por Lupita Rodriguez Gutiérrez
La situación mexicana es desconocida por gran parte de América Latina y no parece ser casualidad. La cercanía que emparenta sólo de forma superficial su situación con la norteamericana, aleja de nuestro ideario el reconocimiento económico y político que compartimos regional y culturalmente. Esto va de la mano de la intención de Estados Unidos de seguir contribuyendo a mejorar la imagen exterior de México, mostrándolo como un país con políticas inclusivas en torno a la migración, su cosmopolitismo, el turismo y su aparente estabilidad económica. De esta manera, buscan ocultar todo lo referente tanto a la violación de los derechos humanos (denuncia que inclusive la ONU realizó ante las primeras noticias del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y que luego debió retractar ante las demandas del gobierno federal) y la crisis política que se vive en todo el país, como a la fuerte devaluación y caída del consumo, producto de la caída del precio del barril de petróleo.
El asesinato de la Alcaldesa de Temixco a comienzos de 2016 se convirtió en un llamado de atención para la población de Morelos (Estado lindante con la Ciudad de México) aunque no una novedad. En 2011, el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, desató un proceso masivo de indignación nacional conocido como la Marcha de la Paz que logró aglutinar a la población bajo una consigna universal y en contra del gobierno del panista Felipe Calderón. Sin embargo, la violencia continuó, la alianza entre el Estado y el crimen organizado se acentuó más aún con la llegada del PRI una vez más al gobierno federal, de la mano del actual presidente Enrique Peña Nieto. Hasta ahora, las cifras oficiales que brinda la Procuración General de la República de personas «no localizadas» (esa es la denominación estatal utilizada) gira en torno a los 30.000, pero la inexactitud de los datos y de las razones de las desapariciones, genera más dudas y sospechas: ¿Sólo se trata de víctimas del crimen organizado?
Hacia fines de 2015, en el mismo Estado de Morelos, se localizaban por primera vez fosas clandestinas e ilegales que le pertenecían a la fiscalía provincial. Aquello no genera incertidumbres, sino más bien pruebas irrefutables de un Estado que atenta de manera salvaje contra los derechos humanos de su población. El propio Tribunal Permanente de los Pueblos, en Noviembre de 2014, a propósito de la evaluación del impacto ambiental y social de los tratados de libre comercio, las denuncias de violaciones a los derechos de todo tipo, la situación de los migrantes centroamericanos entregados en forma de mercancía a los cárteles y por supuesto del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, declaró: «En ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado».
Ayer en Cuernavaca (Morelos) una movilización encabezada por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, reunió a más de 20 mil estudiantes, profesores, trabajadores, madres e hijos, padres y tíos que reclamaban al gobernador Graco Ramírez no sólo las promesas concernientes al presupuesto universitario, sino la revocación de su mandato, y por sobre todas las cosas la denuncia de las desapariciones y muertes, que solamente en este enero pasado ya son más de 40. En estas condiciones, desde ayer y durante los próximos 15 días, el rector junto a otros participan de un plantón que exigirá el cumplimiento irrevocable de estas demandas, constituyéndose en un bastión fundacional de la lucha que el pueblo mexicano debe comenzar a dar en busca no sólo de combatir el terrorismo narco-Estatal que está sufriendo, sino también con el fin de refundar las bases de una nueva forma de organización político, social y cultural.
En relación a esto último en el día de hoy, un acto realizado al pie del Monumento a la Revolución, en la ciudad de México, convocó a miles de representantes de organizaciones de los diferentes Estados, que reunidos en torno a la voluntad de formar una nueva constitución ciudadana y popular, escucharon los fundamentos ético-políticos, resultado del trabajo que comunidades, facilitadores, campesinos, trabajadores y estudiantes realizaron en el último año. Hacia el final del acto, el obispo Raúl Vera, representante de la lucha por la dignidad, la justicia y la paz, dio un extenso mensaje en el que remarcó la importancia del protagonismo de todas las comunidades campesinas e indígenas en aquella refundación nacional. Del mismo modo, denunció el desastre ambiental de los últimos 20 años del TLC, los crímenes perpetuados por el crimen organizado (en palabras de él: «organizados sí, pero por el Estado mexicano») y la situación alarmante que viven los migrantes centroamericanos.
La historia nos advierte que la realidad mexicana se constituye como un reflejo del futuro de latinoamericano. Pocas veces América Latina se hizo eco de esa situación, alimentando la ignorancia del caso. Es hora de escucharlos y hacernos piel de su mensaje, que debe servir como advertencia de hasta dónde puede llegar el avance neoliberal en nuestros países.