por Federico Lorenz

Hace unos días que un fantasma sobrevuela el campo de «los setenta»: la posibilidad de que el secuestro y muerte del militar Argentino del Valle Larrabure sea revisado por la justicia. El argumento central es aplicar el concepto de «lesa humanidad» al caso del militar muerto tras un largo cautiverio en una «cárcel del pueblo» del ERP y, por extensión, que dicho concepto, que los vuelve imprescriptibles, sea volcado a la revisión de las muertes de las fueron responsables las organizaciones armadas revolucionarias de la década de 1970. Los asesinatos políticos producidos por «la subversión» (por definición, fuera de la ley, en tanto buscaron imponer otro mediante las armas) y la represión sistemática orquestada con los instrumentos del Estado.

Numerosos intelectuales de diversa extracción política y pertenencia institucional firmamos la solicitada. En mi caso, me ubico en el amplio espectro de «la izquierda» (lamento no poder ser más preciso, pero eso sí que es culpa de «las izquierdas») y a la vez soy funcionario concursado del actual gobierno: dirijo el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

No soy abogado. Pero sí soy historiador, investigo y he publicado sobre la violencia política. Trato de dar las discusiones desde donde mi trabajo me permite posicionarme con firmeza y no generalizar. Elaboro mis ideas a partir de mi propio trabajo y el de decenas de colegas que se pasan horas en archivos, entre otras cosas.

Entonces, me preocupa, y aquí el origen de este texto, la maniobra que desde el cambio de gobierno diferentes sectores, que van desde la reivindicación lisa y llana de la represión, pasando por el arrepentimiento de un pasado de violento, para llegar al mero hartazgo del uso desbocado que en la última etapa del kirchnerismo de emblemas que son de toda la sociedad argentina, vienen realizando: la equiparación de la violencia revolucionaria con los crímenes estatales.

Un escalón básico de esta revisión es reducir las interpretaciones «generales» al dolor personal: no hay jerarquías ante el dolor por la pérdida de una vida. Un hijo que perdió a un padre, una madre que pierde a su hijo, sienten un dolor que no es ideológico. Es.

Histórica y políticamente, en cambio, la situación es diferente: las muertes pueden y deben ser explicadas. Pero la apelación al dolor bloquea esa posibilidad, al descontextualizarlas.

Algunos columnistas han tomado la bandera y la agitan: dejar atrás los setenta, ajustar las cuentas con un pasado del que consideran que se ha abusado es su bandera. A comienzos de abril, Luis Alberto Romero se preguntaba sobre los alcances del concepto de «Lesa humanidad». Tiene la virtud de incluirse en el conjunto de «los legos tan propensos a opinar con autoridad sobre cosas que conocemos mal y de oídas» y a «elegir el argumento que mejor se acomoda a nuestras convicciones». Y nos compara, a quienes firmamos solicitada, como personas orientadas por la fe, con las que es imposible discutir. Banaliza la opinión formada por decenas de trabajos publicados con mayor o menor circulación, pero que no necesita para realizar su principal operación: equiparar las violencias. ¿No es comparable lo vivido por Larrabure con lo vivido por un desaparecido de la ESMA? Una de las herramientas básicas de los propagandistas: de la excepción, plantear la regla. Romero debe recordar perfectamente, de su época de historiador, que los hechos y los casos lo son en un contexto histórico determinado. Y no son lo mismo una organización guerrillera que el Estado. Lo cual no quiere decir que el militar secuestrado no haya sufrido hasta lo indecible, sino que las causas que lo llevaron a ese sufrimiento fueron diferentes.

Le llama la atención «que con tanta convicción moral» no hayamos hecho referencia al prolongado cautiverio de Larrabure comparándolo con «lo que ocurría en la ESMA».

Uno podría responderle que llama la atención que alguien que jamás investigó sobre el período sobre el que pontifica sea tan tajante. Es de creer que desconoce los aportes materializados en tesis, publicaciones, congresos, documentales. Al igual que nosotros, los fanáticos, no los necesitaría. Ya tiene un juicio formado. Podríamos proponerle una contra pregunta: aquella acerca de por qué no lo vimos reaccionar cuando los afectados por el terrorismo de estado estuvieron solos, llevando sus reclamos a los tribunales, alentándonos a apropiarnos de sus historias para que no fueran olvidadas pero, sobre todo, para que se hiciera justicia.

Larrabure y sus deudos, dentro de la tragedia, tuvieron una gran ventaja sobre las víctimas de la violencia que Romero quiere igualar. La más básica: una tumba. Accesorias: el reconocimiento estatal, solo que de gobiernos de facto o democracias que impulsaron mecanismos de terrorismo estatal para enfrentar a la izquierda.

Porque aquí está el descubrimiento de la pólvora: lo que sabe cualquier lector informado, no ya un historiador profesional, sobre los setenta. Que el terrorismo de Estado, aunque a una escala menor, comenzó bajo un gobierno constitucional, el de Juan Domingo perón, y su viuda. La Triple A, los «comandos locos» de las FFAA, la represión en Tucumán, la militarización de las barriadas obreras… ¿Es posible que no se haya enterado lo que circula como información publicada hace años, y lo disperse hoy como la gran revelación, alimentado a los propaladores a repetición de que «por fin llega el momento de la revisión»? Curioso: jamás fueron celebrados los trabajos que, con mucho esfuerzo, plantean esas mismas cuestiones desde hace por lo menos diez años.

Días después del artículo de Romero, retomó el tema Laura Di Marco.

Para Di Marco, que no es jurista pero cita el Estatuto de Roma, es lo mismo un «plan sistemático de exterminio» probado por la justicia que el plan del ERP para «tomar el poder». Todo plan es sistemático, si no, fracasa. El de los militares fue particularmente exitoso. Basta enterarse, vivimos en las ruinas de sus efectos.

Señala que tal vez sea el momento de «reconocer a las otras víctimas, las que no han tenido escucha ni monumentos». Eso es desconocer la historia: tuvieron escucha y monumentos. Por parte del estado tomado a sangre y fuego, en los cuarteles, en la prensa propagandista que se abría a sus dolores legítimos mientras se cerraba a las víctimas de la matanza sistemática orquestada por las FFAA.

Nos acusa, a los firmantes de la solicitada en oposición a la reapertura del caso Larrabure, de estar «casi al borde del patrullaje ideológico». Tenemos para decir, con orgullo, que nos ocupamos de temas que ni siquiera estaban en el mapa de los republicanos alarmados desde hace años.

No, no hay equiparación posible, lo que hay es la necesidad de una discusión intelectual honesta, revelando los intereses detrás de supuestos pedidos de ecuanimidad. El verdadero patrullaje ideológico es colocar a quienes fundan su opinión en la acumulación de investigaciones en el lugar de los fanáticos o defensores de la violencia. La misma maniobra que realizan quienes se oponen a la sanción de la Ley de Interrupción del Embarazo: están a favor de la vida.

¡Vaya coincidencia! Nosotros también. Por eso nos pusimos del lado de quienes el Estado vulneró todos y cada uno de sus derechos, negándoles un derecho tan básico como la posibilidad del duelo, de besar la osamenta de sus seres queridos. Nos pusimos del lado de los derrotados, de quienes fueron arrojados,sí, al borde del mundo, por un Estado que al servicio de los sectores dominantes decidió operar en las sombras.

Reducir la discusión al dolor contra el dolor es una extorsión moral y una operación inconducente si lo que se quiere es ajustar cuentas con el pasado. Porque en algo acierta Di Marco: aunque parcialmente. Habla de «heridas reabiertas».

En realidad, hay heridas que nunca se cerraron. Y eso fue fruto de un plan orquestado por militares y sus cómplices civiles. Que desaparecieron a sus víctimas, les robaron a sus hijos, confiscaron sus bienes y hasta lograron, en ocasiones, que ni siquiera sus nombres permanecieran. Otra artimaña: la discusión por la cantidad de desaparecidos. Los responsables de su incerteza no son quienes la corean y levantan como bandera en cada marcha: son los que optaron por reprimir al margen de la ley.

«Matar por un ideal es un crimen», abre Di Marco citando a Fernando a Aramburu, autor de Patria, una novela sobre la violencia vasca cuyo principal mérito es mostrar la intensidad de matices que deben ser analizados y estudiados para pensar históricamente una época. Puede ser verdad. Pero una frase así, para el análisis político, es una verdadera abstracción. Estaríamos todos de acuerdo. La Historia, en cambio, debe, básicamente, preguntarse por qué, en una época determinada, mujeres y hombres consideran que la violencia es instrumental a un proyecto político.

El asesinato político para la toma del poder puede ser condenado. El exterminio de un sector de la población para beneficio de otro debería serlo con la misma intensidad. Curiosamente, en estos pretendidos debates la funcionalidad económica y social de la campaña represiva clandestina del Estado rara vez es mencionada.

Bienvenido sea el debate. La primera regla es no ser cínicos. La segunda: estudiar para la discusión. Una cuestión de respeto elemental por el lugar y los argumentos del otro.