolengo criollo. Si eso se le quiere llamar Socialismo, es simplemente un caradurismo de Maduro que se burla del pensamiento de Hugo Chávez y bota a la basura el Plan de la Patria que nos dejara el comandante como legado.

Al gobierno de facto se suma el paquete económico de ajuste neoliberal “oculto” que ha implementado Maduro en estos cuatro años, permitiendo una inflación sin control que ha derrumbado al subsuelo el poder de compra de salarios y pensiones de la clase trabajadora, sólo para satisfacer el apetito voraz de las mafias financieras que se han enriquecido con el manejo fraudulento del absurdo sistema cambiario que mantiene Maduro a costa de los peores daños sufridos por el pueblo venezolano en el último siglo.

Maduro ha pervertido la palabra socialismo y la palabra revolución. En su boca, no significan nada bueno para los trabajadores venezolanos. Superar la presente crisis política que amenaza con terminar de hundir lo que fuera el proceso revolucionario bolivariano que desarrolló Chávez durante 14 años, pasa por organizar una nueva referencia revolucionaria que actúe de inmediato e impida que una caída del gobierno de Maduro o del burócrata que lo pueda sustituir eventualmente, le abra la puerta a la derecha para que asuman plenamente la conducción de la nación. Sacar del poder a Maduro y su pandilla, por medios pacíficos, democráticos y constitucionales, para evitar que sea la derecha la que expulse a Maduro del poder y termine de aplastar a las fuerzas populares, es la tarea inmediata a realizar por los revolucionarios en Venezuela.

Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 31 de marzo de 2017.