NOTA: El siguiente artículo describe minuciosamente los acontecimientos ocurridos en Argentina recientemente y explica las condiciones de una nueva situación política. Está fechado el 22 de enero. Una semana después, la oleada de despidos de trabajadores estatales y obreros de industrias privadas, se incrementó. Los más destacados son los de los mineros de Río Turbio en el extremosur del país y los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Nuevas marchas, cortes de avenidas y autopistas, ocupaciones de fábricas en conflicto. La crisis económica continúa en el mismo rumbo, y el dólar ya rozó los 20$ por unidad. Nuevas acciones judiciales impusieron continuidad de detenciones a manifestantes de diciembre, y libertad a otros que siguen procesados penalmente. Las Madres de Plaza de Mayo resistían un allanamiento ordenado en plena feria judicial. Los acontecimientos superan en velocidad y temparatura los análisis.
A.B.
por Luna Losche, Raúl Monós, Marcos Contreras
Multitudinarias movilizaciones
Las jornadas de diciembre de 2017 provocaron una conmoción política. La imposición de un nuevo régimen de cálculo que rebaja jubilaciones, pensiones a discapacitados, asignaciones familiares, asignaciones por hijo a familias pobres y ex combatientes de Malvinas, significa una reducción de ingresos para unas 17 millones de personas. Las sucesivas movilizaciones que comenzaron el 29 de noviembre en varias ciudades y se sucedieron el 6 de diciembre, alcanzaron su pico de masividad el 14 y el 18 de diciembre. La reacción violenta de las fuerzas de seguridad ordenada por el gobierno, sumó sufrimiento e indignación, multiplicó las movilizaciones que enfrentaron a las tropas uniformadas –Gendarmería, Prefectura, policías Federal y locales, agentes de «civil»– que actuaron con lanzagases, escopetas con balas de plomo y de goma, camiones hidrantes, motos, helicópteros, logística del Ejército, provocaron numerosos heridos graves y detuvieron a más de dos centenares de manifestantes o simples transeúntes. Los apresados fueron golpeados con saña en plena calle y a la vista de la televisión y dentro de comisarías. Los manifestantes de sindicatos, organizaciones sociales y de jubilados estudiantes y docentes, agrupaciones políticas, se defendieron como pudieron. Los que se organizaron en autodefensa fueron denostados por el gobierno y los medios de comunicación que llegaron a imputarles ser una «guerrilla urbana». Estas batallas callejeras se desarrollaron mientras el gobierno intentaba imponer la ley en medio de debates parlamentarios. En una primera sesión frustrada –por falta de quórum y sobre todo por lo que sucedía en las calles el jueves 14– en la que también fueron lesionados por agentes armados siete diputados opositores (a los que un diputado oficialista acusó de «atropellar gendarmes»). Los legisladores opuestos a la ley fueron acusados por el oficialismo de golpistas y conspiradores. La legisladora de la reducida bancada del Frente de Izquierda y los Trabajadores (apenas 3 diputados) Romina de Plá, del Partido Obrero, replicó que la conspiración fue externa sí, pero no de las calles, sino del Fondo Monetario Internacional, que ya en 2016, exigió esta medida para «achicar» el «gasto público». Fracasada esa sesión, el gobierno convocó al día siguiente a gobernadores propios y «opositores», para una foto que diera la imagen que los peronistas del PJ respaldaban totalmente la rebaja jubilatoria a cambio de fondos para sus provincias. Y firmaron un pacto.
En una segunda sesión del Congreso el lunes 18, la minoría oficialista de la coalición PRO-UCR-CC consiguió sancionar la ley con el apoyo de legisladores de los bloques peronistas no oficialistas, a su vez fragmentados entre sí. Y pudo concretar esta acción legislativa porque a pesar de las multitudinarias movilizaciones y la generalizada opinión popular contra esta ley confiscatoria, las dirigencias sindicales de la CGT impidieron la realización de una huelga general que hubiese paralizado el país. Los miembros del Triunvirato-CGT amenazaron primero con un paro «si la ley se aprobaba». Como eso no ocurrió el día 14 y se postergó la sesión del Congreso para el 18, levantaron el paro. Y advirtieron que sus gremios ni nadie debían ir a ninguna movilización. Después lo anunciaron tres horas antes el lunes 18, sobre la hora, cuando ya había cientos de miles de manifestantes. Pero los transportistas de la UTA y Taxistas y otras burocracias, se borraron. La cadena propagandística televisiva y radial desplegó una fuerte campaña de atemorizamiento y calumnias contra los manifestantes mientras el operativo represivo estaba en marcha, demonizando a miles que resistían los embates de gases y balas. Durante muchas horas de peleas callejeras, los directivos –que no dirigentes– sindicales guardaron silencio y transcurría la sesión parlamentaria. Cuando más de 200 mil manifestantes se replegaron, ya entrada la noche brotaron cacerolazos en decenas de barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Vecinos de algunos barrios obreros y muchos de la pequeña burguesía salieron a las calles, prendieron fogatas y miles marcharon al Congreso, donde al final, fueron también desalojados con violencia. En la mañana del 19 de diciembre, 128 diputados votaron a favor y 118 en contra de la ley. Algunos se ausentaron. Entre ellos, el ex vicepresidente (2003-07), ex gobernador de Buenos Aires (2007/15), ex candidato a presidente (2015, perdedor ante Macri), Daniel Scioli, ahora diputado recién asumido por Unidad Ciudadana (ex Frente para la Victoria) cuyo jefe de bloque, Agustín Rossi, fundamentó y votó contra la ley.
Balas y gases en toda la geografía
El miércoles 20, cientos de obreros del Ingenio La Esperanza (bajo administración del Estado provincial) en San Pedro, Jujuy, a 1.500 km. al noroeste de Buenos Aires, fueron atacados a balazos cuando manifestaban contra 400 despidos provocados por el gobierno provincial del radical Gerardo Morales, uno de los gobernadores de la coalición oficialista. Ese gobierno –que tiene encarcelada desde enero de 2016 a la dirigente de la agrupación Tupac Amaru Milagro Sala (adherente al kichnerismo) y otros integrantes de ese movimiento–, ordenó la captura de los dirigentes del Sindicato del Ingenio Sergio Juárez y Néstor Bautista (secretario general y secretario gremial), que tienen una clara postura antipatronal, Oscar Delgado (periodista de Radio Capoma) y Roberto Molina, (hijo de uno de los obreros) y 21 trabajadores más. Los sindicalistas y el periodista fueron liberados después de Navidad. El día 29, tropas de Infantería atacaron en las puertas de la Legislatura de Santa Cruz a docentes, estatales, del sector salud y jubilados movilizados por el pago de haberes atrasados y contra la votación allí en sesión extraordinaria del pacto fiscal de ajuste, rubricado por la gobernadora Alicia Kirchner con el presidente Macri y el conjunto de los mandatarios provinciales. Hubo varios heridos, entre ellos una docente integrante del gremio ADOSAC, quien debió ser operada por recibir un perdigón en una pierna.
Entre el 10 y el 13 de diciembre, la XI reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio fue la ocasión para desplegar una militarización del centro de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno prohibió el ingreso al país de miembros de ONGs generando un escándalo diplomático. Las manifestaciones callejeras de sindicatos, movimientos sociales y partidos de izquierda fueron reprimidas y hubo numerosos detenidos.
El accionar represivo del gobierno se extendió a toda la geografía. El 30 de noviembre la policía desalojó a balazos y gases a trabajadores precarizados afiliados a ATE que reclamaban por tener un convenio colectivo, del lavadero del Hospital Castro Rendón en la ciudad de Neuquén, a 1100 km. al suroeste de la capital. El 8 de diciembre, en esa misma provincia, la policía desalojó con violencia a los obreros de la maderera MAM que mantenían ocupada la planta en defensa de su fuente de trabajo. En esa ocasión, Raúl Godoy, dirigente de la recuperada Fábrica Sin Patrones (ex cerámica Zanon), militante del Partido de los Trabajadores Socialistas y también diputado provincial del FIT, fue baleado por la espalda y sufrió la fractura de un tobillo. Antes, el 18 de septiembre, la policía realizó otro desalojo violento en el Lof Fvta Xayen (Paraje Tratayen) a 80 km. de la Ciudad de Neuquén, en la zona conocida como Vaca Muerta, donde está el emprendimiento petrolero por fractura hidráulica que opera la Chevron desde el gobierno anterior. Más de 60 policías de la Unidad Especial de la Policía, entraron violentamente destruyendo la tranquera y deteniendo a autoridades mapuce, el werken Diego Rosales y a dos jóvenes kona del Lof. Gilberto Huilipán, vocero de la zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, denunció lo grave de que les plantaron armas en el procedimiento policial para deslegitimar la lucha mapuche. Denunció la connivencia entre los gobiernos provincial, nacional y las empresas petroleras que buscan desplazar a las comunidades de su territorio para avanzar con proyectos como el del fractura hidráulica, que contamina el río Neuquén.
El 25 de noviembre, la Prefectura baleó y mató por la espalda a Rafael Nahuel, un obrero soldador y herrero de 21 años, que se manifestaba como miembro de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, a 35 km. de Bariloche (1590 km. al suroeste de Buenos Aires), en la patagónica provincia de Río Negro. Esa comunidad intentaba defender un terreno recuperado y la Prefectura fue a desalojarlos por orden judicial. La lucha del pueblo mapuche ya se cobró la vida de Santiago Maldonado, un artesano solidario con esa comunidad, en la más sureña provincia del Chubut, el 1° de agosto. Ese día, los mapuce habían cortado la ruta 40 en reclamo de la libertad de su lonko Facundo Jones Huala (detenido con pedido de extradición a Chile tras una reunión del presidente Macri con su colega Michele Bachelet). A principios de 2017, el 11 de enero, la Gendarmería atacó al Lof Cushamen que reclaman por tierras adjudicadas al empresario italiano Benetton. Fueron heridos Emilio Jones con fractura del maxilar y Fausto Huala con fractura de cráneo. El gobierno imputa a esa comunidad de ser parte del grupo Resistencia Ancestral Mapuche, alegando también que se trata de un grupo guerrillero, en este caso andino.
El 7 de abril, tropas de asalto de Gendarmería desalojaron a obreros gráficos de la imprenta AGR Clarín en el barrio porteño de Pompeya, que ocupaban la planta desde mediados de enero, cuando el mayor pulpo de prensa despidió a los 380 trabajadores. La orden de desalojo la dio un juez contravencional y el ministerio de Trabajo convalidó las cesantías.
El 13 de julio, la Infantería de la policía de la Provincia de Buenos Aires, desalojó en la localidad de Florida, municipio de Vicente López (contiguo a la Ciudad de Buenos Aires) a los obreros de la multinacional Pepsico que cerró su planta cesanteando a 600 trabajadores de la Alimentación. El directivo del sindicato, Rodolfo Daer, justificó el cierre de la planta «por la caída del consumo» y acusó a «activistas de izquierda» (en referencia a la Comisión Interna de la fábrica) por la situación. Rodolfo es hermano de Héctor Daer, directivo del gremio de Sanidad, uno de los triunviros de la CGT y además diputado por el Frente Renovador que dirige Sergio Massa. El Triunvirato-CGT acordó con el ministro de Trabajo Jorge Triaca los términos de una nueva ley laboral que desarticula toda la legislación de las relaciones obrero-patronales de más de medio siglo de vigencia, incrementando la precarización de las condiciones de trabajo y facilitando los despidos sin justa causa. Dados los acontecimientos, el debate de esta ley se postergó para febrero. Y ahora parece que el gobierno piensa postergarlo, ante el temor a movilizaciones como las de diciembre.
Cobrar menos y ganar más
Para el gobierno, la aprobación de esta ley era (es) fundamental. El nuevo cálculo de los haberes de jubilados y otros beneficiarios, le quita ingresos en un año a la Administración Nacional de la Seguridad Social por un monto de 100 mil millones de pesos. Esa cifra «ahorrada» irá a distintas provincias, con los cual gobernadores no oficialistas –irónicamente llamados «opo-oficialistas»– podrán solventar gastos corrientes y algunas inversiones. Ahí están peronistas del PJ como Schiaretti de Córdoba y Urtubey de Salta y peronistas kirchneristas como Alicia Kirchner de Santa Cruz, Lucía Corpacci de Catamarca y Rosana Bertone de Tierra del Fuego Pero el grueso de ese dinero irá a manos de la gobernadora oficialista de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. El cambio en la forma de actualización es el eje de toda la reforma previsional y también de la fiscal. Con la fórmula derogada, en marzo del 2018 los jubilados hubiesen recibido un aumento del 14,5%, mientras que con la nueva ley apenas recibirían un 5,7%, es decir casi 9 puntos menos. Por ejemplo, para una jubilación de 10.000$ el aumento en marzo 2018 será de 570$ (contra 1.450$ del índice derogado) y en junio 2018, por la inflación de septiembre-diciembre 2017, se le aplicará entre el 5 y el 6 por ciento más, es decir entre 530$ y 630$. Sumados los dos aumentos, se llegará a una cifra entre 1.100$ y 1.200$, es decir entre 250$ y 350$ menos… y con un trimestre de retraso. El «bono compensatorio» que el gobierno concedió admitiendo implícitamente la caída de los haberes, es de entre 350$ y 700$, por única vez, monto que no se incorpora a la jubilación. En promedio, cada jubilado en vez de perder unos 7.000$ al año va a perder 6.300$. Además, la edad de intimación jubilatoria patronal se eleva a 70 años tanto para hombres como para mujeres, lo que significa cinco años más para los primeros y diez años más para las trabajadoras. Otro aspecto de la confiscación es la falacia de que repone el 82% móvil. Se trata del 82% del salario mínimo, vital y móvil, ya vigente de hecho en el miserable mínimo de 7.246$, que cobraba el 70% de los jubilados, equivalente al 82% de los 8.860$ del salario mínimo del trabajador en actividad a diciembre 2017. La canasta básica de un jubilado, oficialmente estaba estimada en diciembre en 16.000$. El diputado oficialista Pablo Tonelli resumió el despojo diciendo que los jubilados «perderán plata, pero no poder adquisitivo» (¡sic!). En enero, el gobierno decidió conceder a un millón 300 mil jubilados y pensionados un incremento de 528$ en promedio, respecto del ingreso percibido entre septiembre y diciembre últimos. El salario mínimo se incrementó de 8860$ a 9500$. Este aumento no rige para quienes hayan accedido a su jubilación a través de una moratoria y queda en 7790$ (el 82% de 9500$). En marzo próximo, cuando se aplique el incremento de haberes jubilatorios según la nueva fórmula, los que tuvieron este aumento ya no recibirán ninguna mejora.
Decretazo desde el fondo (monetario)
El 28 de diciembre, El Fondo Monetario Internacional exigió al gobierno de Macri continuar con el ajuste en gasto social y previsional. El FMI emitió sus conclusiones a partir de la auditoría que hizo de las cuentas argentinas. Fue apenas un día después de que el Ejecutivo comunicara la corrección al alza de la meta de inflación del 10% al 15% para 2018. Textualmente dijo: «Los directores indicaron que es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado rápidamente en los últimos años, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales».
El 11 de enero, el presidente (de vacaciones) por medio de un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia largamente preparado derogó 19 leyes y decretos y cambió otras 140 bajo los eufemismos de «desburocratización» y «simplificación» con los que prevé un «ahorro» para el fisco de otros 100 mil millones de pesos. No mencionó al FMI, pero explícita sin pudor que todas las medidas fueron recomendadas por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económicos. El decretazo reduce el monto de las multas y otras sanciones a las empresas que tengan trabajadores no registrados (hoy un 35% de los asalariados), adelantándose así a la difícil discusión parlamentaria de la (contra) reforma laboral. Todo un premio a los empresarios del fraude laboral y evasores de aportes a la Seguridad Social. Y en otra medida de futuros graves perjuicios habilita a los bancos a embargar las cuentas/sueldo para cobrarse cualquier crédito o deuda impaga de un trabajador en relación de dependencia, por montos que excedan tres sueldos. Hasta ahora todo el dinero habido en la cuenta sueldo era inembargable. Con este decreto, si el trabajador posee una suma superior a tres veces su salario, lo que exceda puede ser embargado. El Banco Central apoyó esa medida porque mejora… «la calidad crediticia y el acceso al crédito de alrededor de nueve millones de titulares». Una propaganda cínica similar a esa de que los jubilados «cobrarán menos pero ganarán más». El decreto también afecta gravemente a los jubilados. La ANSES, a través de su Fondo de Garantía de Sustentabilidad podrá crear de manera directa fideicomisos y operar con instrumentos «apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas». Es decir que podrá operar de manera directa como una entidad financiera. Otra medida a favor de los empresarios de la «patria contratista», cuyo paradigma es el grupo SOCMA de la familia Macri: los llamados iniciales de licitaciones de obras públicas ya no tendrán que publicarse en los boletines oficiales de las provincias y/o municipios afectados. Solo deberán reflejarse en el Boletín Oficial de la República Argentina y cada organismo en su sitio web. El gigantesco decreto deroga o modifica leyes de policía sanitaria, sociedades comerciales, registros públicos, fomento a la pequeña y mediana empresa, actividades portuarias, aviación civil, tránsito y seguridad vial, sistema métrico legal, marcas y patentes, energía, obras de arte, promoción del trabajo, administración de bienes del Estado, seguros, Unidad de Información Financiera (UIF) y actividad financiera. Al gobierno tan autoproclamado «republicano» parece no importarle la inconstitucionalidad del decreto. La Constitución Nacional (art. 99, inc. 3º) prohíbe al Poder Ejecutivo modificar leyes tributarias y penales. Como una ironía –o burla política– dos días antes del decretazo el Gobierno decidió no renovar la ley de «emergencia pública y reforma del régimen cambiario», llamada de «emergencia económica», que había implantado en enero del 2002 el gobierno provisional durante la grave crisis política y económica que estalló con la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001.
Comandos conjuntos, fuerzas de seguridad y fiscales
A partir de las jornadas de diciembre, al cumplirse 2 años del gobierno del empresario multi-rubros Mauricio Macri, ya nada será igual. Se abre un nuevo escenario político, en el que el gobierno –que tuvo un importante respaldo electoral apenas dos meses antes obteniendo más del 40% de los votos a nivel nacional– redobló sus planes de neto corte liberal en lo económico, para lo cual, ante las resistencias diversas en el terreno laboral y social, incrementó el despliegue armado contra movilizaciones de obreros industriales, docentes, estatales, trabajadores recientemente cesanteados y los desempleados crónicos que sobreviven en la economía informal autogestionada o cuentapropista. Tras haber ganado las elecciones legislativas, Macri convocó a un «gran acuerdo» a todos los gobernadores, a las cámaras empresarias, a los sindicalistas colaboracionistas y a la Corte Suprema de Justicia. Usando su jerga propagandística planteó un «reformismo permanente». La ministra de Seguridad Patricia Bullrich que defendió a ultranza a la Gendarmería acusada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, había alegado que no permitiría atacar a esa fuerza porque la necesitaba para acciones futuras. Además de las acciones contra las movilizaciones masivas de diciembre, anunció la creación de un «comando unificado» con las provincias patagónicas contra la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la que imputó ser un grupo «etnonacionalista» que practica «una violencia extrema», luego de una reunión que mantuvo con los ministros de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Esteban y de Seguridad, Trabajo y Ambiente de Neuquén. Jorge Antonio Lara. La ministra señaló que el comando tiene como propósito enfrentar a la RAM y su «lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra». Y anunció que van a convocar a los Poderes Judiciales Federal y de las provincias «para que este fenómeno violento no crezca».
Este argumento es uno de los ejes propagandísticos que viene usando el gobierno y repiten en cadena sus medios de difusión con imágenes repetidas hasta el fin (como el caso del activista del «mortero» o manifestantes tirando piedras a las tropas que atacan) y comentarios también reiterados acerca de la violencia de los que marchan y protestan. No hay analogía posible entre la represión institucional armada, y la resistencia de los manifestantes en su afán de ejercer el derecho a la protesta. Pero la propaganda oficial tiene una capacidad de penetración difícil de contrarrestar. La protesta y manifestación social de cientos de miles (como fueron las del 14 y 18 de diciembre) son opacadas en su magnitud cuando no ignoradas. Con una habilidad de verdaderos émulos de Goebbels (el ministro de Propaganda de la Alemania nazi), los propaladores de la cadena de radio y TV privada promotora de la política oficial, reproduce episodios violentos, apelando al «sentido común» de gran parte del pueblo que solo se entera a través de esos medios. Se asocia reclamo contra el despido o la rebaja de salarios, con hecho violento. La propaganda prepara a la población para aceptar y apoyar anuncios como los de la ministra Bullrich y las persecuciones judiciales en marcha.
El 29 de diciembre el gobierno acusó a los diputados Mayra Mendoza (lesionada por gas pimiento en el Congreso), Leopoldo Moreau, Horacio Pietragalla, Andrés Larroque, Daniel Filmus, Máximo Kirchner, Marcos Cleri del bloque Unidad Ciudadana ex FpV, y al ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto (del mismo sector) y al diputado nacional Nicolás del Caño y la legisladora porteña Myriam Bregman (ambos del PTS-FIT). Los imputa de amenazar a la Gendarmería y de interponerse a la detención de manifestantes. Los apresados el lunes 18 fueron liberados, pero quedaron varios capturados el jueves 14. El fiscal federal Germán Moldes aprovechó el momento para apelar excarcelaciones de detenidos el 1° de septiembre, en la inmensa movilización al cumplirse un mes de la desaparición de Maldonado. En términos políticos le exigió a los legisladores: «Necesitamos una ley que vaya más allá, que no puedan entrar y salir con tanta facilidad. Si no abrimos los ojos y nos damos cuenta lo que está pasando, estamos fritos»… «La única forma de evitar que esto suceda es diseñando nuevas leyes, lo que corresponde a otros Poderes del Estado. En ellas deberán preverse como causales de impedimento de la excarcelación o la soltura anticipada el participar de estos actos disimulando la identidad –mintiendo sobre ella, encubriéndola o usando algún artilugio de similar consecuencia–; concurrir munidos de palos, armas caseras, armas tumberas u otros objetos similares; participar en una agresión orquestada y premeditada generando daños a las personas y a los bienes públicos o privados». Moldes refirió sus consideraciones también sobre lo ocurrido frente al Congreso los días 14 y 18: «No encuentro grandes diferencias entre esas horas infaustas de esta última semana y los hechos del 1° de Septiembre… salvo, quizás, que los delincuentes han progresado en organización, táctica y armamento. Ya no vale tildarlos de ‘revoltosos‘ o ‘agitadores‘ cuando las imágenes de la televisión y la crónica de los periódicos nos muestran el disciplinado accionar de una milicia sincronizada con jefaturas, logística y previsión de pertrechos ofensivos y defensivos suficientes para llevar a cabo sus designios de inhabilitar a través de la violencia y la acción directa, la convivencia democrática». Recordemos que contra esa manifestación del 1° de septiembre, actuaron a ojos vista comandos en ropas civiles que capturaban manifestantes y los entregaban detenidos a uniformados. Esto se repitió el 18 de diciembre, cuando fueron vistos policías que se quitaban pecheras con el rótulo «ATE» al entrar en una sede policial.
Así, el poder arremetió en dos frentes al mismo tiempo. Por un lado, para acorralar a opositores parlamentarios y descabezar en ese terreno a la izquierda. Por el otro, a los movilizados callejeros. El uso político del término sedicioso vuelve a ser parte del léxico de los gobernantes. El juez Sergio Torres denegó la excarcelación de César Arakaki, y Dimas Ponce, militantes del Partido Obrero-FIT, a raíz de su participación en la marcha del pasado 18 de diciembre. Las acusaciones: «resistencia a la autoridad e intimidación pública».
Y prepárense para lo que se viene
Vale la pena reproducir el análisis de Rosendo Fraga, un comentarista político y militar directamente vinculado al poder, para comprender cómo actuará el gobierno de ahora en más:
«Los tristes acontecimientos que tuvieron lugar frente al Congreso de la Nación el jueves 14 y el lunes 18 diciembre han generalizado una interpretación –incluso dentro del propio oficialismo– de que el primer día hubo un exceso del uso de la fuerza por parte de los efectivos federales (Gendarmería y Policía Federal) y en cambio que en la segunda hubo un uso moderado de ella. Se trata de una interpretación que merece ser revisada, dado que es posible que en los próximos meses vuelvan a repetirse episodios semejantes. En primer lugar, la cantidad de agentes de las fuerzas de seguridad heridos es un indicador. El 14 fueron 9; en cambio, el 18 llegaron a 88, es decir se multiplicaron por 9 veces. La cantidad de detenidos es otro indicador. El jueves 14 fueron 45, mientras que el lunes 18 llegaron a 70, un incremento superior al 50%. La primera vez comenzaron a ser liberados a las 48 horas; el segundo día de protesta, a las 10 de la mañana del día siguiente ya no quedaba privado de su libertad ninguno de los 70 detenidos. Más de una semana después de estos hechos, todavía está prófugo el manifestante que disparaba ante los ojos de todos una suerte de mortero casero. Los manifestantes heridos es un tercer indicador. Como en este caso no hay información oficial, podemos recurrir a las fuentes periodísticas. En la primera oportunidad habrían sido 15, en cambio en la segunda llegaron a 74, es decir 5 veces más. El jueves 14, los incidentes violentos frente al Congreso duraron menos de 3 horas. En cambio, el lunes 18 llegaron a 7 horas. Más que duplicaron el tiempo. En cuanto a la imagen internacional, no cabe duda que el efecto negativo se dio en ambos casos, pero fue sensiblemente mayor en el segundo, tanto por la duración como por la imagen de debilidad que daban los efectivos de la Policía porteña empeñados. Vale recordar que el viernes 15 de diciembre tuvo lugar un nuevo ‘viernes de ira’ en torno a la capitalidad de Jerusalén y, las imágenes de lo ocurrido en Buenos Aires tres días después, se mezclaban en los noticieros internacionales.»
Lo destacado en negrita por nosotros es elocuente: pronóstico y advertencia a los propios gobernantes acerca de que la represión física debe ser más eficaz, debe doblegar a las protestas que considera inexorables y debe evitar hacer visible la aplicación de la fuerza represiva para no sufrir más desprestigio. Lo del «mortero casero» se refiere a un petardo de fuegos artificiales atado a una rama que usó Santiago Romero, un militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, delegado sindical de una fábrica automotriz de Rosario y exprecandidato en las listas del FIT. La imagen televisiva de Romero fue repetida mil veces y la propaganda lo asoció a supuestos «grupos comando». A espaldas del manifestante, había una multitud de 200 mil personas. Al momento de escribir esto, seguía con orden de captura. El 15 de enero, su abogado Martín Alderete sufrió un atentado. Entraron al garage donde está residiendo durante la madrugada, rompieron el vidrio del auto y le tiraron una bomba de estruendo similar al que su defendido usó en la manifestación que incendió parcialmente el vehículo.
Otra represión es posible: la parapolicial
Paralelamente a estos hechos, el 20 de diciembre, el concejal de Unidad Ciudadana en el municipio de San Martín, contiguo a la capital, Hernán Letcher, fue asaltado en su casa por un grupo comando no identificado. Fue golpeado brutalmente, amenazado su hijo con ser secuestrado y le robaron su computadora y teléfono móvil. Letcher denunció que los atacantes dijeron que conocían perfectamente sus movimientos, sus actividades y hasta quién trabaja como empleada en su casa. Lechter dirige el Centro de Economía Política Argentina, que publica informes muy críticos de la gestión económica del gobierno. En un hecho similar, el 26 de diciembre Laura González, trabajadora de Servicios Públicos de Delegación La Paz de la Municipalidad de Quilmes (17 km. al sudoeste de la capital, afiliada de la Asociación de Trabajadores del Estado, fue brutalmente golpeada por dos hombres armados y con cascos que irrumpieron en su casa y la amenazaron: «Dejate de joder con los reclamos por los despidos si no querés que tus hijas sufran las consecuencias», dándole los horarios de salida y entrada de las niñas y los horarios de la casa. La agredida –que fue a parar a terapia Intensiva–, había denunciado semanas antes al Secretario de Servicios Públicos local, Sergio Chomyszyn, por amenazas contra ella, en la pelea por horas extras para sus compañeros y encabezó una movilización al Concejo Deliberante del municipio, por el despido de 46 trabajadores. La CTA-A Bonaerense responsabilizó al intendente macrista Martiniano Molina. Episodios similares ocurrieron en los meses anteriores contra activistas sindicales y sociales y también contra jóvenes de las barriadas pobres. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional informó en diciembre que en 722 días del gobierno actual, las fuerzas estatales mataron a 725 personas en acciones de «gatillo fácil» o en represión a manifestaciones. En comparación con el gobierno anterior, el promedio de un muerto cada 38 horas, creció a uno cada 25 horas. Otro informe revela que desde que asumió Macri se registraron 111 hechos represivos que dejaron 328 personas heridas, además de dos muertos.
La persecución judicial continuó como prolongación de la represión física. En la primera semana de enero la Cámara Federal denegó la excarcelación a seis detenidos en la manifestación del 14 de diciembre –entre ellos dos adolescentes y dos personas en situación de calle– con pretextos de que podrían entorpecer la investigación o que no tienen domicilio. Y a otros dos, miembros del PO (César Arakaki y Dimas Ponce), que se presentaron en sede judicial al saber que eran buscados, con el pretexto de que podrían fugarse. La «doctrina Moldes» se aplica sin necesidad de reformar ningún Código. El policía que pisó con su moto a un manifestante caído se vanagloria de «matar villeros terroristas». El policía que roció con gas a un jubilado publicita la canción de las juventudes hitlerianas, y el himno de las SS nazis. El Jefe del Gabinete Nacional Marcos Peña dijo estar «orgulloso» de las fuerzas de Seguridad. Y para completar el panorama, el 5 de enero apareció un artefacto explosivo en la calle de la propia Policía Federal, bajo un carro de asalto, con un volante firmado… por un «Partido Obrero». Semejante provocación –realizar atentados y atribuirlos a organizaciones de izquierda– recuerda a la época del régimen terrorista de la Triple A. Esos operativos eran seguidos de detenciones, secuestros y asesinatos de militantes de izquierda.
Corrupción ayer, hoy… Y Sigue
Desde su campaña electoral en 2015, Macri y los miembros de la alianza Cambiemos hicieron uno de sus ejes propagandísticos, denuncias y acusaciones hacia integrantes del gobierno kirchnerista sobre corrupción, presentándose como republicanos en pro de la transparencia. Muchos de los funcionarios de aquel gobierno ya tenían causas judiciales iniciadas que no prosperaban y acusaban al Poder Judicial de cómplice y/o sometido a presión. Bajo el gobierno anterior, un alto funcionario, Ricardo Jaime, fue condenado y encarcelado por corrupción y el dirigente sindical José Pedrazza, defendido públicamente como gran «amigo» por el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, fue condenado como criminal por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra. A partir de la instalación del gobierno de Macri, esas causas fueron reactivadas. Y su aparición, parece bien calculada a los efectos también propagandísticos. Cada vez que el presidente o algunos de sus altos funcionarios son denunciados por negociados, reaparece una causa y la prensa dominante acompaña con una cadena interminable. La ex presidenta Cristina Fernández (ahora senadora) es su blanco preferido y hasta tiene una orden de detención. Macri asumió procesado en una causa por espionaje y fue absuelto rápidamente. Macri y varios de sus ministros fueron puestos en evidencia en los Papeles de Panamá como evasores y lavadores de dinero. Ofreció «explicaciones» inconsistentes. Macri fue puesto al descubierto en un intento de anular una fabulosa deuda de una de sus empresas en la estafa del Correo Argentino. Respondió que el intento quedó en la nada. Su jefe de Inteligencia Gustavo Arribas fue denunciado como partícipe del escándalo con la empresa brasileña Odebretch. Sigue en su cargo. Macri hizo aprobar una ley de blanqueo de capitales ilegales, concediendo que no alcanzaba a miembros del gobierno y familiares. Después de aprobada, por un decreto anuló los artículos que establecían ese impedimento. Una información puso de relieve cómo Macri falseó su declaración jurada de bienes y el periodista denunciante Horacio Verbitsky fue forzado a dejar el diario Página 12. Y hay más todavía. El tema no es si esos ex funcionarios cometieron o no los delitos que se les imputan, sino el uso descaradamente político del Poder Judicial. El revanchismo gorila, bien comparado con el proceso que siguió al derrocamiento de Perón en 1955, le sirve al gobierno en varios sentidos. Para golpear políticamente a la principal fuerza contendiente en el ámbito institucional. Para sostener la adhesión de la parte del electorado que lo apoyó y lo sigue apoyando en esta campaña «anticorrupción» que se refiere solo a la del anterior gobierno y oculta todo lo que puede, la del actual. Y en el mismo sentido, para sostener esta bipolaridad política macrismo vs. kirchnerismo que es útil a ambos bandos. Al oficialismo le ha dado réditos electorales y al kirchnerismo para seguir apareciendo como principal oposición, mientras gobernadores y legisladores de esta fuerza aprobaron el pacto fiscal y la devaluación jubilatoria. Un fenómeno similar se da entre el gobierno contra una parte de las burocracias sindicales. El gobierno aprovecha la vulnerabilidad y el desprestigio de esos burócratas por su histórico patoterismo, su entreguismo pro-patronal y ostentación lujuriosa, para recoger simpatías entre millones de trabajadores que los odian. Y simultáneamente ataca a cualquier organización sindical como forma de debilitar la resistencia obrera a su régimen. La gobernadora Vidal promueve la desafiliación gremial de los docentes bonaerenses en la página de los recibos de cobro. El legítimo castigo que merecen estos políticos y sindicalistas corruptos no debe esperarse del mismo Poder Judicial que ampara sus ilegalidades cuando conviene a los intereses de gobernantes y la clase empresaria.
En este tema, también resulta notable no solo la influencia de la propaganda oficial, sino la conducta de una gran masa de adherentes al macrismo. Por ejemplo, las diputadas oficialistas Elisa Carrió y Graciela Ocaña, en 2001 fueron denunciantes de Federico Sturzenegger por la estafa del «megacanje» de la deuda bajo el gobierno de De la Rúa. Hoy comparten el gobierno con su acusado que es presidente del Banco Central. Este cinismo de la política burguesa parece no hacer mella en las conciencias (¿?) de amplios sectores de la pequeño burguesía que se espantan por los que «se robaron todo»… del otro bando.
Por segundo año la inflación superó dos veces la «meta inflacionaria»
La situación económica se tornó crítica. La inflación general de 2017 fue del 24,8% (cifra oficial) o del 27,12% (según la CGT), casi 10 puntos más del 17% que el gobierno había prometido), pero en los rubros alimentario, medicamentos y servicios fue muy superior. En 2016 pasó exactamente igual. La «meta» era como máximo el 12% pero fue del 41% (cifra oficial). Al día siguiente de aprobado el presupuesto 2018 con una fantasiosa «meta inflacionaria» del 10%, el gobierno anunció que «recalibró» y que sería del 15%. Con este anuncio, se trata de poner un techo anticipado a las futuras paritarias. El Jefe de Gabinete Marcos Peña lo proclamó sin tapujos: «Las paritarias son libres. Lo que sí consideramos es que es muy importante que la sociedad se comprometa con esta meta del 15 %». Pero la catarata de tarifazos en electricidad, transporte, combustibles, peajes, impuestos municipales y provinciales augura que será superada largamente. El gobierno hizo aprobar un Presupuesto 2018 estimando un dólar promedio a 19,30 $. Las quejas de los sectores exportadores y del mismo FMI sobre un dólar «atrasado» no se hicieron esperar. En la segunda semana de enero el dólar oficial ya estaba a 19,30$. Esta devaluación, más los aumentos de precios, provocaron una pérdida importante del poder adquisitivo de los salarios en pocos días. Son 28 las grandes empresas que producen el 80% de los productos de la canasta básica. La devaluación es una de las medidas de incrementar las ganancias capitalistas, reduciendo los salarios en dólares e, inflación mediante, en pesos. Es el método para bajar los costos laborales, complementando a la (contra) reforma laboral en marcha. La inflación acumulada desde diciembre de 2015 hasta octubre de 2017, según Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, fue de 70,1 %. El economista liberal Miguel Kiguel, considera que «Argentina tardará entre 4 y 10 años en bajar la inflación a un dígito». El propagandista macrista Marcelo Longobardi, rendido ante los fracasos gubernamentales en esta materia, dijo por la clarinista Radio Mitre: «Argentina ha decidido convivir con la inflación». Casi una repetición de aquel famoso título de Clarín cuando la masacre de Kosteki y Santillán en 2001: «La crisis causó 2 nuevos muertos». Obsérvese cómo la propaganda del sistema despersonaliza la responsabilidad de sus propias acciones económicas. La inflación es culpa de «Argentina»… no de los gobiernos y la clase capitalista.
Presupuesto para pagar deuda… ¿hasta cuándo?
El Presupuesto establece que el 28% del gasto será destinado al pago de la deuda pública nacional, lo que quiere decir que una parte deberá pagarse en pesos y otra parte en dólares, aunque buena parte de esa deuda en interestatal o sea no se pagará. Las cifras: unos 406 mil millones de pesos durante el 2018, 1.100 millones por día o 46 millones de pesos por hora. Estas cifras representan casi cuatro veces la inversión en Salud Pública y más de 11 veces la de Ciencia y Técnica. El presidente proclamó en sus vacaciones visitando un parque eólico (sobre el que estalló otro escándalo al revelarse un negociado de las empresas del grupo Macri) que «No queremos seguir tomando deuda y obligar a nuestros hijos y nietos a pagarla». Y lo repitió días después: «No es de buenos padres dejarles deudas a sus hijos». Para 2018 está previsto un endeudamiento de 30 mil millones de dólares, que se refinancia con nueva deuda. La explicación del gobierno es la clásica: se toma deuda en dólares para no emitir pesos que causan la inflación. La realidad desmiente todo. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda informó en base a datos del Banco Central, que «la formación de activos extranjeros por parte de residentes argentinos» –¡la fuga de capitales!– alcanzó los 22.100 millones de dólares en 2017. Creció un 123% respecto al año anterior. Eso es lo que admite el Estado. Lo que se fugó «en negro»… no se sabe. Y Según el Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación, de la «nueva deuda» de 61.664 millones de dólares, el 75% fue para financiar… salida de capitales. El principal negociado fue comprar Letras del Banco Central que pagaron fabulosos intereses en pesos y luego reconvertirlos en dólares para fugarlos. El endeudamiento serial financia la fuga y con ella ganancias incalculables. Pero la inflación no bajó, sino que trepó al 27% en 2017. La anterior presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo muchas veces durante su mandato que era una «pagadora serial» de deuda, para demostrar su solvencia. Macri presidente puede ser calificado de «fugador serial» y además… mal padre. Se estima que la deuda total ya alcanza la friolera de 350 mil millones de dólares. La combinación de endeudamiento infinito, breve período de apreciación artificial del peso alternada con inmediata devaluación y alta inflación persistente, provoca fabulosas ganancias en tiempo récord al capital financiero. Si a esto se suman los tremendos déficits fiscal, comercial y de la balanza de pagos, la situación se complica. Macri tiene (hoy) varias ventajas que lo diferencias respecto del De la Rúa de diciembre del 2001: no heredó recesión ni alto endeudamiento y por ahora no tiene obstáculos para renovar los vencimientos de deuda porque conserva la confianza del FMI.
Marea de despidos
La ola de despidos y suspensiones masivos se intensificó en los mismos días que se desencadenó esta crisis. Hubo 1.412 casos en noviembre y 3.346 en diciembre. Siguen en enero. En el sector estatal en organismos descentralizados, el 91% de los mismos corresponden a Fabricaciones Militares (Azul en Buenos Aires, Villa María en Córdoba, Fray Luis Beltrán en Santa Fe y la sede central en la capital),Televisión Digital Abierta, TV Pública, Canal de la Ciudad y Radio Nacional, ENACOM, en muchos ministerios nacionales y en distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el ya mencionado Ingenio La Esperanza en Jujuy. En el sector privado, en Ingenio Ledesma, Coca Cola, Granjas Riojanas y La Rioja Vitivinícola, BRF, en el sector frigorífico. Radios Rivadavia y El Mundo en el sector prensa. En el textil los de Kalpakian y Medias Ciudadela. Y sigue la lista… Las respuestas obreras han sido limitadas pero significativas. A las movilizaciones reprimidas violentamente en Jujuy se sumó la pueblada de Azul el 4 de enero, una marcha hacia la capital y un acampe. El cierre de Fanazul despertó una indignación generalizada y miles de manifestantes salieron a apoyar a las 220 familias de los fabriqueros cesanteados. El 15 de enero 130 metalúrgicos cesanteados de hecho por la autopartista Stockl cortaron la entrada al parque Industrial de Burzaco, localidad del suroeste del Gran Buenos Aires. Desde el 22 de diciembre en que la empresa cerró, controlan la puerta de la fábrica por lock out patronal, impidiendo que se lleven las máquinas. No cobraron los sueldos de noviembre, diciembre y aguinaldo. El último día del año, 23 trabajadores fueron echados de la aceitera Oleaginosa Huanguelén en Bolívar (Pcia. Bs. As.). La ola ya es marea en enero: la autopartista Itec anunció el cierre definitivo de su planta en Santa Lucía, San Juan (a 1.600 km. al oeste de la Capital) ya que Peugeot que era su único cliente, decidió no comprarle más los cables que fabricaba y lo hará con productos importados; dejó a 359 trabajadores en la calle y sin cobrar indemnización. A eso se suman 70 despidos en la plástica Bopp (de la multinacional Oben Holding) de Campana, 120 en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, otros 122 en el Hospital Posadas de Haedo (en provincia de Bs. As.). En Coronel Suárez, la fábrica de calzado Dass (brasileña) suspendió hasta febrero a los 300 trabajadores, que luego serán despedidos. El 19 de enero cerró el ingenio San Isidro de Campo Santo, en Salta dejando en la incertidumbre a 730 obreros. Por eso es imposible establecer el número de nuevos desocupados.
La desocupación es una de las herramientas favoritas del sistema para tirar a la baja el salario de los trabajadores ocupados. ¿A cuánto alcanza? Difícil admitir las cifras oficiales ya que el INDEC macrista de Todesca (que tanto criticaba al INDEC kirchnerista intervenido por Moreno), provocó un apagón estadístico a comienzos de 2016 para dibujar las cifras. Solo en el Gran Buenos Aires, según los datos más confiables del CEPA, la desocupación en el primer semestre de 2017 ya era del 11,35% –promedio– (11,8% en primer trimestre y 10,9% en segundo trimestre). Pero el mismo Todesca admitió que la desocupación en la franja juvenil entre 20 y 30 años alcanza al 45,7%. El gobierno que vino a dar trabajo y futuro sonriente ya casi duplicó el desempleo heredado… ¡en dos años!
Estado de excepción permanente o régimen fascistoide
Las jornadas de diciembre dejaron un perfume al diciembre de 2001, cuando una rebelión democrática derribó a un gobierno democrático que culminó sus medidas antipopulares con la confiscación masiva de ahorros. Pero la reacción gubernamental de la alianza Cambiemos ante las multitudes movilizadas contra la confiscación de los haberes previsionales dejó el hedor de épocas en que un gobierno de origen constitucional arrasa con las garantías del estado de derecho como en 1973 tras la masacre de Ezeiza y la aparición de la Triple A, o la represión del 20 de diciembre de 2001 con el estado de sitio impuesto por De la Rúa y su secuela de 44 muertos, o en 2002, cuando el gobierno provisional de Duhalde provocó la masacre del Puente Pueyrredón, con los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Pero todas estas situaciones son diferentes, aunque los antecedentes históricos deben tenerse bien presentes.
Muchos sectores políticos antigubernamentales alertan acerca de la instalación de un estado de excepción para graficar cómo el gobierno que enuncia propagandísticamente principios republicanos arrasa en los hechos libertades democráticas elementales, con metodología represiva brutal física y jurídicamente, para sostener sus medidas económicas. Se entiende que muchos manifestantes griten «Macri basura/vos sos la dictadura» porque asimilan métodos, planes y hasta personajes de la última dictadura con las acciones del actual gobierno. Se entiende que hagan esa comparación porque este mismo gobierno intentó disminuir la prisión de los genocidas con el derrotado «2 x 1». Se entiende, porque muchos integrantes del gobierno han denostado a los desaparecidos en dictadura y bajo su influencia, el Poder Judicial decreta excarcelaciones domiciliarias de genocidas (hubo grandes manifestaciones en enero en Mar del Plata y Mar de Ajó para repudiar a los genocidas Miguel Etchecolatz y Norberto Bianco de «vacaciones»). Y expresamente promociona la reivindicación de las Fuerzas Armadas en «la lucha contra la subversión» en actos de fuerte simbolismo político. Y los diputados macristas Nicolás Massot y Pablo Tonelli reiteran los planteos de «reconciliación», es decir, impunidad a los genocidas. Por todo esto se entienden esas comparaciones. Pero conceptualmente no es correcta la equiparación. Se trata de un gobierno ungido y ratificado en actos electorales en un sistema institucional que la mayoría ha aprobado dentro de las reglas de juego políticas del sistema. Y no solo no es correcta esa calificación, sino que expresa una incomprensión acerca del curso «excepcional» que muchas veces toman gobiernos constitucionales. Revela una incomprensión acerca de la esencia del sistema representativo de esta democracia y que, lo que mal se supone como una «excepción» es casi la modalidad habitual de gobernar el Estado, sobre todo, cuando sobrevienen crisis políticas como las que desencadenaron las jornadas de diciembre. Una situación como la actual, no era visible apenas dos meses antes, cuando el gobierno tuvo un fuerte apoyo en los comicios de octubre convirtiéndose en la primera minoría electoral en el país y con gran predominio en los principales distritos. Macri no preside una dictadura pero construye un régimen represivo. En el sistema democrático vigente, ese respaldo electoral funciona como un imprescindible apoyo para emprender medidas drásticas en el terreno económico, que supone un renovado despojo de los asalariados. Así lo tomó el oficialismo: se envalentonó para tomar esas medidas que le recaman como impostergables el FMI y gran parte del empresariado. Así lo tomaron la oposición parlamentaria y de gobernadores no oficialistas que tras las manifestaciones del jueves 14 les paralizaron el debate de la ley en Diputados. Por eso, sellaron el pacto fiscal/previsional/laboral y presupuestario, ante el temor de que una nueva movilización lo impidiese. Y ese pacto, que es esencialmente político, fue un aval a la continuidad de las acciones represivas. Oficialistas y opositores son componentes esenciales del sistema democrático. Pero hay tendencias subterráneas, o no visibles, que no se expresan en las contiendas electorales. Para muchos, resulta incomprensible cómo mayorías ciudadanas votan a candidatos que ya los habían estafado, les reiteran su respaldo electoral y padecen muy rápidamente, como consecuencia de ese apoyo, el despojo de conquistas elementales. El pensamiento vulgar sostiene que «la gente vota con el bolsillo». La realidad desvirtúa esta afirmación, ya dos veces consecutivas. Millones de electores disocian «la política» con su propia realidad económica, social y laboral. Si en 2015 la opción electoral por el macrismo era justificada por muchos de sus votantes con el también vulgar «yo no sabía» (¿¿quién no conocía la trayectoria de Mauricio Macri en los últimos 25 años??), el pretexto se derrumba ante el renovado voto amarillo en octubre 2017. Para que el macrismo haya ganado dos elecciones consecutivas, lo votaron muchísimos trabajadores. En menos de dos años, más de un millón de trabajadoras/es perdieron su empleo y la inflación del 60%-70% en ese lapso, devoró sus ingresos con tarifazos y mucho más. ¿Los votantes vergonzantes dirán que Macri no había dicho que haría… lo que ya había hecho? La conducta electoral del pueblo es un tema que merece analizarse con mucha profundidad.
Sin embargo, después de diciembre el gobierno ya no puede gobernar como hasta ahora, a pesar de su triunfo electoral. La presunción que Macri imponía sus planes sin grandes obstáculos, duró poco. Las movilizaciones derribaron la propaganda bien instalada de que aplicaría las medidas más antipopulares con «consenso». Durante 2 años consiguió aprobar 181 proyectos de ley, sobre un total del 250 que envió al Congreso Nacional. El porcentaje es el 72,4%. Lo logró negociando con los opo-oficialistas del peronismo disperso (PJ, Frente Renovador, algunos legisladores kirchneristas) y el triunvirato directivo de la CGT. Luego de las jornadas de diciembre, arremete con la fuerza del Poder Judicial contra legisladores kirchneristas y del FIT, contra manifestantes apresados en las calles, contra activistas en acciones parapoliciales. Las contradicciones internas le impidieron a Macri sacar la ley previsional por decreto en diciembre, ante el miedo a una respuesta popular más intensa aún. Pero lo hizo en enero con el decretazo cuyo alcance revela un plan preparado desde mucho tiempo atrás.
Si se entiende por «estado de excepción» a un régimen político que gobierna con decretos del Ejecutivo puenteando el proceso legislativo propio de la institucionalidad vigente, con consentimiento u omisión parlamentaria, y complementa esas acciones con un despliegue represivo judicial, policial y parapolicial, estamos en presencia de un régimen fascistoide, que no es una dictadura militar pero que modifica sustancialmente el sentido de la democracia constitucional. Este rumbo del gobierno argentino se inscribe en la ola reaccionaria continental que con diferentes formas (elecciones fraudulentas o golpes de Estado parlamentarios) se afianza a partir del ascenso de Trump en Estados Unidos (otra vez allí, un presidente elegido con menos votos de los que saca su contrincante). Brasil tras el golpe, y México sin golpe, padecen hace tiempo «estado de excepción». La «excepcionalidad» tiende a hacerse permanente. Esa permanencia es inestable, precaria, porque las movilizaciones y luchas sociales cambian las relaciones de fuerzas. Eso quedó en evidencia tras las jornadas de diciembre. Estas jornadas derribaron muchos mitos bien instalados por la propaganda gubernamental. Uno de ellos es que el PRO construido en la década anterior se trataba de una supuesta «derecha democrática», fantasía «comprada» por mucha prensa progresista. Otro, que el macrismo había consolidado una supuesta «hegemonía» que, tras el último respaldo electoral, le permitiría gobernar más o menos tranquilamente. Después de diciembre, podrá conservar gobernabilidad, imponer más leyes reaccionarias, mantener extorsionada a una parte del sistema político (las persecuciones judiciales a miembros del kirchnerismo, de las burocracias sindicales y extenderlas a la izquierda como lo está haciendo), incrementar sus métodos represivos, y hasta ganar elecciones (como pudo Menem en 1995). Pero difícilmente logre restituir la imagen de un gobierno de «derecha democrática».
Entre el liberalismo fascistizante y el frentepopulismo del «volveremos»
La estrategia ultraliberal en lo económico y fascistizante en lo jurídico-político en marcha está clara. Y las jornadas de diciembre la pusieron en crisis. Ante esta situación, el peronismo K está tratando de conformar un gran frente «nacional y popular» de apariencia centrista, cuidadoso de la gobernabilidad, donde entran desde el kirchnerismo hasta Rodriguez Sáa, Massa, intendentes y gobernadores y desde lejos… el Papa. Y presentarlo como oposición a Cambiemos para el 2019. En esta perspectiva, el dirigente de La Cámpora y diputado nacional Andrés Larroque, dijo: «Debemos estar unidos con Hugo Moyano y con todos los dirigentes que se están dando cuenta que la Argentina no tiene destino con este programa económico… Durante buena parte de nuestro gobierno caminamos en conjunto con Hugo. Después hubo diferencias. Ahora se están dejando de lado las contradicciones secundarias para atender los cosas que le importa a la gente». Y en relación a Massa: «Más allá de los dirigentes, hay que ver qué expresan esos dirigentes, cuál es en definitiva su base electoral. Después hay declaraciones o actitudes que gustan menos. Hemos tenido acuerdos en este tiempo para oponernos a políticas del macrismo, que es lo que quieren muchos dirigentes del Frente Renovador y también su base electoral».
Así tratarán de entrampar a grandes sectores populares, incluyendo el progresismo, con que esa es la única opción «de poder» al macrismo. Con dificultades, pero con inteligencia, el peronismo K trabaja hacia su derecha dentro del PJ y a su izquierda (con sindicalistas de las CTAs, algunos disconformes con la cúpula de la CGT, e intelectualidad progresista). Esta política aún tiene capacidad de engañifas e ilusionar a amplios sectores populares, ya que se presenta (y representa) como la única opción en una disputa electoral con el oficialismo. Despliegan una intensa propaganda de contenido reivindicatorio revestida de invocaciones ideológicas nacionalistas y populares, intentando borrar las herencias de las que el macrismo no se queja: la instalación de la Gendarmería en los barrios pobres de grandes ciudades, el Proyecto X de espionaje y represión al activismo sindical y la izquierda. Y el andamiaje jurídico represivo de la llamada Ley Antiterrorista; el haber sometido al país a la jurisdicción del extranacional del CIADI y/o tribunales de Estados Unidos en los litigios económicos internacionales (caso de los fondos buitres y el juez Griesa); incluso elogian el desendeudamiento externo por la quita de pasivos y su posterior cumplimiento estricto de pagos de una deuda que ya había sido calificada de fraudulenta, inmoral y odiosa («pagadores seriales»). Los contratos petroleros secretos con Chevron en Vaca Muerta, el veto a la ley de Glaciares, la promoción de la minería depredadora en acuerdo con la Barrick Gold, el impulso sostenido al modelo sojero/agrotóxico proveedor de divisas, la designación como presidente de la Corte Suprema a Ricardo Lorenzetti… y muchos etcéteras. Esta intensa propaganda exalta sus medidas «inclusivas» (asignación universal por hijo, moratoria jubilatoria y re-estatización del régimen previsional, recuperación del empleo tras la masiva desocupación después del estallido de 2001/2002, vigencia de paritarias y recuperación de salarios, repatriación de científicos, etc.) a las que presenta como virtudes propias de su política «antineoliberal», desvinculándolas del ciclo económico de restauración capitalista que provocó una reexpansión de las fuerzas productivas (crecimiento a «tasas chinas») y durante el cual se produjo una transitoria inversión del deterioro de los términos de intercambio. El ciclo económico mundial elevó los precios de las materias primas y los productos agropecuarios –con su estrella la soja– que vía retenciones a la exportación ofreció recursos para la política de «redistribución de la riqueza». En este período, si bien la clase obrera nunca recuperó el nivel de vida anterior a la década de los ‘90, sí pudo poner coto a la ofensiva del capital. Pero el trabajo precario siguió por encima del 30%. El modelo productivo ponderado como «desarrollista» e «industrialista» no fue modificado en su esencia. La principal fuente de recursos del país siguió centrada en el modelo agroexportador de materias primas. Cuando la crisis económica internacional del 2008 descargó sus consecuencias, como por ejemplo la baja de los precios internacionales de los productos del agro, y eso implicó un descenso en las rentabilidades empresarias (la que se «llevaban en pala»), las clases dominantes que mantuvieron su poder intacto, accionaron por la recuperación de la tasa de ganancia, iniciando la crisis política. Esta propaganda destaca la guerra con el pulpo de medios Clarín como una gesta heroica. Pero omite que fue durante la presidencia de Néstor Kirchner cuando se autorizó la compra de Multicanal por parte de Cablevisión (de Clarín) con la firma de su secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, incrementando fabulosamente el poder del grupo que después le declaró la guerra. Exalta la Ley de Medios que no pudo desarticular ese pulpo, que para impedir su aplicación contó con el apoyo de la Corte Suprema que el gobierno ponderaba como ejemplo de «independencia» de poderes. Y otro tema muy importante que el peronismo K presenta como virtud propia, es la cuestión de la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fue la lucha infatigable de los organismos de derechos humanos (¡no olvidar la multitudinaria marcha del 24 de marzo de 1996!) y la iniciativa legislativa de una diputada de Izquierda Unida (Patricia Walsh) la que posibilitó esa conquista de dimensiones históricas. Toda esa propaganda incide y tracciona mucho a activistas y dirigentes, que –razonando con esa misma lógica ideológico-política– consideran que por lo menos así puede sacarse de encima al macrismo… y después veremos. O volveremos…
Romper la trampa, un paso al frente
¿Cómo impedir caer en la trampa? Para construir una alternativa a esta renovada forma del viejo bipartidismo no alcanza con el FIT que ha instalado una buena huella electoral pero muestra sus grandes limitaciones como una fuerza de masas. Existe la creencia que, dadas las contradicciones que se agudizan por las medidas económicas del sistema, las masas reaccionarán hacia la izquierda. Esto no solo no ocurre así, sino que tenemos antecedentes históricos en sentido contrario. Por ejemplo, durante un régimen fascistoide surgido de un gobierno constitucional, en una época de un sostenido auge de masas, en presencia de las Coordinadoras fabriles y organizaciones revolucionarias en 1975, ante la falta de perspectiva clara y unificada, la gran masa se retrajo y posibilitó el ascenso de la dictadura. No había un partido político de la Revolución sino muchos destacamentos que debilitaron la necesidad de dotar al movimiento de masas de una dirección única. Tampoco las Coordinadoras alcanzaron a conformarse como un poder de autogobierno de los trabajadores con la suficiente fuerza y enraizamiento en fábricas y barrios, como para resistir con éxito la contrarrevolución armada. Tampoco de la crisis del 2001/2002 se salió con una perspectiva transformadora. La fuerza de la rebelión democrática del «¡Que se vayan todos!» no tuvo una alternativa para el día después que se fuesen. La dispersión de las izquierdas imposibilitó siquiera dar una batalla fuerte en el terreno electoral. La institucionalidad fue recompuesta por la variante progresista/populista.
La historia nos deja enseñanzas, cuyas claves nos deben ayudar a dar un paso adelante. Hoy ante la crisis, hay un reanimamiento pero ninguna opción revolucionaria de masas. Existen numerosas agrupaciones, movimientos y partidos que luchan por objetivos muy similares, pero no se traducen en una fuerza política. Y lo mismo ocurre en el sindicalismo clasista, democrático y antiburocrático, terreno donde muchas tendencias siguen marchando por andariveles separados. La dispersión persiste porque no hay todavía un convencimiento cabal acerca de una unidad política y de principios, aunque se enuncien reiteradamente. Incluso existen prejuicios y recelos en cuanto a la necesidad de un partido político revolucionario. De hecho, las expresiones organizativas son múltiples. La necesidad de superar esta dispersión, impone gestar un frente político de contenido programático antimperialista y socialista para proyectarse en los movimientos de masas. El objetivo no debe ser competir con el FIT ni entrar en diatribas con esa corriente y otras izquierdas. Al contrario, sumar fuerzas con plataformas comunes. La lucha ideológica y política debe estar centrada contra las fuerzas dominantes que son el liberalismo y el populismo, las dos formas en que se presenta políticamente el capitalismo. La realidad impone asumir las luchas por las libertades democráticas progresivamente conculcadas, con una crítica y cuestionamiento a la misma institucionalidad que permite la vigencia de la modalidad «estado de excepción»… permanente. La democracia política es incompatible con la evolución del capitalismo contemporáneo. En el mismo sentido, las luchas por las recuperar las conquistas económicas y sociales deben tener el contenido simultáneo de reivindicaciones clasistas y cuestionamiento al avasallamiento de los enunciados del artículo 14 bis de la Constitución, punto de partida jurídico para sostener la restauración del salario mínimo, vital y móvil en todas las convenciones colectivas de trabajo, cuyo mejor ejemplo es el realizado por el Sindicato de Aceiteros. Y es imperioso impulsar la propaganda y las propuestas en cada terreno unidas al objetivo socialista. Debemos generar una conciencia y una opinión pública socialista, convencidos que este debe ser el rumbo transformador y no el de una variante capitalista que presenta como ilusorio porvenir una «justa distribución de la riqueza» que deje intactas las bases de la explotación social y la opresión nacional. Ante la realidad económica y social que describimos y la crisis política, urge canalizar en este rumbo, las energías de este diciembre ardiente y de lucha.
22 de enero de 2018