por Pablo Pozzi

Desde que asumió el gobierno neoliberal de Mauricio Macri hemos insistido que se «venía el ajuste». Inicialmente fue así: aumentos salariales por debajo de inflación, despidos entre empleados públicos, y mejoras importantes para los sectores más pudientes (o sea, los ricos). Esto fue acompañado con una «extraña pasividad» ante los empresarios que no cesaban de aumentar sueldos y despedir trabajadores. Para algunos era «el ajuste», para otros «la ineficiencia e incompetencia» de Macri. Capaz que ambos tienen razón, pero la impresión es que, si bien el año pasado se trataba de eso, ahora es otra cosa. Un ajuste implica no sólo el empobrecimiento de los trabajadores (que tendrán que ajustarse el cinturón a través del desempleo y la baja salarial), sino que la economía tiene «retoques» pero mantiene su esencia. En otras palabras, el capitalismo agroexportador sojero y especulativo, con altas de tasas de desempleo, cuya premisa es el saqueo de los ciudadanos a través del Estado, se mantiene incólume. La sensación es que vamos camino a algo mucho peor. O sea, que luego de un año donde la burguesía midió la fuerza de los trabajadores, su capacidad de organización y respuesta, se ha lanzado a la ofensiva dirigida a cambiar de fondo las relaciones de producción y el tipo de Estado. Esto último es importante: es la burguesía no simplemente el macrismo, sino no se entiende por qué Macri cuenta con amplias mayorías para sus medidas socioeconómicas cuando tiene una minoría en el Parlamento. Esto es lo que parece emerger tanto del conflicto del transporte en Córdoba (finalizado el 13 de junio), y de la decisión del gobierno nacional de eliminar 70 mil pensiones por discapacidad.

La oleada de huelgas que se desató en los últimos meses en Argentina tiene una característica distinta a los conflictos del año pasado. Se inició con el conflicto nacional docente en los tres niveles, continuó con luchas de empleados municipales en diversos distritos mientras ocurrían medidas de fuerza en docenas de fábricas, hasta llegar al conflicto del transporte urbano de la Ciudad de Córdoba que duró 10 días y acaba de terminar. Todas se caracterizaron por una presión de base sobre las burocracias gremiales y por mucha combatividad por parte del activismo. Pero también, como señalamos en una nota anterior, tuvieron poca preparación previa, no pudieron explicar sus reclamos al conjunto de la sociedad, y fueron desgastados hasta ser derrotados. Las derrotas se dieron por una combinación de intransigencia patronal, represión estatal, masiva utilización de los medios de comunicación para desprestigiar los conflictos, y una traición por parte de burócratas preocupados ante lo que visualizan como posibles desafíos de la base.

El conflicto más destacado fue el de transporte en la ciudad de Córdoba. Las razones del paro fueron dos: una, el rechazo a un aumento salarial muy por debajo de la inflación y entre los más bajos del país; la otra, que el sindicato local había sido intervenido el pasado 30 de septiembre de 2016. En aquel momento la dirección de UTA (Unión Tranviarios Automotor) desplazó a la conducción cordobesa acusada de «abuso de poder» por llevar adelante unos 40 conflictos en los dos años anteriores. La combinación de atraso salarial junto con el golpe de estado a la dirección electa, desató un conflicto con altísimos niveles de adhesión. Rápidamente los factores de poder se movilizaron para quebrar la huelga. Los medios los acusaron de «tener de rehenes a la ciudadanía» que no podía ir a trabajar, y de «dañar la economía de la ciudad con cuantiosas pérdidas para los comercios». Las patronales se rehusaron a negociar, comenzaron a despedir trabajadores (al final despidieron 158 sobre 700 huelguistas) y a descontar del salario los días de paro. El interventor gremial declaró al paro ilegal y la UTA nacional lo denunció. Y el Estado movilizó a las fuerzas de seguridad y a la Escuela de Aviación para proteger a los carneros. Al mismo tiempo, el intendente declaró que el transporte público sería gratuito todos los días de paro. Por su parte los otros sindicatos cordobeses ofrecieron su solidaridad y hasta amenazaron con un paro, reflejando que sus propias bases estaban descontentas con la situación, pero nunca pasaron de las palabras.

Luego de uno de los conflictos más largos de los últimos años, golpeados por los despidos y los descuentos salariales (que en algunos casos oscilaban en un tercio de los de por si bajos salarios), los huelguistas de vieron obligados a retornar al trabajo para tratar de negociar. La respuesta fue contundente: los patrones, a la fecha no han aceptado sentarse a negociar, los despidos continúan, y dos días más tarde la Legislatura de Córdoba aprobó la Ley provincial 10.461 que incluye el transporte público como uno de los servicios esenciales. Esta medida se ampara en la Ley nacional 25.877 sancionada el 2 de marzo de 2004 por el gobierno de Néstor Kirchner, cuyo artículo 24 limita el derecho de huelga de toda «medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias» para «la vida, la salud, la seguridad, la justicia, el acceso a la energía eléctrica, gas y agua potable, sea por tratarse de servicios esenciales». Es notable que cuando se aprobó la Ley nacional no hubo protestas sindicales; es más casi pasó desapercibido que limitaba el derecho de huelga. La ya de por si restrictiva Ley nacional ha sido ampliada por la provincia de Córdoba, estableciendo un antecedente por el cual cualquier actividad puede considerarse esencial. La Ley provincial fue aprobada por 57 votos contra cinco y ocho ausentes (todos ellos legisladores con trayectoria de dirigentes sindicales) dejando en claro el total apoyo de los partidos mayoritarios, mientras miles de trabajadores protestaban fuera de la Legislatura que sesionó protegida por cientos de policías. A su vez, los políticos contaron con el decidido apoyo de las patronales. El presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Gerardo Seidel, afirmó: «Evidentemente, no puede haber paros masivos». Horacio Busso, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba, expresó: «No estoy en contra del derecho de huelga, pero no puede ser que 800 colectivos dejen sin trabajar a 500 mil cordobeses». La izquierda criticó duramente la votación. Como dijo Luciana Echevarría, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), «PJ y UCR sólo se acuerdan de la importancia de los servicios para atacar a los derechos de los trabajadores. Pero lo cierto es que no les importa la calidad ni que los vecinos podamos pagarlos, porque ellos no los usan. Si les preocupa el transporte y quieren evitar los paros, no hace falta votar ninguna ley. Solo es necesario garantizar salarios y condiciones laborales dignas para los choferes e inversión real. Para contar con un servicio económico, eficiente y de calidad hay que estatizar el transporte con control de los trabajadores y usuarios».

Este año, y a diferencia del anterior, los trabajadores se encuentran con patronales intransigentes y con un Estado dispuesto a provocar los conflictos. Se trata de debilitar a las organizaciones de trabajadores, de subordinar aún más a los burócratas, y de quebrar de voluntad de lucha de la clase obrera. La ofensiva no solo se dirige a aumentar la tasa de explotación, sino también a generar conflictos desesperados y con escasa organización. En este sentido tanto Estado como patrones están dispuestos a pagar cualquier costo, convencidos que así es como se reduce «el costo argentino» (o sea, los derechos y protecciones laborales). Su meta es convencernos que es mejor vivir de rodillas que morir de pie.

La ofensiva contra los trabajadores se combina con un aumento en la desprotección de los discapacitados, que ya de por sí son muy marginados en esta sociedad. El pasado 13 de junio se conoció la noticia del recorte de 70 mil pensiones a personas con discapacidad en el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley. El ministerio justificó el recorte con el argumento de que «una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión (ya que) puede trabajar si lo deseara».

Entre las causales de suspensión de una pensión por discapacidad el macrismo determinó que no podrán acceder a ellas aquellos cuyas familias tengan un ingreso de 19.200 pesos por mes (en febrero 2017 las cifras oficiales daban la canasta familiar mínima de 13.323 pesos). Asimismo, tampoco podrán cobrarla quienes tienen un bien a su nombre, como un automóvil, aunque este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado. Por otra parte, la Asociación de institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa) denunció que: «Desde hace varios meses no provee adecuadamente prótesis, medicamentos y otros insumos. Además, incumple los plazos de pago adeudando fondos desde octubre de 2016 a la fecha, y no ha dado el aumento acordado con los transportistas de personas con discapacidad». Se calcula que cerca de un millón de personas tienen discapacidades en Argentina.

Al igual que en el caso de los choferes, los medios insistieron que la forma en que fueron asignadas las pensiones en época kirchnerista fue corrupta. De hecho, no sería sorprendente que eso fuera cierto en algunos casos, sin embargo ¿70 mil? ¿Y cómo explicar que aquellos con síndrome de Down son ahora considerados trabajadores comunes? De hecho, aun en la tierra de Trump distintas dependencias del gobierno federal, como el Correo, reservan plazas para trabajadores discapacitados para compensar que sufren una fuerte discriminación a la hora de ser empleados. Macri no plantea nada ni remotamente similar. Se trata de reducir el presupuesto a costa de los sectores más desprotegidos, no sea que tengan que bajar los beneficios que reciben los empresarios, o sea de «la patria contratista».

Ambos casos, discapacitados y choferes, revela que el macrismo ha lanzado una ofensiva en función de modificar la estructura socioeconómica nacional. Se trata de mantener las altísimas tasas de ganancia a través del Estado, mientras van eliminando toda conquista social que dificulte pauperizar a la población mientras consolida aspectos centrales del modelo kirchnerista: la agroexportación, la obra pública a través de empresas privadas, la minería extractiva, y las finanzas. En esto cuenta con el apoyo del conjunto de la burguesía y de la amplia mayoría de la clase política. Y también centrales en esta ofensiva son los sindicalistas burocráticos que dependen del estado, de los empresarios y de los partidos políticos para mantenerse en el poder. Así Roberto Baradel, del gremio docente bonaerense (SUTEBA), resultó reelecto secretario general a pesar de un denodado desafío de la izquierda y de que venía de una fuerte derrota de la huelga docente. ¿Cómo lo hizo? Con apoyo del ministerio de Trabajo y el de Educación, con una ayudita del PRO macrista, el PJ peronista, y el FPV kirchnerista. Hubo fraude es indudable, pero eso no importa, lo que cuenta es que sigue en el poder. Mientras tanto los docentes bonaerenses están cada vez peor. Al mismo tiempo estamos sufriendo las consecuencias de la dictadura de 1976, del neoliberalismo peronista de Menem, y del populismo conservador de los Kirchner. El miedo al desempleo, la ignorancia, y el individualismo de muchos argentinos han aumentado terriblemente. Como dijo un activista del SMATA: «lo que no pudo la represión, lo pudo el hambre».

Por otro lado, estamos en mundo distinto al de las tradiciones obreras que se forjaron durante el siglo anterior. Las nuevas generaciones nacieron y se han criado en un mundo neoliberal insospechado en 1970. Asimismo, están haciendo un camino de aprendizaje en la lucha que es totalmente nuevo. Así surgen embriones de nuevas formas de organización, y se van planteando nuevas formas de lucha. Mientras tanto el problema es que los trabajadores ven descender su nivel de vida, y se van debilitando formas organizativas que costaron décadas construir. Como hemos señalado en otra ocasión: «Se abre un momento histórico durísimo para los trabajadores argentinos, donde la creatividad, las neuronas, y la decisión de luchar son claves. Encontrar nuevas formas organizativas y de lucha determinará el futuro histórico.» Es indudable que la ofensiva de capital avanza en la creación de un mundo nuevo donde la vida es corta, salvaje y cruel, al decir de Hobbes. Pero al igual que en la Década Infame se gestó peronismo, y que en la dictadura de Onganía ocurrió el Cordobazo, hoy también se están gestando fenómenos nuevos, difíciles de ver en lo inmediato, pero que cuando exploten vendrá el nuevo auge obrero y popular.