por Rubén Kotler
Esta semana se cumplirá un nuevo aniversario de una de las noches más oscuras en la historia reciente argentina. No fue la peor pero si una que, en términos objetivos, se encuentra en el podio de los peores capítulos en la historia latinoamericana. Desvincular el golpe cívico militar del Operativo Independencia, ocurrido con anuencia de las instituciones democráticas de este país, es no comprender que el plan sistemático de exterminio de opositores políticos no comenzó el 24 de marzo de 1976. Ni siquiera en febrero de 1975, pues todo el proceso histórico de cambios y permanencias se dieron desde, por lo menos, 1966, cuando comenzó a cambiarse la matriz política, cultural, social y sobre todo económica en eso que hoy algunos denominan «neoliberalismo».
La última dictadura cívico militar en todo caso vino a completar el terreno y a allanar el camino para unas reformas que se dieron en los años 90 en «paz y democracia». Sólo eso explica que hoy, con un 50% de la población en la pobreza y la indigencia, no estalle por los aires: disciplinamiento social mediante, el experimento liberal en Argentina fue exitoso.
Si las marchas del 24 de marzo no mencionan, por ejemplo, a los desaparecidos / asesinados en democracia (incluídos los desaparecidos y asesinados durante la administración de la pandemia), tendremos un relato corto afín a la memoria oficial. Desvincular las desapariciones de la democracia como expresión de la continuidad del aparato represivo, es no comprender que la última dictadura cívico militar impuso una matriz que se continúa hasta nuestros días.
No mencionar los atentados a la Embajada de Israel, a AMIA, a Río Tercero, a las desapariciones de Luciano Arruga o Santiago Maldonado, o los asesinatos de Facundo Ferreyra, Mariano Ferreyra, Maximiliano Kosteky, Darío Santillán, las desapariciones seguida de muerte de Luis Espinoza o Facundo Castro, o no mencionar las «tragedias» de Cromagnon u Once, entre otros miles de muertos y asesinados en democracia, sería no comprender que la historia es una sucesión de eventos estructurales relacionados. Algunos mecanismos han cambiado pero otros se perpetúan en el tiempo y es lo que hay que denunciar.
Denunciar al ESTADO como responsable y nombrar a los asesinos es justo y necesario. Lo novedoso de los últimos lustros es que aquello que denunciaban algunas organizaciones de DDHH, hoy ya no lo hacen porque han sido cooptadas por las estructuras del Estado. Aquí se impone, una vez más, delimitar claramente quiénes están en favor de la independencia políticas y económica y denunciar esas continuidades y quiénes, a modo de vivir en un pasado permanente, se quedan en el hecho histórico del golpe y poco más. Hoy a 46 años del último golpe cívico militar seguimos teniendo desocupados, pobreza y miseria, deuda externa y deuda interna, presos políticos (y no, no hablo de Milagro Sala), entre otros, que demuestran que aún queda mucho por revisar de nuestra historia reciente.
Avanzar en comprender a una transición vigilada y hasta pactada y denunciar que la matriz impuesta entonces continúa hasta el día de hoy. Se llama capitalismo. Sin más. Sin menos.