por Miguel Sánchez

La detención de Milagro Sala, además de convulsionar el tablero político nacional y poner de manifiesto la respuesta que prefigura el gobierno del PRO para enfrentar la conflictividad social, que todos dan por sentado irá en aumento, actualizó una serie de debates en la «opinión pública» en los que creo pertinente y necesario intervenir.

Por estos días pueden oírse y leerse un sinnúmero de afirmaciones, reparos y acusaciones cruzadas. Que si Milagro es o no presa política, si se trata de una luchadora ejemplar a la que se quiere acallar o una lumpen a la que se le acabó el amparo gubernamental, si su cárcel preanuncia la catarata de causas por venir o es una mera excusa, punta de lanza para retomar la criminalización de la protesta, si en ese sentido, desde la izquierda, debe primar la defensa irrestricta de libertades democráticas hoy amenazadas, o si la lucha democrática por la liberación de Sala debe ir acompañada de una delimitación clara y tajante de sus concepciones y métodos, si el arco democrático debe incluir o no al kirchnerismo en virtud de antecedentes y complicidades, pasadas y futuras.

Sin embargo, hay una discusión que subyace a todos estos contrapuntos, cuyo abordaje me resulta prioritario.

A la hora de sentar posición sobre las razones de la detención y cómo posicionarse políticamente frente a ella, se suele aludir a la estructuración social y a la obra de la organización liderada por Milagro Sala.

Así, sus apologistas presentan a una abnegada luchadora, renovada abanderada de los humildes, que frente a décadas de postergación y olvido estatal se abocó a suplir con organización y lucha, aquello que los sucesivos gobiernos provinciales se habían negado a hacer. Muestra de ello serían las obras de infraestructura en salud, educación, recreación y vivienda, estructurando una suerte de Poder Popular en paralelo a la institucionalidad vigente.

Sus detractores, encolumnados detrás de la visión oficial, muestran a una puntera que forjó su base social lucrando con las necesidades de su comunidad, estructurando al calor de los favores del pasado gobierno nacional un Estado Paralelo, sostenido mediante la extorsión y la coacción.

La construcción de la Tupac no se da en el vacío

Propongo que nos remontemos un poquito, al período de agotamiento del «Estado de bienestar» como forma particular de gestionar el régimen capitalista, con eje en las políticas estatales destinadas a amortiguar los antagonismos de clase a partir de políticas sociales activas e institucionales. Fines de la década del ochenta y en la década siguiente ganaron presencia -sobre todo en la región- las políticas marcadas por el «Consenso de Washington». Fundamentalmente las referidas a la Reforma del Estado, que básicamente referían a desregular la economía, avanzar con las privatizaciones de los servicios públicos, y descentralizar su esfera de acción, competencias y responsabilidades. Esto último no sólo implicó trasladar obligaciones a unidades provinciales y municipales, sino una importante transferencia de funciones sociales estatales al ámbito privado.

En el marco de esta estrategia privatizadora de servicios sociales surgieron los Organismos No Gubernamentales (ONG) también conocidos como organizaciones del Tercer Sector. Emprendimientos privados que bajo un perfil técnico y supuesto espíritu filántropo comenzaron a suplir responsabilidades del Estado.

En nuestro país este proceso tuvo elementos distintivos. El Tercer Sector no tuvo el peso y la extensión que alcanzó en otros países como Chile, por lo que la «tercerización» de políticas sociales tendió a ser canalizada a través de organizaciones políticas y sociales de base territorial.

El mecanismo es similar. El Estado destina un presupuesto acotado y se desliga operativamente de sus obligaciones. Esta dinámica que en los noventa permitió el surgimiento y extensión del movimiento piquetero, tuvo su reconversión durante el kirchnerismo. Allí el Estado retomó el control de las políticas sociales, y resignificó su relación con las organizaciones populares a partir de estrategias de cooptación e integración.

En ese sentido el caso de la Tupac resulta paradigmático. En estos últimos 12 años su crecimiento y desarrollo tuvo que ver con esta doble dimensión. Por un lado vehículo de políticas asistenciales delegadas y financiadas por el Estado, y por el otro herramienta de construcción y control territorial.

La perversión de esta lógica reside en el abandono de principios indelegables, de un Estado que se desentiende de las necesidades elementales de vivienda, salud, educación. Que traslada el costo operativo y salarial a los propios sujetos de esos derechos. Son los propios vecinos sosteniendo con salarios miserables comedores, salas de salud, escuelitas, y hasta la construcción de viviendas a las que acceden de manera precaria y condicional. Pero hay algo peor, y es que el Estado logra que la población involucrada acepte y naturalice esta precarización, porque es impulsada y administrada por sus propios referentes.

A modo de cierre, provisorio claro está, podemos afirmar que la construcción de la Tupac en Jujuy dista de ser antagónica con el Estado y sus estructuras. Por el contrario se presenta como una herramienta de gestión «económica» y control social. En ese sentido, el papel de Milagro Sala no es el de la luchadora popular que acaudilló la conquista y recuperación de derechos postergados. Su papel es el de Capataz de estancia, que supo hacer de su carisma y liderazgo una fuente de ascenso individual, en una carrera personal por poder político y económico.

Dicho esto, ¿hay que denunciar la detención de Milagro Sala como un intento de regular la protesta y regimentar los conflictos? ¿Se prefigura detrás de esa detención la respuesta del estado frente a la conflictividad social expresada en las calles? La respuesta es sí. En tanto su encierro tenga por fundamento el ejercicio activo y en la calle de la protesta, las organizaciones populares deberán exigir su liberación. Sin embargo ello no implica que debamos embellecer su figura ni avalar sus negocios espurios. Defender las libertades democráticas no nos exime de delimitarnos en paralelo con un personaje hasta hace poco al servicio del gobierno, que ofició de fuerza de choque contra trabajadores, que recluta parte de su militancia activa entre la delincuencia común de las cárceles jujeñas, que montó un emprendimiento colosal que sostiene con trabajo precarizado y pagado a precio vil, que extorsiona a su base para mantener adhesión activa.

En vez de medir si con nuestra acción política quedamos pegados más o menos a los K o los M, deberíamos desarrollar una política agresiva para motorizar y encabezar la lucha contra los despidos, contra los aprietes, contra la carestía, por recomposición salarial, en contra de la criminalización de la protesta y en favor de las libertades democráticas. Claro que para salir a pelear uno no le pide filiación política al que tiene al lado. Pero es en ese sentido, y solo en ese, que la unidad de acción cobra sentido. No puede haber Frente Único con el kirchnerismo, desde el mismo momento en que el enfrentamiento al macrismo debe partir de la denuncia del kirchnerismo como partícipe necesario de esta realidad.

En mi humilde opinión sigue manteniéndose una suerte de acuerdo tácito entre el macrismo y el kirchnerismo en clave de opuestos complementarios. Cada uno sirve para justificar la existencia del otro. Corresponde a la izquierda alzar otra voz. Lamentablemente -cada vez más- el FIT se neutraliza en internas liquidacionistas, más preocupados en replicar las respectivas chicanas y acusaciones absurdas, que en buscar la síntesis que los encamine a una correcta línea, obrera y socialista.