por José María Rodríguez Arias

¿Qué es peor que un Estado de Emergencia declarado para «combatir el crimen organizado y la delincuencia»? Pues ampliar dicho Estado de Emergencia para decretar un toque de queda (inmovilización social) para toda el área metropolitana de Lima y Callao con la finalidad de restringir las movilizaciones de los transportistas. Por supuesto, esto no salió bien. Al punto que, finalmente, se retiró la medida en la tarde del 5 de abril (aunque esto no se publicó). Las protestas se redoblaron, ya no solo la gente del transporte (cuyas manifestaciones cruzan el país), sino de mucha más personas indignadas por el recorte de libertades sin sustento alguno. Una cosa es el confinamiento por temas de salud (el largo periodo por el Covid) y otra cosa es un capricho autoritario del presidente Castillo. Para más inri, un 5 de abril, coincidiendo con el recuerdo del autogolpe de Fujimori de hace 30 años.

Caímos en violencia. Otra vez. La policía reprimió duramente algunas de las manifestaciones, contando la que se dirigía al Congreso (porque este gobierno ha heredado de todos los anteriores el gatillo fácil ante las protestas, es difícil encontrar una protesta de cierta envergadura sin personas asesinadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado). En el resto del país, las manifestaciones y protestas continuaban.

Castillo fue al Congreso a compartir las burradas que andaba decretando, anunció ahí que dejaba sin efecto el toque de queda y responsabilizó al hemiciclo de no debatir sus medidas (es uno de los presidentes con menos normas aprobadas y no es para menos, vive enfrentado con el Congreso). Curiosamente, algunas de las personas de la oposición apoyaban la «inmovilización social» con motivos totalmente clasistas (uno de Renovación Popular declaró: «la información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear lima, bajar de los cerros y saquear la ciudad»; lo peor es que algún ministro del gobierno daba por bueno ese argumento, aunque quitaba la parte clasista). Las justificaciones del gobierno para ampliar el Estado de Emergencia existente se parecían más a matar moscas a cañonazos que a una medida razonable que pueda ser admitida por una ciudadanía ya muy golpeada por la situación actual, donde otro día más de confinamiento no traería nada bueno (ni solucionaría problema alguno).

El Estado de Emergencia decretado a finales de febrero en Lima y Callao para combatir la delincuencia es, simplemente, una muestra de todo lo mal que anda nuestra política interna de seguridad; que dicho Estado de Emergencia se use para «cortar» las protestas que se estaban produciendo es simplemente intolerable. Se habla de vándalos u otros problemas con saqueadores, algo que sí ocurre cuando hay protestas que suben de nivel con la violencia (en gran medida, promovida desde la policía), lo estamos viendo en otras partes del país y lo hemos visto en el pasado (muchas veces, lamentablemente), pero de ahí a que eso justifique una medida tan excepcional como un confinamiento masivo y la propio prohibición de las manifestaciones hay un paso gigantesco que el gobierno no debió dar. Tampoco debió usar el encuadre de un Estado de Emergencia contra el crimen organizado para una medida de este estilo dirigida a un día concreto de protestas.

El primer ministro, que de leyes sabe un rato, insiste en que el Decreto que dejó sin efecto el confinamiento no se publicó porque las normas entran en vigor al día siguiente o después de su publicación con lo que ya habría pasado el tiempo de su aplicación real… en parte es cierto, pero es que no publicarlas hace que NO entren en vigor nunca. En otras palabras, las declaraciones del presidente dejando sin efecto el confinamiento carecen de valor jurídico sin una norma que las sustente y, por supuesto, si no hay publicación, dicha norma no existe. Es importante que se publique aunque no entre en vigencia hasta el día siguiente para que pueda tener efectos retroactivos para cosas tan serias como evitar sanciones por incumplir el toque de queda.

Al menos dos ministros deben dimitir: Alfonso Chávarry Estrada, Ministro del Interior, y José Luis Gavidia, Ministro de Defensa. El primero porque su visión es la represiva y es quien ha promovido todo esto o, como poco, se ha prestado a que la policía nacional emitiera el informe a altas horas de la noche que permitía al gobierno justificar el confinamiento. Además, ha demostrado que su dirección de la seguridad interna se salda con muertos en protestas. Y el segundo por no oponerse frontalmente al uso del ejército en el interior del país. Además, debemos de dejar de usar policías y exmilitares para las direcciones de las carteras ministeriales, por favor. Junto con ellos, debería dimitir el jefe de la policía (el 6 de abril la PNP sacó un comunicado apoyando el confinamiento durante el 5 de abril, pedido para impedir saqueos).

Se está hablando mucho del tema de si se iban a producir saqueos en Lima o no, pero la verdad es que eso nunca ha sido suficiente para detener una ciudad entera mediante un confinamiento. No se puede tomar tal medida ante algo relativamente menor (protección de la propiedad privada en zonas muy limitadas y controlables). Además, ¿por qué Lima sí se confina y no las ciudades y zonas con más conflicto en este momento? De todas formas, en el mensaje a la nación de Castillo (lleno de su machismo habitual, porque hay trabajadores por un lado y madres por otro), habló de restituir el acceso de la capital, lo que no tiene demasiado sentido con respecto a cerrar toda la urbe.

Por supuesto, muchas de las protestas contra el gobierno, azuzadas por las derechas del país, tenían el elemento clasista y represivo (nota especial para esas caceroladas donde el personal de servicio doméstico era el que golpeaba las ollas mientras la patrona del a casa filmaba la acción, lo peor es que nos lo dan en la televisión y aparecen las fotos en los periódicos como gran éxito de la lucha popular contra el gobierno), además de racista (el insulto fácil contra Castillo y muchos de los ministros, pero no deja de ser racismo). Ahora, eso se produce por la mala acción del gobierno, que les deja en bandeja la reacción comprensible y lógica a las derechas (esto es, protestar contra una medida absurda).

(Muchas de las cosas que piden los transportistas deberían ser inasumibles por el Estado, como el tema de la Sutrán, pero seamos sinceros, Castillo se metió en el problema cuando demagógicamente prometió quitar la Sutrán, entre otras medidas para ganarse el voto de los transportistas informales. La idea no debe ser favorecer el trabajo informal que trae consigo explotación y condiciones poco dignas, debe ir por dignificar las prácticas laborales y ello pasa por una buena regulación y control de la misma, no lo contrario).

Hoy, los sindicatos mayoritarios tienen previsto una jornada de lucha nacional.