por Pedro Cazes Camarero

El gobierno conservador argentino de Mauricio Macri festejó su segundo cumpleaños con una victoria en las elecciones legislativas de 2017. Aprovechó tal legitimación para lanzar una oleada de medidas durísimas. Centenares de cierres de empresas con decenas de miles de empleados cesantes ya habían desencadenado a lo largo de los meses previos numerosas movilizaciones de repudio. Y más atrás, durante los primeros meses de su administración, las decisiones destinadas a producir gigantescas transferencias de riquezas desde los asalariados a los grandes capitalistas habían convocado manifestaciones protagonizadas cada una por varios centenares de miles de personas, las cuales no lograron sin embargo revertir el avance del ajuste neoliberal. Ahora, la decisión post- electoral de impulsar ante el parlamento una ley destinada a recortar el monto de las jubilaciones y aumentar la edad de retiro, entre otras iniciativas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, desencadenó dos enormes movilizaciones sucesivas los días 14 y 18 de diciembre de 2017.

La extraordinaria manifestación del día 14 frente al Congreso de la Nación, denigrada por la enorme mayoría de los medios (encolumnados tras el monopolio «Clarín» y los canales oficiales de radio y televisión), forzó el levantamiento de la sesión legislativa y obtuvo la primera derrota táctica sobre el gobierno de derecha desde su instauración en diciembre de 2015. Es imposible exagerar la importancia de este hecho. El lunes 18 otra enorme movilización de trescientas mil personas se reunió en el mismo lugar, pero esta vez no logró impedir que los parlamentarios votaran favorablemente la iniciativa, pese a que el oficialismo se hallaba en franca minoría. Esto se debió a que los gobernadores y legisladores de la oposición accedieron a un vergonzoso soborno, pero también a la descarada traición de los líderes sindicales, quienes levantaron una huelga general convocada para ese día y llamaron a la desmovilización. La cadena oligopólica de medios desplegó una campaña de temor, y las fuerzas represivas, ya empleadas duramente contra las masas el jueves 14, volvieron a ser utilizadas en gran escala, incluyendo grupos de provocadores de civil que alternaron la producción de destrozos en plazas y negocios, con la detención arbitraria de manifestantes a lo largo de toda la jornada. También fueron agredidos, heridos e incluso detenidos periodistas y legisladores de la oposición. Por la noche se desencadenó otro clásico argentino: miles de hogueras y cacerolazos poblaron los barrios periféricos de la ciudad. La clase media se plegó a la lucha, como en diciembre de 2001, y la policía disolvió con violencia las columnas que comenzaron a marchar hacia el Congreso nacional.

En los dos meses transcurridos desde entonces los despidos, las movilizaciones defensivas, la represión feroz y las detenciones no dejaron de crecer. Podemos mencionar como ejemplo los sucesos acaecidos en el ingenio La Esperanza de Jujuy, con cuatrocientos despidos y decenas de heridos (muchos dirigentes sindicales) el 20 de diciembre de 2017 y la represión a los jubilados, docentes y estatales de la provincia de Santa Cruz el 29 del mismo mes. Los mineros del carbón de Río Turbio, los empleados del Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y los profesionales del Hospital Nacional Posadas fueron también víctimas de cesantías y represión durante las últimas semanas de enero y comienzos de febrero de 2018.

Es importante recalcar que la feroz acción de las fuerzas de seguridad no fue debida a un descontrol de la gendarmería, la policía o la prefectura, sino una decisión política del gobierno nacional a la que adhirieron los gobiernos provinciales tanto oficialistas como de la oposición. También una parte de la opinión de los sectores medios apoya el ataque físico a las protestas, e incluso excusan los asesinatos de activistas por los derechos de los pueblos originarios, como Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, acaecidos durante los últimos meses de 2017. Paradójicamente, muchos de los jubilados votantes a Mauricio Macri que aplauden la barbarie represiva son hoy las primeras víctimas de sus políticas. Este agravamiento no es coyuntural, sino un viraje en la doctrina gubernamental explicitado por la ministra Patricia Bullrich: la versión policíaca de los hechos será defendida oficialmente como la única válida.

Estas decisiones del Ejecutivo son manifiestamente inconstitucionales. La violación de la Constitución Nacional por parte de la administración resulta permanente desde poco después de asumir, cuando intentó incorporar por decreto nuevos miembros a la Corte Suprema de Justicia. El presidente Macri reiteró ante los medios que exigía que el Poder Judicial se doblegase ante sus designios y extorsionó y amenazó a quienes trataban de fallar conforme a derecho. Obligó a jubilarse a la Procuradora General de la Nación y separó de sus cargos mediante artimañas a jueces y fiscales que no le eran adictos. El poder Judicial argentino, a imagen y semejanza del estadounidense, fue creado, organizado y constituido con la finalidad de impedir que prevalezca políticamente la voluntad democrática de las mayorías populares; es la garantía institucional de la derecha propietaria de que jamás su voluntad será desafiada. Pero hasta ahora, salvo los frecuentes lapsos de interrupción institucional provocados por las sucesivas dictaduras, siempre se habían guardado las formas. La actual Corte Suprema y los tribunales de alzada, de garantes de la Constitución se han constituido directamente en el blindaje arbitrario de la violación expresa de la legislación todavía vigente y en cómplices explícitos de un ejecutivo nacido legítimamente de elecciones, pero lanzado hoy a una loca carrera de arbitrariedades manifiestas. El tipo penal de «asociación ilícita» y la institución de la «prisión preventiva por peligrosidad», empleados a mansalva, permiten la detención sin límite ni control de cualquier opositor; por ejemplo, de miembros del gobierno anterior, pero ante todo, de los luchadores populares que lideran los movimientos de resistencia.

El 11 de enero de 2018 el presidente Macri promulgó, violando nuevamente la Constitución Nacional tanto en procedimientos como en contenido, un asombroso «Decreto de Necesidad y Urgencia», el cual derogaba diecinueve leyes y decretos y modificaba otros ciento cuarenta. Reconoce el texto que su contenido fue recomendado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Disminuye el monto de las multas a las empresas con trabajadores en negro, habilita a los bancos a embargar los salarios de los trabajadores, deroga o modifica leyes de política sanitaria, sociedades comerciales, registros públicos, fomento de la pequeña y mediana empresa, actividades portuarias, asociación civil, tránsito y seguridad vial, sistema métrico, marcas, patentes, energía, obras de arte, promoción del trabajo, administración de bienes del Estado, seguros y actividad financiera. El artículo 99 de la Constitución prohíbe al Poder Ejecutivo modificar leyes tributarias y penales. Para evitar que el engendro sea fulminado por su inconstitucionalidad, Macri ahora lo envió a las cámaras. Los antecedentes permiten prever un tratamiento benevolente por parte del Parlamento, pero para éste resulta de difícil digestión.

Debido a la experiencia del 18 de diciembre pasado, el ejecutivo hizo una pausa en su embestida estratégica respecto de otra iniciativa que le quita el sueño, una ley para normatizar el trabajo y la sindicalización según el modelo de la dictadura brasileña. Puede contar con la complicidad de gran parte de la dirigencia sindical traidora que encabeza la CGT. Pero ya se vio que las movilizaciones masivas son bastante independientes de los burócratas y la noche del 18 de diciembre de 2017 se pareció excesivamente a la del 19 al 20 de diciembre de 2001, vísperas del fallecimiento político del presidente de la Rúa y de su fuga en helicóptero de la Casa de Gobierno, bajo una lluvia de maldiciones de una incontable multitud airada. Los neoliberales todavía estudian la manera de imponer sus monstruosas invenciones sin tales consecuencias apocalípticas. Está por verse cómo podrán lograrlo.

Aunque el gobierno argentino afirma que la inflación es su principal enemigo económico, en la práctica constituye un dispositivo apropiado para reducir los salarios y jubilaciones reales, limitando su indexación. El horizonte de 15 puntos anuales constituye una expresión de deseos que ya está superada por los aumentos de los servicios básicos; ni hablar respecto de los gastos corrientes de las familias en alimentación, alquileres, salud y educación. Para el gobierno, el desiderátum sería eliminar las conversaciones paritarias con los gremios, pero entretanto trata de negociar con los dirigentes sindicales cómplices un aumento de salarios mucho menor que los índices de inflación. El creciente desempleo ya ronda el quince por ciento de la fuerza laboral, pero para los jóvenes menores de treinta años se eleva al cuarenta y cinco por ciento. Semejante ejército de parados empuja hacia abajo las expectativas de aumentos salariales porque es un fuerte disciplinador social, pero las previsiones gubernamentales suelen no contemplar las tradiciones combativas de la mayoría de los gremios argentinos, por más pro- patronales que sean sus dirigentes.

Además de los enfrentamientos con los sectores populares, el macrismo exhibe problemas endógenos muy complicados. Además de las contradicciones obvias entre los exportadores de granos que exigen una cotización del dólar lo más elevada posible, y los importadores de mercancías y los banqueros que piden mantener la equivalencia, existen problemas estructurales mucho más graves. Financieramente, la actual bicicleta que permite comprar dólares baratos incorporados fugazmente al mercado argentino debido a la elevada tasa fijada para los bonos en moneda extranjera, sólo puede durar en tanto los compradores de éstos acepten el creciente riesgo de una cesación de pagos. El límite empírico de la época de la defenestración de de la Rúa en 2001, unos ciento setenta mil millones de dólares, si el ritmo actual de endeudamiento se mantiene constante, se alcanzaría a fines de este año 2018. En tanto, las expectativas de inversiones extranjeras de carácter estratégico son muy reducidas, porque el mercado interno de un modelo como el macrista, con sueldos muy bajos y gran desocupación, no sólo no crece sino que resulta sumamente conflictivo porque se basa exclusivamente en la extracción de plusvalía absoluta; en otras palabras, nadie apuesta a obtener ganancias en base a una reducción forzada del «trabajo necesario» (salarios, jubilaciones, etc.) porque socialmente éste es un parámetro y no una variable. Para forzar a largo plazo una reducción de salarios resulta necesaria una derrota histórica de carácter militar del movimiento de masas, como la producida en España al cabo de la guerra civil, lo cual dista de ocurrir en la Argentina.

Debido a la inexistencia de liderazgos políticos de masas, puede preverse que por varios meses las luchas sociales serán de carácter exclusivamente defensivo frente a las duras iniciativas macristas (en especial el proyecto de liquidación sindical a la brasilera). Estas luchas convergirán con la crisis del proyecto macrista de crecimiento a través de inversiones externas que nunca se producirán. Una economía estancada y en cesación de pagos estimulará la fuga masiva de capitales argentinos y extranjeros hacia horizontes más seguros justo en el momento en que la resistencia social y sindical se deslice hacia la política. Mientras en el recipiente social argentino aumenta la presión, conviene recordar que la experiencia histórica del último medio siglo (desde el Cordobazo y el Rosariazo de 1969 hasta las jornadas porteñas del 19 y 20 de diciembre de 2001) muestra una propensión a los estallidos insurreccionales, potenciados por el tapón represivo. Diciembre de 2018 podría resultar un mes fatídico. Hace 17 años, el ex presidente radical de la Rúa se fugó en helicóptero después de sembrar con medio centenar de muertos las calles de las ciudades argentinas. El actual gobierno ha dejado en claro que está dispuesto a imponer sus designios a través de un baño de sangre si es preciso. El ex juez de la Corte Suprema argentina Raúl Zaffaroni ha advertido que una administración en crisis y acorralada podría, antes de derrumbarse, cometer muchas barbaridades.

Las clases dominantes argentinas no ignoran todo esto. Aprovechan la oportunidad ofrecida por Macri para llenarse los bolsillos, pero ya comienzan a planear alternativas para el caso de naufragio. El peronismo nació en 1945 como una alianza de la clase obrera con la burguesía industrialista y desarrollista que se apoyó ante todo, políticamente, en una alianza de partidos conservadores de provincias con el laborismo. Las crisis económico- políticas del capitalismo argentino de 1973, 1989 y 2001 tuvieron reiteradamente al peronismo, de muy variadas maneras, como respuesta política. La más cercana, entre 2001 y 2003, mostró una descomposición general del sistema. El gobierno de Néstor y Cristina Kirchner constituyó la respuesta al «que se vayan todos» entonado por las masivas manifestaciones. Las medidas reparatorias aplicadas de 2003 hasta 2015 (reconstrucción del aparato productivo y de la institucionalidad republicana), fueron toleradas por el gran capital atemorizado por el auge del movimiento de masas, pero revertidas en cuanto se pudo por sus representantes de la actual administración. De la misma manera que el gobierno de Perón entre 1945 y 1955, el kirchnerismo gobernante no tocó la estructura de base del capitalismo argentino. Ello fue la base de la reiteración de las crisis económicas y de sus correlatos políticos.

Ahora, los periódicos y canales televisivos exhiben y comentan con simpatía las reuniones de las distintas fracciones peronistas, incluyendo el kirchnerismo, realizadas a fin de ofrecer durante los próximos meses una alternativa al macrismo que resulte razonable para el sistema. La idea secreta consiste en que, si el relevo logra realizarse ordenadamente, antes de que la sangre llegue al río, gran parte de las reaccionarias «reformas» efectuadas por Macri puedan quedar en pie, después de un cambio de administración.

Finalmente, es preciso contar con el contexto internacional que resulta bastante ominoso. La bicicleta con el dólar, que financia el actual gobierno argentino a través de un endeudamiento pasmoso con el exterior, depende del mantenimiento de un dólar barato en el mercado internacional, que puede revertirse en cualquier momento por una decisión relativamente menor de la Reserva Federal en el sentido de aumentar la tasa de interés de los bonos americanos. Además, el panorama se ensombrece mucho más debido a los generalizados pronósticos acerca de temporales mayores, al estilo del iniciado en el año 2008. Un suceso de esta índole resultaría catastrófico para el fragilizado capitalismo argentino.

Resumen: La sistemática aplicación de medidas neoliberales por parte del gobierno conservador de Mauricio Macri se ha visto facilitada por la complicidad de la burocracia sindical y de la oposición en el parlamento, pero ha requerido también un dramático aumento de la represión de la resistencia popular y en la violación de las leyes y la Constitución. Para fines de 2018 puede preverse la convergencia de crecientes movilizaciones de masas con la crisis del proyecto macrista debido a sus contradicciones internas y el empeoramiento de las condiciones internacionales, generando el peligro de creciente autoritarismo y una represión encarnizada como respuesta irracional a la crisis.