por Jorge Montero*

«Acuerdos de este tipo necesitamos en todo el país en todos los sectores», dijo un eufórico presidente Macri el pasado 10 de enero en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, al anunciar el relanzamiento del plan de explotación del yacimiento Vaca Muerta.

Síganme, no los voy a defraudar

El ostentoso anuncio desató la euforia del empresariado petrolero, y alegría manifiesta en otras cámaras patronales, desencadenó dudas y tensión entre los trabajadores del sector y encendió luces de alarma entre no pocos dirigentes sindicales. El gobierno intenta poner en marcha a toda velocidad la explotación de reservorios de shale oil y gas existentes en Vaca Muerta, y para concretarlo necesita de una drástica reducción de los «costos laborales». Por ahora YPF asociada con Chevron, Total, Pan American Energy, Shell y Dow, las empresas que participarán de la extracción de gas en la cuenca mediante el método de fracking o fractura hidráulica, de altísimo impacto ambiental, sólo acercaron promesas de nuevas inversiones.

La revolución productiva

El presidente Macri aseguró que «hoy se abre una nueva etapa para la energía en nuestro país» basada en el desarrollo de los yacimientos no convencionales. «Las empresas, a partir de lo que han hecho los trabajadores a quienes tenemos que felicitar, se han comprometido a un proceso virtuoso de inversiones, estamos hablando de 5.000 millones de dólares que tiene que duplicarse para los próximos años y sostenerse», continuó sin agregar ningún detalle. El convenio fue suscripto por el presidente Mauricio Macri, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, los ministros de Trabajo Jorge Triaca y de Energía, Juan José Aranguren, el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa –y senador por el Movimiento Popular Neuquino-, Guillermo Pereyra, y su par de los Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo. Mientras el gobierno nacional ratificaba la completa eliminación de las retenciones a las exportaciones de crudo, y la extensión de los beneficios impositivos para las operadoras que están incluidas en el denominado ‘Plan Gas’, incluyendo el precio sostén del precio del gas en boca de pozo hasta el año 2020, hoy en US$ 7,5 en millón de BTU (unidad de energía) , cuando el precio de referencia en el mercado estadounidense se ubica en torno de los US$ 2,8 por millón de BTU y el costo de producción local asciende a sólo US$ 1,9. Además de comprometerse a una fuerte inversión en obras de vialidad y de ferrocarriles para mejorar la logística del sector. Y la provincia de Neuquén se obligaba a no aumentar los gravámenes a las operadoras, ni crear nuevos impuestos, y a mejorar la infraestructura vial en la región. La llave del acuerdo, sin dudas, quedaba en manos de la burocracia del sindicato petrolero, que actuando como punta de lanza flexibilizadora, negoció la pérdida de derechos de los trabajadores en los yacimientos no convencionales de gas y petróleo de Vaca Muerta. «En los amigos representantes de los trabajadores encontré esa apertura, esa capacidad de entender que no solo se garantiza el empleo sino que se abren varias puertas», agradeció Macri. El gobierno de Cambiemos pretende ahora trasladar las nuevas condiciones laborales al resto de los trabajadores petroleros y de las otras ramas industriales, para de esa manera mejorar la productividad, bajar costos operativos y limitar la conflictividad laboral.

El salariazo

El senador nacional y máximo dirigente del sindicato petrolero neuquino, Guillermo Pereyra, negó que haya una flexibilidad laboral detrás del acuerdo de explotación de la cuenca de Vaca Muerta. «No hay nada de eso. Nada más alejado de la realidad…brinda mejores condiciones de trabajo para la gente, esto representa la humanización del trabajo, no todo es plata», afirmó el veterano sindicalista sin sonrojarse. Sin embargo, y en principio, alrededor de 4.000 personas que componen el universo de los denominados ‘servicios especiales’ de perforación y producción, y trabajan en las compañías más grandes del sector, como Halliburton, Schlumberger, Baker, Weatherford, Calfrac o Ecostym, entre otras, sufrirán una poda de por lo menos el 30% de sus salarios. Así, por ejemplo, un trabajador que se desempeña en servicios complementarios de equipo de torre cobra alrededor de 45.000 pesos netos, mientras que otro que está en servicios especiales puede llegar a duplicar ese monto. Pero los recibos salariales petroleros son laberínticos. Los básicos en algunos casos no superan los 8.000 pesos. El grueso de lo que el trabajador recibe de bolsillo lo terminan componiendo las horas extras y las denominadas ‘horas taxi’, que son aquellas que los trabajadores cobran como horas de viaje desde sus casas hasta las bases en la localidad de Añelo, así como las horas que pasan stand by –en el pozo, en la base o un tráiler- pero afectados a la empresa. El nuevo convenio directamente elimina estas últimas. Por lo tanto, el trabajador de servicios especiales que antes hacía jornadas de 12 horas en el pozo y otras 12 en la base, sólo cobrará por las primeras. Simultáneamente se modifica el régimen laboral, con un diagrama de trabajo de 2×1, es decir dos días de trabajo por uno de descanso, en lugar del 1×1 que se aplica hoy. En la práctica implicaría que la jornada laboral en un equipo de torre sea de 14 x7, en lugar de 14×14 que existe en la actualidad. Además de lo salarial, también habrá cambios operativos. El acuerdo le pone un techo a la cantidad de personas que deben integrar cada línea de trabajo (que implicaría la desafectación de entre 800 y 1.500 trabajadores), se agrega el montaje y desmontaje nocturno de torres, o la posibilidad de trabajar en altura con vientos de hasta 60 kilómetros por hora, entre otras modificaciones. «Lógicamente que (el trabajador) va a ganar menos, pero va a poder disfrutar de su familia», razonó el titular del sindicato de Petroleros Guillermo Pereyra. En una extraña defensa ante las acusaciones de flexibilización, el pragmático dirigente cegetista, asegura que evitó una sangría de puestos de empleo resignando sólo algunos beneficios que tenía el sector, y en contrapartida se creó un régimen laboral más ordenado.

Estamos mal, pero vamos bien

Tras un 2016 de relativo control sobre las bases y agrupamientos opositores, los sindicalistas patagónicos de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, fueron forzando el acompañamiento al ajuste patronal que incluyó retiros voluntarios, jubilaciones compulsivas, suspensiones, recortes salariales y despidos «por goteo». Hubo conflictos en varias empresas, pero fueron completamente aislados por la burocracia petrolera. Sin embargo hoy los trabajadores empiezan a sentir que las políticas de la dirigencia gremial los están llevando a un callejón sin salida. Atados a sus apetencias de perpetuación sindical, el manejo de fondos millonarios y con cargos políticos a los que accedieron acompañando gestiones provinciales – Pereyra enrolado como senador nacional en el Movimiento Popular Neuquino del gobernador Omar Gutiérrez, Jorge «Loma» Ávila al frente del Sindicato de Petroleros de Chubut y presidente de Petrominera creada por el mandatario provincial Mario Das Neves, y Claudio Vidal del Sindicato Petrolero de Santa Cruz de la mano de la gobernadora Alicia Kirchner-, los gremialistas tienen cada vez menos margen de maniobra para convencer a los trabajadores de aceptar nuevos acuerdos que los perjudican notablemente. El primer quiebre significativo se produjo a comienzos del mes en la cuenca Neuquina, cuando los trabajadores de las empresas Halliburton y Schlumberger se lanzaron a un paro por fuera de la conducción sindical. Los obreros de operaciones especiales se plantaron frente a una reducción salarial compulsiva que los llevó a cobrar casi 50% menos de salario. La respuesta empresarial, con el envío de 50 telegramas de despido caldeó aún más la situación. Pereyra catalogó la medida como «inorgánica» y «equivocada», señalando con el dedo a los instigadores de la protesta: «Los tenemos identificados, son grupos que actúan desde las sombras…», retrotrayendo su advertencia a épocas negras de nuestra historia. Mientras tanto Ávila en Chubut no las tiene todas con él. Hay mucho mar de fondo y malestar, especialmente desde que firmó con YPF un nuevo esquema de trabajo mensual de 14 días pagos, 7 de franco y 7 de suspensión sin cobro de haberes por disminución de la actividad en los yacimientos. Acuerdo que se extenderá indefectiblemente a todas las operadoras en la Cuenca de San Jorge, y que ya fue rechazado de plano por los gremios de Camioneros y de UOCRA, que ingresan en los yacimientos. Desde las masivas movilizaciones de mayo en Comodoro Rivadavia, el líder petrolero chubutense hizo infructuosos esfuerzos por ir desmontando la protesta de los trabajadores. Entre otros eufemismos amenazó con la instalación de una Carpa Negra en la Plaza de Mayo, que está seguramente enrollada en el gremio, o la adquirió sin las estacas capaces de poder sostenerla. Aun así logró evitar los desbordes y encausó la protesta mediante constantes y eternas mesas de negociación con la provincia y el gobierno nacional. Por eso llegó a ufanarse de «no traicionar» a sus representados, como si consideró que lo venía haciendo su par neuquino. Sin embargo ambos popes sindicales firmaron conjuntamente en junio pasado, la Resolución del Ministerio de Trabajo 365 que dio inicio a las negociaciones y a la postre permitió implementar los acuerdos de flexibilización laboral del sector. En Santa Cruz la fragmentación sindical petrolera es una realidad desde hace varios años. El mayor logró del secretario general Claudio Vidal, fue haber conseguido frenar la intervención de la Federación Petrolera que conduce el diputado nacional Alberto Roberti, pero no consigue disciplinar a los afiliados del gremio que encabeza. En el transcurso del año 2016, entre retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas más de mil trabajadores abandonaron la actividad. Acorralado por nuevos despidos y suspensiones, dejó a la deriva a los trabajadores cesanteados en San Antonio Internacional o Baker Hughes. Todo lo cual lo lleva a constantes enfrentamientos con los múltiples sectores opositores que lo cuestionan y al mismo tiempo navega en la soledad que le genera la errática gestión provincial de Alicia Kirchner. Para completar su infortunio, carga sobre sus espaldas con la denuncia de asesinato de un obrero de la construcción en un enfrentamiento armado que se produjo frente al sindicato petrolero en Caleta Olivia el 9 de abril de 2015, y que ya lo hizo pasar varios días entre rejas.

¡Argentina, levantate y anda!

Las provincias y los gremios petroleros de la Patagonia son los primeros afectados por los anuncios del martes pasado en Casa de Gobierno. Son ellos los que a partir de ahora sentirán con mayor intensidad la presión empresaria para replicar la dinámica de Vaca Muerta. Los viejos yacimientos petroleros están en un proceso de declive desde hace años y con dotaciones mayores a las necesarias, según los estándares internacionales, que seguramente – de no mediar un cambio raigal en la situación política- serán expulsados de la industria. Como ya fueron eliminados desde la llegada de Cambiemos un total de 4.289 puestos de trabajo en la industria del petróleo hasta agosto de 2016 –según el último dato disponible en el ministerio de Trabajo-. Cifra que se eleva a más de 6.500 puestos desde marzo de 2015. Pero el Gobierno Nacional aspira a reproducir los cambios alcanzados con los sindicatos petroleros, esta «verdadera revolución del trabajo», en otros sectores. E incluso ya inició negociaciones similares con la industria de la construcción, donde más empleos se perdieron en los últimos 18 meses, el sindicato textil y los metalúrgicos en Tierra del Fuego. El argumento del presidente Macri para reducir derechos adquiridos por los trabajadores es que los nuevos convenios generarían mayores inversiones y empleo al reducir el costo laboral de las empresas. Para avanzar en esa línea, el gobierno ya tiene en carpeta una serie de iniciativas que van de la revisión de los convenios colectivos, la reducción de aportes patronales, la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo y el fuero laboral, la reintroducción de las pasantías, la reconversión de planes sociales en salarios subsidiados para la actividad privada y un esbozo de ‘modernización’ del Estado, que estaría basada en la evaluación de desempeños y los premios por productividad. Detrás del discurso edulcorado y modernizante, que promete un futuro mejor para todos, se agazapan estas recetas harto conocidas y ya probadas en nuestro país. Comprender la magnitud de la arremetida del capital es seguramente el primer paso para poder enfrentarlas.

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*Ex delegado general de los petroleros de Shell Dock Sud.