LAS AUTORIDADES DIERON MARCHA ATRÁS CON SU DISOLUCIÓN
por APEMIA*
Las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación y del Ministerio Público Fiscal dieron marcha atrás con la disolución del Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) que funcionó hasta diciembre pasado en el ámbito de la Fiscalía AMIA.
Hasta ahora, desde los despachos de Garavano y Gils Carbó se negaban a renovar los contratos y se acusaban mutuamente de ser responsables por no financiar y disolver al grupo de profesionales formado hace apenas seis meses, que tenía a su cargo la tarea de acondicionar, preservar y clasificar los archivos secretos que –después de tantas promesas de apertura- siguen siendo secretos y aún están en poder de la AFI (ex SIDE).
Un primer paso: Conferencia de prensa del 5 de enero
El cambio de actitud de las autoridades es el producto de la decisión asumida por los mismos trabajadores del GERAD que salieron en defensa de sus contratos, apoyados por el Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Contaron con la solidaridad expresada desde APEMIA, Memoria Activa, personalidades como Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel) y Nora Cortiñas (Madres Pza Mayo, Línea Fundadora) junto a organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
El primer paso fue convocar a una conferencia de prensa donde se hizo público el reclamo contra la disolución del GERAD, por la reincorporación laboral y la continuidad de las tareas que venían cumpliendo.
Sus palabras fueron el marco para presentar a Laura Matiauda, una de las profesionales del equipo. Ella sostuvo que “con la no renovación de nuestros contratos, el trabajo de seis meses en la base de datos queda en la nada, incompleto. También implica el incumplimiento de las responsabilidades contraídas por el Estado con los familiares y con la sociedad argentina en su totalidad…”.
Reveló un dato que no conocíamos: a mediados de octubre pasado, apenas unos meses después de formado el grupo, el Ministro Alak les había comunicado que rescindía los contratos del GERAD. Fue un secreto compartido con las autoridades de la Procuración y la Fiscalía AMIA más empeñadas en mostrar una supuesta “apertura de archivos” que en garantizar la continuidad del grupo que debía hacer el trabajo.
Matiauda sintetizó su exposición afirmando que “sin trabajadores no hay GERAD. Sin GERAD no hay archivos desclasificados. Y sin archivos desclasificados no hay posibilidades de Memoria, Verdad y Justicia”.
A su turno, Laura Ginsberg expresó la solidaridad de APEMIA para con los trabajadores del grupo a quienes pretenden dejar sin perspectiva laboral. “Acababan de constituir el grupo que terminan por disolver… Constituirlo era una de las primeras medidas que el Estado debía haber tomado para avanzar en el esclarecimiento del crimen impune de nuestros familiares en la AMIA hace casi 22 años. ..” Ginsberg consideró que el solo anuncio de desclasificación no nos deja conformes porque esa documentación no está abierta y a disposición del público. “Los mismos trabajadores del GERAD tienen que guardar estricto secreto de su trabajo en las condiciones terribles en que lo hacían” en los sótanos de la ex SIDE. “Ponían todo su saber y conocimiento sobre cómo procesar esa información que nosotros venimos exigiendo hace tantos años para que se abra. Allí van a aparecer los vínculos que permitieron que este crimen se cometiera y permaneciera tantos años en la mayor impunidad”.
Enrique Fukman comprometió la solidaridad de las organizaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Afirmó que “desarmar al GERAD es impedir que el pueblo argentino sepa qué pasó en AMIA el 18 de julio de 1994 y que la impunidad siga reinando… Es imprescindible que vuelvan a sus funciones”.
Beverly Keene dijo unas palabras a nombre de Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, expresando que con su trabajo el grupo GERAD “aporta al esclarecimiento del crimen de la AMIA en una sociedad que se prepara para conmemorar los 40 años del golpe que abrió paso a la Dictadura. “Reclamamos que las autoridades den marcha atrás con esta decisión”.
Por último Godoy, el secretario del gremio, advirtió que de no haber respuesta positiva de parte de las autoridades, ATE se manifestaría la próxima semana frente al Ministerio de Justicia por este reclamo.
Segundo Paso: Las atuoridades anunciaron que renovarán los contratos
Al día siguiente, el miércoles 6 de enero, las autoridades del Ministerio Público Fiscal se reunieron con ATE y miembros del equipo GERAD. Al finalizar el encuentro hicieron saber que se harán cargo de renovar los contratos caídos que hasta ahora no querían realizar. Algunas horas más tarde, el Ministerio de Justicia prometió hacerse cargo del pago del tiempo que media hasta tanto los nuevos contratos estén vigentes.
De esta manera, se espera que el equipo vuelva a funcionar en las próximas semanas.
Los trabajadores del GERAD tienen total conciencia que fue gracias a su convocatoria pública y ante la posibilidad de extender el conflicto como lograron vencer la resistencia y el desinterés que las autoridades habían mostrado hasta el día anterior. Contaron con la solidaridad del gremio y de las organizaciones de familiares de AMIA y de derechos humanos. Las autoridades dieron marcha atrás pese a la poca visibilidad que tuvo en los grandes medios de comunicación.
El triunfo de los trabajadores del Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental pone de relieve y agudiza los límites de la gestión de la Dra. Gils Carbó, de la Fiscalía AMIA y del actual ministro Garavano para cumplir con los compromisos que el Estado asumió y que muy tardíamente llegó a organizar. Después de disolverlo, dieron marcha atrás con la única medida política concreta que habían dispuesto desde que asumió el nuevo gobierno.