por Manuel Justo Gaggero*

El 17 de setiembre de 1971, en un departamento ubicado en la calle Paraguay casi Scalabrini Ortiz, de la ciudad de Buenos Aires se encontraban reunidos un grupo de militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores entre los que se encontraba el compañero de mi hermana Susana Luis Enrique Pujals. Sentía por él un gran afecto y lo había conocido en Santa Fe en 1961.

El encuentro fue interrumpido por la irrupción de una «patota» integrada por efectivos de Coordinación Federal –la policía política de la Dictadura Militar– y de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los mismos, luego de golpear violentamente a los compañeros, procedieron a levantar un acta para consignar los detenidos y su identificación. Al dar a conocer a la prensa sus nombres; Luis no aparecía.

Gobernaba en ese momento el General Alejandro Agustín Lanusse y el Ministro del Interior era el radical Arturo Mor Roig –cuya designación había sido parte de un acuerdo de Ricardo Balbín, presidente de la Unión Cívica Radical, con el «partido militar» para organizar la retirada ordenada de estos, momentáneamente, del «poder formal»–.

Ante una clara «desaparición forzada» cometida por los represores conformamos una Comisión por la «Aparición con vida de Luis» que la integraron, entre otros, Isidoro Ventura Mayoral, abogado de Juan Domingo Perón, Emma Illía la hija del expresidente derrocado por el golpe castrense del 28 de junio de 1966 –su esposo Gustavo Soler, la Gremial de Abogados representada por Mario Landaburu– que había sido testigo del procedimiento ya que vivía en un departamento ubicado en el mismo piso y en el mismo edificio en que se llevara a cabo este.

Hubo adhesiones de todos los partidos y de dirigentes democráticos y populares. Miguel Bonasso, desde el diario «La Opinión», desarrollo una campaña durante un mes instalando el tema y el reclamo. Norman Brisky, que representaba con gran éxito una obra teatral «La Fiaca» en una sala de la calle Corrientes leía, al final de la representación, una carta al pueblo argentino de Susana reclamando por su compañero-Por su lado los amigos del padre de Luis: Enrique, entre los que estaba un primo del Presidente reclamaron la intervención de este para lograr la aparición con vida del «Flaco».

Desde el oficialismo no hubo una respuesta clara y se lanzaron varios «trascendidos» entre otros que Luis se había exiliado en Chile donde gobernaba Salvador Allende o que estaba «clandestino», al mismo tiempo que se relativizaban los testimonios de los que fueran detenidos en esa oportunidad por considerárselos «subversivos». El habeas corpus, interpuesto por César Calcagno y el «Zambo» Lombardi, no tuvo respuesta y la «justicia» no inicio ninguna investigación.

Con el tiempo reconstruimos lo que había pasado. Coordinación Federal, que en ese momento estaba encabezada por el Coronel Jorge Antonio Dotti, había recibido órdenes precisas del General Juan Carlos Sanchez, Jefe del III Cuerpo de Ejército, para que Luis –nuestro hermano– fuera entregado a una comisión de la policía de Rosario encabezada por el Comandante de la Gendarmería Nacional Agustín Feced quién lo traslado a la Jefatura de esa ciudad donde fue brutalmente torturado y asesinado.

Nunca recuperamos sus restos. Luego vino Trelew, la Triple A y la aplicación, como política de estado, de la «desaparición forzada» durante la Dictadura cívico-militar que victimizó a 30 mil militantes populares y revolucionarios implantando el terror para asegurar la implementación de un modelo de país diseñado por las clases dominantes –escenario que hoy se pretende minimizar desde el oficialismo–.

El regreso a la «institucionalidad» formal, en diciembre de 1983, fue totalmente condicionado y no hubo ruptura con el Estado Terrorista ya que leyes fundamentales de ese período como la de entidades financieras aún están vigentes.

Al no haber depuración alguna en las fuerzas represivas –Policías, Gendarmería etc.– se producen en estos años, de «democracia encarcelada» hasta hoy, numerosos casos de gatillo fácil, secuestros efectuados por la «trata» y por el narcotráfico.

Además hubo «desapariciones» emblemáticas con un fuerte componente político entre otras la del estudiante Miguel Bru y la de Jorge Julio López. En este último caso con total impunidad. Gobernaba en ese momento Néstor Kichner y una calificada vocera de su gobierno llegó a decir que se trataba de un «auto secuestro» para perjudicar al Presidente. Han pasado 11 años y no hay ningún detenido ni tampoco avances en la investigación, pese a que cada vez son mayores los servicios de inteligencia, no sólo del Estado, sino también militares y de Gendarmería.

Esta última fue la que interviene en la represión en el Sur frente al justo reclamo por sus tierras del pueblo mapuche y es la que en el episodio del 1° de agosto, sin lugar a dudas, tiene responsabilidad en la «desaparición forzada» del joven solidario Santiago Maldonado.

Desde el gobierno y desde los medios afines –«Clarín», Radio Mitre y «La Nación»– lanzaron hipótesis falsas durante estos 40 días tratando de resguardar a la Gendarmería.

Cabría preguntarse: ¿por qué? No cabe duda que esta ha sido de suma utilidad en estos últimos años. Durante el gobierno de Cristina Kichner pasó de 25 mil efectivos a 50 mil con un presupuesto generoso y con pertrechos modernos adquiridos en Estados Unidos y en Israel. Su Servicio de Inteligencia participó en el «Proyecto X» dirigido a infiltrar a los movimientos sociales y a las organizaciones de derechos humanos. Hoy, en la Patagonia, protege a los terratenientes extranjeros que poseen millones de hectáreas y que tienen fuertes relaciones con los sectores dominantes y garantiza que los movimientos populares, que cuestionan la minería contaminante y la energía nuclear, no interfieran en lo acordado con la República Popular China para la construcción de dos usinas. Acuerdo que celebró el gobierno anterior y que este ratificó en todas sus partes.

En aquel episodio, que nos llenó de dolor hace 41 años, Lanusse prefirió resguardar al asesino Feced que luego ocuparía nuevamente la Jefatura de Policía en 1976 asesinando a decenas de militantes populares antes que investigar la desaparición de Luis. Hoy tenemos que evitar que pase lo mismo con Santiago y que esta movilización, por la aparición con vida de este, no sea contaminada por los que olvidan su pasado e intentan manipularla con objetivos electorales.

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*Abogado. Exdirector del diario «El Mundo» y de las revistas «Nuevo Hombre» y «Diciembre 20».