Este relevamiento tuvo su origen en el decreto 395/15 firmado por el gobierno hace ocho meses, el último de una zaga de más de diez decretos que pretendieron ser una respuesta a nuestro nunca satisfecho reclamo de apertura de archivos iniciado en 2002.

Los fiscales nos entregaron un informe en el cual, más allá de su intención de realizar un trabajo profesional de identificación, relevamiento y organización de la documentación, reconocen que los archivos están cerrados.

Nos informaron acerca de la existencia de archivos en la UFI AMIA y en tres dependencias de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE). Los primeros comprenden las más de 1700 carpetas que existen en la UFI desde hace diez años. En cuanto al resto del material obrante en las distintas oficinas de la AFI, no pudieron aún constatar ni el volumen ni el contenido de esa información que estaría vinculada con el atentado o con alguna de las causas judiciales posteriores.

Lo más grave del informe son las explicaciones acerca de cómo organizarían el material de archivo el día que la AFI facilite las condiciones para este trabajo. Es la evidencia de que hasta hoy no se avanzó nada en la apertura de archivos o en el “proceso de relevamiento” ya prometido por el Ministerio de Justicia y la Unidad Especial de Investigación en el año 2003. Ese “proceso” motivó el Decreto 812/05 que se comprometió a la “Profundización del proceso de relevamiento de archivos del Caso Amia en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado y fuerzas de seguridad”, y que tampoco se cumple.

El denominado protocolo revela que los archivos bajo el control de la AFI, que formalmente estarían disponibles, no lo están en los hechos. El informe habla de documentos “archivados” en avanzado estado de deterioro en medio de la humedad, la suciedad y el abandono (“…documentación original proveniente de la basura que tuvo que atravesar un proceso de limpieza y acondicionamiento para su digitalización y posterior conservación”; “Todo el material hallado en el perímetro se encuentra en un estado avanzado de abandono y malas condiciones de preservación”), o ubicados en lugares a los cuales no se puede ingresar (“se trata de una habitación de aproximadamente 6 metros de ancho a la que no podemos ingresar, ya que se encuentra totalmente ocupada por mobiliario”).

Peor aún es aquello que está naturalizado en el “protocolo”: el relevamiento está subordinado a los tiempos, condiciones y control de los servicios de inteligencia. Esta situación de dependencia funcional de la UFI hacia los espías locales es una re-edición de la que mantenía el fallecido fiscal Nisman.

Una vez más, denunciamos que los archivos no están abiertos y que en este nuevo esfuerzo por mostrar que algo se hizo no se hace otra cosa que subordinar cualquier posibilidad de relevamiento de la documentación secreta al más estricto control y supervisión de la AFI.

Lo enuncia el mismo protocolo: “Las tareas son supervisadas de manera constante por entre dos y tres integrantes de la AFI”; “Las computadoras que entran a la AFI deben estar libres de información y salir en las mismas condiciones”. “No se puede sacar fotografías”; “No hay conexión a internet”; “Está prohibido el uso del celular”; “No es posible usar pendrives ni correo electrónico para transportar archivos de una computadora a otra”.

En medio del cambio de gobierno, el problema que enfrentamos es que la Procuradora Gils Carbó y los Fiscales reconocen a la AFI como “la autoridad” en materia de los archivos. Sin terminar con esta actitud de dependencia a la autoridad real y a la custodia de los archivos por parte de la ex SIDE, no hay ninguna posibilidad real de relevamiento alguno, para preservar y conocer el contenido documental que se oculta.

Repudiamos la intervención y el control directo que la AFI realiza sobre los archivos, ya que todos los gobiernos y sus Servicios de Inteligencia fueron los principales responsables de que la documentación haya sido ocultada deliberadamente durante más de 21 años a cualquier investigación sobre el crimen de la AMIA.

Ejemplo de ello es que en el juicio que se sigue actualmente por las irregularidades y delitos cometidos a lo largo de la investigación del atentado, y que fuera presentado como un juicio contra el encubrimiento, los jueces del Tribunal Oral no conocen la documentación que supuestamente fue abierta por tantos decretos.

Desde APEMIA reclamamos nuevamente la apertura de los archivos secretos, la preservación de toda la documentación por fuera del control de la AFI o de otros organismos de seguridad y la entrega de un índice con todos sus contenidos obrantes en la Unidad Fiscal AMIA.

Exigimos que se conforme una Comisión Investigadora Independiente en el ámbito del Congreso Nacional, que tenga acceso irrestricto a los archivos secretos para conocer la verdad e impulsar el juicio y castigo para todos los responsables en el crimen de nuestros familiares y amigos en la AMIA.

Buenos Aires 02 de diciembre de 2015

APEMIA