por Cindy López S.

Para llegar a las comunidades de Santa Clara, Los encuentros Amachel o Centro Amachel –entre otras–, ubicadas al norte del municipio de Chajul, del departamento de Quiché, en Guatemala, hay que recorrer alrededor de 20 kilómetros desde la aldea Xaxmoxán, Chajul, por un camino de tierra, que más bien es una trocha que se encuentra en pésimas condiciones, lo que hace imposible transitarla en cualquier vehículo, por lo que se necesita uno de doble tracción, con un motor potente, incluso se deben usar cadenas en las llantas para poder avanzar por el lodo y las piedras del camino. Para andar esos 20 kilómetros se necesitan entre 4 y 5 horas.

Me consta, yo fui testigo del deplorable estado en que se encuentra esa carretera –aunque resulta irónico llamarla así–. Salimos de Xaxmoxán alrededor de las 4:00 de la tarde y llegamos a Santa Clara a las 9:00 de la noche. El vehículo en el que íbamos –uno de doble tracción– no pudo pasar, tuvimos que dejarlo parqueado en una de las casas cercanas y seguir el camino en el pick up que usualmente hace los traslados en el área. Viajamos en la parte trasera del vehículo –en la palangana–, debiendo bajarnos del mismo en varias ocasiones e ir a pie por lo peligrosos que resultaban algunos tramos del camino. La lluvia comenzó a caer e hizo el traslado aún más difícil. O quizás deba decir: nos permitió experimentar más a cabalidad lo que a los pobladores de estas comunidades les toca vivir para movilizarse.

Mi viaje a Santa Clara se enmarcó en un voluntariado para dar clases a los estudiantes del Instituto Nacional Básico por Telesecundaria –INEBT– y en una investigación académica. Es decir, yo sería una extraña de paso que, aunque tratara de insertarme en la cotidianidad de la comunidad –empezando por la vivencia en la carretera–, sabía que luego de algunos días regresaría a mi «normalidad». Pero no quería quedarme en ser solamente una «extraña de paso». Yo quiero contribuir al esfuerzo y la lucha que desde hace varios años estas comunidades llevan a cabo para exigirle al Estado el cumplimiento de sus derechos fundamentales, de los cuales la mayoría –por no decir todos– está desatendida o precariamente atendida.

Es por ello que a través de este escrito me uno a la denuncia que la semana pasada hicieran los representantes del órgano del Consejo Comunitario de la microrregión 6 del municipio de Chajul, Quiché a través de una conferencia de prensa en la que exigieron al Estado cumplir con una de sus responsabilidades: la construcción de la carretera que conecta entre los municipios de Ixcán y Chajul, del aquel departamento.

De acuerdo a los datos brindados en la conferencia de prensa, desde hace 13 años se está construyendo esta carretera y a la fecha aún no está finalizada, pero curiosamente, la misma sí se ha «inaugurado» en cuatro ocasiones, casi seguro previo al período de elecciones. Sí, así como se lee: una carretera no construida pero que ha sido inaugurada varias veces. Pareciera una historia de Macondo, de Les lutieres o de la Dimensión desconocida, pero no es así. Esto sucede hoy en día en Guatemala. Y esta «incoherencia» se vuelve más dramática aun cuando nos enteramos que el tipo de carretera que las comunidades están exigiendo es una carretera de tierra, balastrada, no de asfalto.

Al parecer no está claro el por qué este proyecto de carretera nunca se concluyó. Según los líderes comunitarios, la información que a duras penas les han proporcionado las instituciones estatales a las que se han abocado, es que a la empresa constructora no se le ha pagado el trabajo, pero el Gobierno ya se gastó los fondos –de nuevo remeda a Macondo–. Dicho sea de paso, un dato fundamental proporcionado en la conferencia de prensa y que no se puede dejar de mencionar, es que la empresa constructora pertenece a un diputado de dudosa reputación del Congreso de la República. Quizás esa sea la razón que lo explica todo.

Curiosamente el tramo de la carretera que está en buenas condiciones finaliza justo en la finca La Perla, en donde se ubica la hidroeléctrica Xacbal, la cual es una empresa privada. Esto me hace pensar en la coyuntura actual relacionada con el estado de las carreteras en el país –un problema histórico como muchos otros– y en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) 2017, recientemente realizado, con la temática: «infraestructura para el desarrollo». ¿Desarrollo para quién? habría que especificar. Porque para citar uno de muchos ejemplos, esta hidroeléctrica privada no parece haber traído desarrollo a las comunidades del lugar, a pesar de ser la segunda más grande después de Chixoy (Reynolds, 2007)¹.

Estamos en un momento en que todos los ojos están puestos en la mala situación de las principales vías de comunicación por las que se transportan los productos de las grandes empresas, y en el que se escuchan propuestas como «privatizar la construcción, administración y mantenimiento de las carreteras», los medios de comunicación se llenan de campos pagados manifestando la preocupación del sector empresarial porque el Estado no les mantiene las carreteras en óptimas condiciones e incluso indignados exigen la renuncia de funcionarios públicos. Como si el problema se tratara de personas, que dicho sea de paso muy funcionales les han sido en ocasiones, y no de un sistema puesto en marcha por esos mismos empresarios que no pagan impuestos, que continuamente están buscando la forma de evadirlos, que cada año entran en grandes discusiones por el aumento de apenas Q100.00 o Q200.00 en el salario mínimo –alrededor de USD30.00–, el cual es uno de los más bajos de América Latina y que finalmente no todos pagan, especialmente los cañeros, que son los que bastante uso hacen de las carreteras, pero que además sobreexplotan a los y las trabajadoras y se ingenian estrategias para no pagarles lo equivalente a lo trabajado, en otras palabras: les roban².

Lo que todo esto evidencia es la existencia de un Estado al servicio de la empresa privada, que solamente se ocupa de resolver y atender las necesidades de este sector que le «representa ganancias al país» –la reciente participación del Presidente de la República en el Encuentro empresarial lo confirma–, y desatiende a miles de guatemaltecas y guatemaltecos que «no le generan beneficios». Pero ese desinterés no es casual, la desatención de las grandes masas de pobres, en especial de las poblaciones indígenas del área rural del país, tiene entre otros objetivos de trasfondo: generar mano de obra barata. Y en el caso que nos ocupa muy seguramente una suerte de venganza histórica, porque algunas de las comunidades que reclaman la construcción de la carretera son parte de las Comunidades de Población en Resistencia –CPR– de la Sierra, quienes durante los años más difíciles del Conflicto Armado Interno –CAI–, se refugiaron en las zonas montañosas cercanas a sus comunidades para sobrevivir a los ataques y la persecución de las que fueron víctimas por parte del Estado. Pero también para resistir, se organizaron para, en la medida que las condiciones se los permitían, atender de forma equitativa las necesidades de sus comunidades, llegando a alcanzar un modelo de desarrollo basado en la democracia de base (un verdadero germen de socialismo).

Así como fui testigo del pésimo estado de la carretera, uno de los principales obstáculos para el desarrollo, según lo manifiestan los pobladores del área, también fui testigo de la lucha y esfuerzos que estas comunidades realizan para mejorar su situación de precariedad, específicamente el caso de Santa Clara, la cual a pesar de encontrarse prácticamente incomunicada cuenta con el INEBT, al cual el Ministerio de Educación solamente ha asignado un profesor, quien no se presenta a sus labores como corresponde. Además tienen un hospitalillo atendido por un médico español que los visita de forma voluntaria cada seis meses, una clínica a cargo de un enfermero de la comunidad. Ante la falta de servicio de energía eléctrica y de agua potable, gestionaron paneles solares para el hospital y el laboratorio de computación del Instituto; y depósitos para la recolección de agua de lluvia.

A pesar de que la infraestructura antes descrita pueda parecer muy poca para hablar de un desarrollo humano digno e integral, es necesario reconocer que todo ello es un logro de Santa Clara, gestionado a partir de la organización comunitaria con apoyo de donaciones nacionales e internacionales. El Estado prácticamente no existe en Santa Clara y no cumple con su obligación de garantizarles a todos los y las guatemaltecas por igual el desarrollo integral de la persona, entre otras cosas, según lo mandata la Constitución Política de la República.

El Estado solamente se hizo presente en Santa Clara a través de su aparato represivo, el Ejército, cuando los reprimió, los persiguió y los mató, entonces sí fue eficiente para llevar a cabo sus objetivos, sí fue capaz de cumplir con sus «tareas», no tuvo que recurrir a la privatización, como pareciera que quiere plantearse ahora como única solución al tema de la red de carreteras, y a muchos otros problemas histórico–estructurales no resueltos por el Estado. ¿Por qué ahora no es igual de eficiente para atender todas las necesidades de esa población? ¿En dónde está el alcalde o los diputados que los representan? ¿Cuántas veces al mes o al año se reúne con ellos para conocer sus necesidades, proponer soluciones y llevarlas a cabo? ¿Solamente una vez cada cuatro años, previo a las elecciones? En efecto, así es; y los pobladores de esta área lo tienen muy claro, saben que los políticos solamente se acercan a sus comunidades para la época de la campaña electoral, ofreciéndoles regalos a cambio de votos. La carretera en construcción de nunca acabar, es una prueba de ello.

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Notas:

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