En la última década la Argentina ha continuado, en forma acelerada, su deslizamiento hacia un estado en manos de mafias políticas. Esto es notable porque el índice de corrupción de este país en la década de 1990 era ya muy alto. En 2015 la Argentina retrocedió otro puesto en el ránking de la corrupción internacional al pasar del puesto 106 al 107 sobre un total 175 países evaluados por Transparencia Internacional. Es decir, pasó largamente la mitad de la tabla para acercarse un paso más a uno de los países más corruptos: Somalía.
Martín Varsavsky Waisman es un empresario en telecomunicaciones nacido en Buenos Aires -nacionalizado español y estadounidense- que donó a la Argentina más de U$S 11.500.000 para crear el portal educativo Educ.ar.
En un reportaje concedido al diario español El País aseguró que los españoles “no conocen lo que es un país corrupto gobernado por corruptos”, y precisó “Yo, en España, personalmente nunca me encontré con corrupción. Pero quise llevar Fon a Argentina y el primer día ya me estaban pidiendo sobornos”.
La ONG Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional (TI) presentó un informe sobre corrupción y transparencia. A su vez incluye algunos datos interesantes extraídos del Barómetro Global de la Corrupción del 2013. Una encuesta de opinión realizada por TI que indica, por ejemplo, que en Argentina el 47% de las personas que pagan sobornos son para acelerar trámites y el 45% porque “era la única forma de obtener un servicio”. Mientras, consultados sobre por qué no denunciarían un hecho de corrupción, el 41% respondió que le da miedo y el 40% dijo: “porque no serviría de nada”.
Desde 1989 hasta la fecha solo había cinco condenas judiciales a ex altos funcionarios, pese al aumento meteórico de causas judiciales por corrupción. Una contra el ex presidente Carlos Menem por el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito, el ex titular del PAMI Alderete por irregularidades en la contratación de empresas y al ex titular de la Casa Moneda Gostanián y la ex ministra de Economía K, Felisa Miceli por el caso de la bolsa con dinero del Banco Central en el baño de su casa. Nada más que seis condenas, con la de Jaime, frente a la corrupción que galopó en el menemismo y en el kirchnerismo. De hecho, la denuncia que hizo el Embajador norteamericano Terence Todman en 1991 de un pedido de soborno para la habilitación del frigorífico Swift de Rosario terminó como corresponde… sin condenas. Como dice la cultura popular: si te robas una gallina vas preso veinte años, pero si robas el Banco Nación no pasa nada. ¿Cómo lo sabemos, pues porque la Argentina tiene el dudoso honor de ser una nación donde el Vicepresidente compró la empresa Ciccone, o sea la Casa de la Moneda, y sigue en funciones. La Presidenta insiste que “la justicia se debe expedir”. Por supuesto, que la Justicia también se puede expedir sobre las múltiples causas de corrupción que tiene la misma Presidenta. Pero “not to worry, baby”. En los últimos seis meses todos los jueces que dieron curso a distintas causas sobre corrupción han sido desplazados acusados de… parcialidad política, obvio. Mientras tanto han sido reemplazados por jueces que a su vez están procesados (ya no solamente acusados) de corrupción.
¿Hubo más corrupción en el gobierno de Menem o en el de los Kirchner? Según el Centro de Investigación y Prevención sobre la Criminalidad Económica (CIPCE) de 750 causas a funcionarios públicos por corrupción, iniciadas entre el 2002 y el 2007, solo ha habido una condena importante. Pero no hay una estadística que puede separar períodos políticos. El directivo de Poder Ciudadano, Alvaro Herrero, recordó que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, disolvió una oficina que lleva un registro de causas contra funcionarios. No sabemos si se la disolvió porque eran tantas que no valía la pena registrarlas, o porque la funcionaria se sintió deprimida con esas estadísticas, o porque es una funcionaria que podría ingresar como una estadística de la oficina.