Acompañado por los principales medios de comunicación del país el gobierno de Macri intenta ocultar su política de vulnerar los derechos de los trabajadores, jubilados y sectores más vulnerables de la población. Denunciamos que detrás de su intensa campaña para intentar hacer aparecer como «violentos» a quienes enfrentaron la represión policial el pasado lunes 18 de Diciembre, lo que se pretende esconder es el terrible robo perpetrado contra 17 millones de argentinos beneficiarios de una jubilación o de la AUH, cumpliendo los mandatos de las multinacionales y el FMI.

El gobierno demoniza a las organizaciones que legítimamente protestamos, mostrando como violentos desaforados a compañeros como Sebastián Romero, a quien explícitamente respaldamos frente a la sucia campaña de la que es víctima. En realidad en una ciudad militarizada, todos los manifestantes sufrimos durante horas gases lacrimógenos tóxicos, balas de goma, ataques de camiones hidrantes, a manos de una fuerza policial con órdenes de descargar toda su brutalidad contra el pueblo. Así ocultan que las fuerzas represivas disparaban a la cara de los manifestantes. Posteriormente desataron una cacería en el centro de la ciudad, con más de 130 detenidos sobre los que pesan imputaciones penales graves, como forma de amedrentamiento.

Para frenar la movilización popular también el gobierno reprimió el cacerolazo espontáneo de miles y miles por la noche del 18. Macri ha lanzado un ataque contra una jueza por limitarse a dictar un fallo estrictamente ajustado en lo legal, que prohíbe el uso de municiones de plomo para reprimir movilizaciones. El Gobierno Nacional ha implantado un verdadero estado de excepción, suspendiendo de hecho las garantías constitucionales sin declarar el Estado de Sitio.
En el día de ayer, 20 de diciembre, han sido brutalmente reprimidos los trabajadores del ingenio la Esperanza de Jujuy y se desató una cacería con más de 50 detenciones. También se reprimió en Formosa, y en Río Negro y Luján hubo numerosas detenciones.

Los asesinatos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, las violentas represiones a la protesta social en las provincias, las detenciones a los manifestantes contra la OMC, la brutal represión a la manifestación de los movimientos sociales el 13/12, contra los trabajadores que protestaban el 14 de diciembre primero en La Plata y luego frente al Congreso Nacional, demuestran que el gobierno nacional y la inmensa mayoría de los gobernadores están dispuestos a imponer su ajuste violando todas las garantías democráticas si es necesario.

Basta de escalada represiva contra la protesta social!
Abajo el Estado de excepción!
Inmediata libertad a los detenidos y cierre de todas las causas contra todos los detenidos en las marchas de la última semana
Basta de persecución y cese de la orden de detención contra el compañero Sebastián Romero
Fuera Patricia Bullrich y todo su gabinete
Llamamos a todas las organizaciones y personalidades que defienden los derechos democráticos de nuestro pueblo a pronunciarse y movilizarse en defensa de estos reclamos, consientes de que su defensa es fundamental para evitar que este gobierno siga intentando convertir a nuestro país en un territorio ocupado por fuerzas represivas cuyo único objetivo es hacer pasar un plan de ajuste al servicio de las multinacionales y el FMI.