por Marco A. Gandásegui, hijo*
Los panameños nos reunimos el pasado 3 de noviembre para celebrar y, a la vez, reflexionar sobre el significado de nuestra declaración de independencia hace 112 años. En el transcurso de esos años se consolidó la República y surgió un proyecto de Nación que encabezó una vanguardia estudiantil en la lucha por la soberanía.
Pocos días antes de la fecha que marcaba el aniversario, las autoridades gubernamentales decidieron poner fin al encarcelamiento de los últimos tres estudiantes del Instituto Nacional y darles una medida cautelar de ‘casa por cárcel’. Ya habían entregado a sus familiares a los otros 7 estudiantes institutores privados de libertad. Todos acusados de ‘terrorismo’ por protestar contra la negligencia administrativa que tiene postrado el histórico plantel que se cubrió de gloria durante la insurrección popular iniciada el 9 de enero de 1964.
La protesta social es una manifestación producto de un malestar que comparte un grupo social que reclama sus derechos humanos. La protesta va dirigida contra alguna instancia representativa de la autoridad. Esta puede reaccionar desatando la represión violenta o puede neutralizar la protesta social mediante distintas tácticas. Entre estas últimas, está el llamado al diálogo (por parte de la autoridad).
La protesta social tiene un origen de clase. La protesta generada por un sector social que pone en peligro el orden establecido es objeto de represión. Si la protesta es de una clase que no constituye un peligro, se espera que se diluya con la aplicación de tácticas moderadas.
Las protestas sociales que ponen en peligro el orden político siempre han sido criminalizadas. En la sociedad moderna, cuando la protesta social es en el marco de un paro de labores se desata la violencia clasista. Cuando la movilización reivindica un derecho social (agua, vivienda, educación) se criminaliza.
En Panamá las movilizaciones estudiantiles son parte de las protestas sociales desde mediados del siglo XX. Las protestas por la calidad de los planteles, de los programas o la escasez de educadores se complementaba con la cuestión social (condiciones de vida) y la soberanía nacional. Entre 1940 y 1960 la educación comenzó a masificarse y las autoridades no entendieron el fenómeno y fueron incapaces de concebir una política para manejar la nueva situación.
La vanguardia de los estudiantes es reprimida y criminalizada. Las autoridades militares después del golpe de 1968 intentan cooptar a los líderes estudiantiles en vez de reprimirlos. A partir de 1990, después de la invasión, las autoridades nunca pretendieron incorporar a los estudiantes en sus programas de gobierno. Los partidos políticos de la época – que siguen vigentes – se olvidaron de las lecciones de Eusebio A. Morales quien decía que la educación es clave para formar los dirigentes nacionales.
En vez de enfrentar las reivindicaciones de los estudiantes, los gobernantes optaron por abandonar la educación como herramienta estratégica en sus planes. Los planteles y los educadores son cada vez más ignorados en los presupuestos nacionales aprobados. Como política laboral se privilegia al trabajador precario sobre el trabajador especialista. La educación juega un papel cada vez menos estratégico en la formación de los trabajadores, técnicos y profesionales.
Las protestas sociales en los colegios de Panamá se han vuelto esporádicas en la actualidad. La excepción fue, y sigue siendo, el Instituto Nacional. Las protestas estudiantiles son constantes por el abandono por parte de los gobiernos de turno de la educación, por la creciente pobreza en todos los estratos del país y la entrega del patrimonio nacional (incluyendo el Canal de Panamá) a una pequeña oligarquía e intereses extranjeros.
El Instituto Nacional está intervenido por el gobierno y sus agencias represivas. Toda forma de organización o reunión son prohibidas y quienes son sospechosos de cometer estos actos son expulsados.
La escalada represiva llegó a su punto más alto en 2015 cuando, después de una protesta social, 10 estudiantes sospechosos, identificados por desconocidos, fueron secuestrados por agentes de la autoridad quienes allanaron sus hogares y llevados a centros de detención. Fueron acusados de terrorismo. Esta es una figura jurídica novedosa y peligrosa en Panamá. Fue introducida al ordenamiento legal por insistencia de EEUU.
En Panamá la protesta social –en todas sus manifestaciones clasistas– ha sido criminalizada y ahora es homologada con la nueva categoría de terrorismo. Los gobernantes le han declarado la guerra a nuestro proyecto de Nación, siempre defendido por los estudiantes, especialmente por los institutores.
Todos solidarizamos con los estudiantes institutores.
*profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA
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