por José María Rodríguez Arias

Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente constitucional de Perú tras asumir el cargo cuando dimitió Pedro Pablo Kuczynski, presentó una Cuestión de Confianza junto con el proyecto que reformaba el procedimiento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional; el Congreso de la República pasó tanto de la cuestión como del proyecto y siguió tramitando los nombramientos (produciéndose uno de ellos); el presidente de la república entendió que esta era una forma de «rechazo tácito» de la cuestión de confianza planteada y, por tanto, al cumplirse dos cuestiones denegadas (el Presidente ha presentado tres, una se votó a favor, otra en contra y esta no se votó realmente), Vizcarra se sintió legitimado por el art. 134.º de la Constitución Política del Perú para disolver el Congreso de la República y llamar elecciones para este órgano (institución, cabe recordar, de las más rechazadas por la ciudadanía).

El gobierno de Vizcarra deseaban el adelanto de las elecciones; el 28 de julio anunciaron un proyecto de reforma constitucional en este sentido (para permitir un adelanto electoral ad hoc), el cual fue archivado por la comisión de Constitución sin demasiado debate. El enfrentamiento del gobierno y la mayoría parlamentaria fujimorista era permanente, llegando a un punto absurdo cuando el Congreso adelanta su sesión para poder votar el nombramiento de un miembro del TC sin que el gobierno pudiera defender el proyecto planteado con la cuestión de confianza (este hecho acarreó la protesta de parte de los congresistas).

El Congreso de la República, controlado por fuerzas opositoras al gobierno (aunque en crisis interna también), consideró que el presidente Vizcarra se ha extralimitado (además, aprobó la cuestión de confianza… pero no cumplió la Constitución al no darle prioridad) y votó la moción n.º 10651 en la que se proponía la declaración de incapacidad temporal del Presidente de la República, la cual salió adelante con 84 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones (los favorables al presidente en este asunto se ausentaron del hemiciclo). El argumento es claro: el presidente ha roto el orden constitucional al disolver el Congreso sin que se produjera la votación sobre la cuestión planteada (con lo que no se da el requisito de dos cuestiones de confianza denegadas). También se votó una moción para vacar al presidente, que se producirá el 4 de octubre tras audiencia del mismo.

Eso sí, teniendo suspendido al presidente, el Congreso votó el nombramiento de la vicepresidenta del Perú, la también congresista y hasta el 15 de agosto oficialista, Mercedes Aráoz Fernández como presidenta encargada del país mientras se dirime la vacancia. La noche del treinta de septiembre se tornaba en un claro choque de poderes. Mercedes Aráoz no votó ni la vacancia ni la suspensión, pero sí estuvo en el Congreso permitiendo, entre otras cosas, el cuórum necesario para que se produjera este esperpento institucional. Aráoz renunció a la bancada oficialista (que, tras una serie de salidas, estuvo a punto de perder incluso el grupo parlamentario, actualmente quedan con cinco miembros). Aráoz atacó duramente a su bancada el día en que renunció a ella diciendo que ya no seguía las políticas de PPK ni respetaba la democracia interna.

En el diario oficial El Peruano se publicó el decreto de disolución del Congreso (decreto supremo 165-2019-PCM), a su vez, el Congreso ha declarado inaplicable dicho decreto supremo mediante la resolución n.º 001-2019-2020-P-CR.

Las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional del Perú se han posicionado al lado de Vizcarra y la disolución del legislativo estatal, con lo que poco recorrido puede tener la presidencia de Aráoz si las armas no la respaldan.

Actualización (2 de octubre)

• Mercedes Rosalba Aráoz Fernández renunció ayer por la tarde a su cargo de segunda vicepresidenta constitucional de la República y, con ello también, al cargo de presidenta encargada durante el periodo de suspensión del actual presidente, Vizcarra, cargo jurado el día antes. Aquí la carta:

• Hoy comienza el espectáculo de Barata en el caso Odebrecht, donde irá desvelando los nombres de los congresistas a quienes dice que su empresa sobornó.