por APEMIA

Hoy se cumple un año más de la masacre impune de la AMIA. Han transcurrido 22 años y, aunque parezca mentira, aún no se ha iniciado investigación alguna. Los cientos de miles de papeles acumulados en más de 70 causas judiciales y 500 incidentes, la creación de fiscalías especiales, unidades especiales de investigación, direcciones de unidades antiterroristas, etc., no esclarecieron nada. Sólo sirven para hacer propaganda del Estado y mostrar que “algo se hizo”.
Han transcurrido 22 años sin imputados ni presos ni condenados por el crimen más grave del terrorismo de Estado cometido en nuestro país desde la llegada de la democracia. Aún hoy, ni jueces ni fiscales tienen idea de quiénes son los responsables.
Cuando está probado y reconocido que el Estado nacional sabía que se iba a cometer un atentado, que sus fuerzas de seguridad e inteligencia participaron de la tarea y la encubrieron durante 22 años, ¿qué más hay que esperar para reconocer que se trata de un crimen de Terrorismo de Estado en democracia?
En esta oportunidad, los hemos convocado para compartir ideas y propuestas, y debatirlas. Para ello, invitamos a los panelistas que nos acompañan que, preocupados por el tema, nos brindarán su punto de vista y sus aportes al debate sobre “Terrorismo de Estado y archivos secretos: el caso AMIA”.
Les agradecemos su participación y compromiso.
El sentido de esta intervención es brindar un marco en el cual queremos discutir los problemas actuales, abordar nuestra perspectiva, provocar una reflexión y construir juntos una salida política para superar la impunidad reinante.
¿Cuáles son las novedades en este vigésimo segundo aniversario?
Podemos hablar de dos hechos políticos que han dominado el escenario durante el último año: el inicio de un nuevo juicio oral y la presencia de un nuevo gobierno en nuestro país.
El juicio oral que tiene como acusados a la plana mayor de las principales figuras políticas, jurídicas, de los servicios de inteligencia y policiales del país, se cocinó lentamente durante 16 años y salió de apuro como consecuencia de la presión que recayó sobre el gobierno de Cristina Kirchner tras la muerte del Fiscal Nisman.
Tardaron 16 años en establecer que hubo irregularidades y delitos en una investigación judicial, lo que revela en sí mismo que el juicio oral es el producto de la continuidad de tantos años de encubrimiento que el Poder Judicial ayudó a articular.
¿Qué esperanza se puede tener en un juicio de estas características que, además, se sustancia con los archivos secretos cerrados?
La esperanza de obtener justicia de manos del Poder Judicial está agotada. Podemos reconocer que fue un estado de ánimo de muchas víctimas hace 15 años, cuando estaba por comenzar el llamado juicio histórico que puso en libertad a todos los acusados de haber sido partícipes del atentado. El resultado de ese juicio liquidó cualquier ilusión.
El nuevo juicio oral se manifiesta como un retroceso respecto del anterior hasta en las formas jurídicas, toda vez que hace 13 años pudimos escuchar el testimonio de los agentes de inteligencia. Por el contrario, en esta oportunidad, los jueces resolvieron imponer el secreto sobre los testimonios de quienes integraron la SIDE hace 17 años, aún cuando el Poder Ejecutivo los había liberado hacía tiempo de guardar secreto ante los jueces. No permiten que el público conozca la trama acerca de cómo se construyeron el encubrimiento y la impunidad ni que las partes acusadoras hagan público el papel que en esa trama cumplieron los tres poderes del Estado.
Insistir con el intento de esperanzar a la sociedad identificando al Poder Judicial con los valores de Justicia sólo es un esfuerzo por manipular la conciencia que la sociedad tiene de la necesidad de superar la impunidad y a sus organizadores.
Después de 22 años en que el Estado argentino hizo de todo para encubrir su papel criminal en el atentado y en medio del desarrollo de este juicio mezquino, se produjo el cambio de gobierno.
No debe sorprender que el nuevo gobierno muestre notorias dificultades para elaborar una política propia y hasta se muestre dividido a la hora de abordar el tema del atentado a la AMIA.
Pasaron 7 meses desde su llegada y las medidas que tomó no contribuyeron a revertir una política de Estado construida durante tantos años: la política de encubrimiento.
En más de un sentido, muestra claras líneas de continuidad con el pasado que profundizan el encubrimiento y la impunidad.
El actual gobierno reforzó el secreto sobre las actividades del servicio de inteligencia y eliminó por decreto los controles establecidos por ley. También decretó una mayor autonomía para las fuerzas armadas, lo cual significó un retroceso sobre el control civil de estas fuerzas. Y específicamente en el tema AMIA, se niega a abrir los archivos secretos aún cuando, con mucho cuidado, se lo pidieron los propios fiscales.
Es difícil hablar de “cambios” o de “avances” contra la impunidad en las políticas del nuevo gobierno. No han tomado ninguna medida concreta para conocer la verdad y castigar a los responsables del crimen de nuestros familiares y amigos en la AMIA.
Pareciera que el nuevo gobierno continúa con las políticas de Estado de gobiernos anteriores y sólo está interesado en seguir judicializando un crimen político y forzarnos a desfilar por el estrecho camino de los juicios amañados, que ni siquiera pueden establecer la conexidad entre las decenas de causas judiciales pendientes.
Estos manejos ya fracasaron, y el gobierno de Macri tiene dificultades para formular nuevas políticas a nivel local e internacional.
En el marco internacional más general, después del acuerdo firmado por las grandes potencias y las Naciones Unidas con Irán un año atrás, la derogación del Memorando no significó avance alguno en la investigación de nada, y sólo tuvo por objeto satisfacer la demanda del Estado de Israel y sus grupos de presión locales, más interesados en salvar al gobierno de Netanyahu que en esclarecer las responsabilidades criminales del Estado nacional en el atentado de la calle Pasteur.
Es interesante observar que mientras nos entretienen con promesas jurídicas o de futuros nuevos juicios y nos acusan de querer politizar el atentado, los responsables políticos del Estado con la complicidad de DAIA, AMIA y otros lobbystas internacionales presentes hoy en Buenos Aires, trabajan en secreto para establecer acciones políticas de las cuales nos marginan expresamente. Estamos hablando de los “Juicios en ausencia” y de posibles planteos y juicios contra Irán en las Naciones Unidas, a los cuales ya nos opusimos en el pasado.
El gobierno argentino dice que pretende reinsertarse en este marco internacional. Para hacerlo, no tiene mejor idea que reflotar una variante de los planteos que ya fueron llevados ante las Naciones Unidas y que ya fracasaron durante el gobierno de Kirchner, que desde 2003 presentaba a la Argentina como motor de la guerra contra Irán y el Eje del Mal en América Latina.
Aquello que se presenta como un planteo nuevo es, en realidad, un planteo viejo, superado por los acontecimientos. En cualquier caso, implica un retroceso para cualquier estrategia que proponga conocer la verdad y denunciar las complicidades internacionales que facilitaron el atentado.
De esta manera, el gobierno de Macri restablece líneas de continuidad con la política del gobierno anterior, que también contaba con el apoyo expreso de DAIA, AMIA y la Embajada de Israel. ¿De qué cambios están hablando?
El Estado argentino no puede ofrecer ninguna propuesta creíble para esclarecer el atentado a la AMIA… porque está involucrado en el atentado. Ha cometido un acto de terror en democracia para lo cual dispuso de su servicio de inteligencia y fuerzas de seguridad entrenados para esta tarea durante la dictadura genocida, y luego ocultó las huellas de su criminalidad en documentos secretos.
La política del encubrimiento y la impunidad del crimen de la AMIA emparentan a 10 mandatos presidenciales durante la democracia y, en su esencia, nos siguen vinculando a la etapa más oscura y criminal de la historia argentina.
Quedarnos parados en el lugar en que el Estado nos tiene que proveer Verdad y Justicia porque así lo dicen los textos constitucionales, sólo traerá más dolor y una mayor frustración, como se evidenció hoy en los otros actos de los familiares de las víctimas que ya no creen posible que haya justicia y hasta dudan de la posibilidad de conocer la verdad sobre los hechos.
Es doloroso pero hay que asumirlo. Es un hecho que el Estado argentino sostuvo la impunidad y tiene la decisión de construir un nuevo relato, dirigido a los más jóvenes, para contarles una historia que no se funda en la verdad y lo exculpe de cualquier responsabilidad criminal propia.
Lo que está en juego es el tipo de sociedad en que queremos vivir.
Nosotros estamos convencidos que podemos conocer la verdad y con ella impulsar el juicio y castigo para todos los culpables. No es un concepto místico.
Después de 22 años, la Verdad no será una concesión que venga de las manos del Estado.
La obtendremos en una lucha por difundir estas ideas y en el reclamo de tantos años por abrir los archivos secretos y constituir una Comisión Investigadora Independiente, vinculándonos y en solidaridad con otras causas populares contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos.
No es un capricho. Estamos hablando de un crimen político y en ninguna parte del mundo esta clase de crímenes los resuelve un juez. Por eso es necesaria una Comisión Investigadora cuya integridad va a estar dada por la calidad de sus miembros, personalidades independientes, todos ellos referentes incuestionables por su trayectoria intachable en el ámbito de los derechos humanos, del pensamiento, del trabajo y de la sociedad argentina en general.
Para que el trabajo de la Comisión sea viable, la condición es que el gobierno y el Congreso Nacional dispongan la apertura de los archivos aún en poder de las fuerzas de inteligencia y seguridad.
Lo dijimos y lo volvemos a repetir: esperamos que el gobierno impulse el debate de nuestro proyecto de ley y su aprobación en ambas cámaras. Sería su mejor aporte.
En la lucha por abrir los archivos secretos y construir una Comisión Investigadora Independiente se juega la posibilidad de correr el velo sobre los hechos y la verdad de este crimen de Estado que deliberadamente los mantienen ocultos desde hace tantos años.