por Igor Goicovic Donoso

La crisis del Sistema de dominación inaugurada por la revuelta popular de octubre de 2019
continúa abierta y, cada vez, con un desenlace más incierto. Los resultados de los diferentes
eventos electorales (convencionales, gobernadores, alcaldes, y concejales), convocados para
el fin de semana del 16 y 17 de mayo de 2021 así lo ponen de manifiesto. Algunos
antecedentes son, sin lugar a dudas, evidentes. A nivel de los convencionales constituyentes
la derecha, agrupada en la Lista Vamos por Chile, obtuvo solo 37 de los 155 cupos
disponibles. Pero la suerte de otros partidos tradicionales, como la Democracia Cristina (2)
o el Partido Radical (1), no fue muy diferente. Solo el Partido Socialista, que integraba con
los anteriores la Lista del Apruebo, escapó a esta tendencia alcanzando 15 representantes.
Por su parte, la autodenominada izquierda progresista (Lista Apruebo Dignidad), eligió 28
convencionales, entre los cuales destacan los cupos obtenidos por Revolución Democrática
(9), el Partido Comunista (7) y Convergencia Social (6). Descontados los 17 escaños
correspondientes a los pueblos originarios, los restantes 48 cupos corresponden a una amplia
y heterogénea gama de candidatos independientes, entre los cuales destacan los 22
convencionales electos por la Lista del Pueblo. Un escenario muy fragmentado que no
permite, a nadie, sacar cuentas alegres respecto del texto que se debiera plebiscitar (en una
fecha indeterminada), 60 días después de la entrega de la propuesta por parte de la
Convención Constitucional.
La derecha, sin duda el grupo más golpeado en este evento, no alcanzó el tercio de los
convencionales que se requería para bloquear aquellas reformas que viene exigiendo desde
hace años el movimiento popular: Consagración de los derechos civiles, sociales y políticos,
redistribución de la riqueza, nacionalización de recursos naturales, protección del medio
ambiente, plurinacionalidad, etc. No obstante, la representación de los intereses de las clases
dominantes hace también mucho tiempo que dejó de ser monopolizada por este grupo, de
manera que la defensa del entramado institucional del actual sistema de dominación también
correrá por cuenta de algunos convencionales de las listas del Apruebo y de Apruebo
Dignidad. Es más, muchos de los actuales convencionales “independientes” poseen
trayectorias políticas que permiten presumir que estarán disponibles para concurrir con sus
votos a la contención de las reformas más radicales. Suponer, en consecuencia, que la
sumatoria de convencionales de las listas del Apruebo, Apruebo Dignidad, Independientes y
Pueblos Originarios (118), nos conducirá inexorablemente a la profunda transformación del
actual sistema institucional, constituye una ingenuidad. Las clases dominantes están, sin
lugar a dudas, muy golpeadas, pero han demostrado históricamente y sin ir más lejos, en el
pasado reciente (Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de
2019), su gran capacidad de reacción y su comunidad de intereses en la defensa de sus
privilegios. El enemigo está debilitado, pero en ningún caso se encuentra derrotado.
De hecho, si observamos los resultados de los restantes procesos electorales, el escenario se
matiza bastante. En las elecciones de gobernadores regionales el Pacto Chile Vamos vuelve
a tener un desfavorable resultado electoral (19,4% de los votos), pero coloca en la segunda
vuelta de esta elección a 9 candidatos en 16 regiones. El pronóstico para los mismos no es
bueno, pero releva que siguen contando con un importante caudal electoral. Pero los
candidatos de quienes han administrado el sistema desde comienzos de la década de 1990 no
es tan malo como en la Convención Constituyente. La Lista Unidad Constituyente, que
agrupó al Partido Demócrata Cristiano, al Partido Socialista y al partido por la Democracia,
obtuvo un 25,9% de los sufragios, eligió en primera vuelta a dos gobernadores (Aysén y
Magallanes) y logró colocar, con altas expectativas de ser electos, a 11 más en segunda
vuelta. El Frente Amplio, a su vez, logró elegir de forma directa al gobernador de Valparaíso
y aspira a ganar en segunda vuelta en Tarapacá y Santiago. Los independientes, en este caso,
aparecen mucho más disminuidos. No ganan en primera vuelta ningún cargo de gobernador
y posicionan solo tres candidaturas en segunda vuelta. En un caso (Atacama), se trata de un
ex militante socialista, en otro (Maule), de un abogado especializado en temas de seguridad
ciudadana y, por último (Bio Bío), de un ex militante de la Democracia Cristiana.
Pero mientras en convencionales y en gobernadores, la representación política de la élite
tradicional se ve desmejorada, a nivel local es decir desde donde se construye el poder
político de los territorios, el escenario se ve bastante más favorable. De acuerdo con las cifras
preliminares disponibles, los partidos de la ex Concertación, agrupados en dos listas
diferentes (Unidad por el Apruebo, liderada por el PS y Unidos por la Dignidad, liderada por
la DC), eligen 128 alcaldes de los 345 posibles. De hecho, la Democracia Cristina sigue
siendo el partido político con más alcaldes electos (46). Más atrás se ubica Chile Vamos que
logra elegir alcaldes en 88 municipalidades. Mientras que las listas restantes, Chile Digno,
Verde y Soberano (que incluía a los comunistas), Frente Amplio y Dignidad Ahora (el
movimiento liderado por la parlamentaria Pamela Jiles), lograron elegir a 24 alcaldes. Las
candidaturas independientes, a su vez, eligieron a 105 alcaldes, pero en este caso una parte
importante de los candidatos vienen precedidos de largas trayectorias políticas en los partidos
tradicionales, tanto de la ex Concertación como de Chile Vamos.
Cabe señalar, además, que en esta oportunidad la participación electoral cayó
significativamente respecto del plebiscito de octubre de 2020. Efectivamente, en esta ocasión
solo participó un 43,35% del universo total de electores. Es más, en algunas comunas
populares de la región metropolitana, esa participación se sitúa bajo el promedio nacional:
La Pintana (36,3%), San Bernardo (37,0%), Independencia (37,9%), Estación Central
(38,2%), El Bosque (38,7%), Recoleta (comuna liderada por el precandidato presidencial del
PC, 40,0%), Lo Espejo (40,9%), Conchalí (41,1%). La situación de pandemia que afecta al
país, la multiplicidad de eventos electorales convocados al mismo tiempo, la escasa claridad
respecto de las propuestas subyacentes a cada evento y una tendencia sistemática a la
desafiliación institucional que se arrastra desde las elecciones presidenciales del año 2000,
explican, en buena medida, esta falta de interés por el proceso. Es importante destacar que
ningún grupo o analista radical (entre los cuales me incluyo), puede atribuir esta desafiliación
a la agitación política realizada por la franja del activo social y político que optó por
autoexcluirse de este proceso. Para nada. Las mismas dudas y suspicacias que una parte
importante de la población tiene con la élite política tradicional, las tiene, a su vez, respecto
de los grupos revolucionarios.
Eso nos obliga a reflexionar ya no solo sobre la coyuntura electoral, sino que en términos
más amplios sobre la situación política y la actual correlación de fuerzas. Es evidente que el
adversario, las clases dominantes y sus representantes políticos, se encuentran muy
debilitados. Pero no es menos efectivo que esa debilidad es extensiva al campo de los actores
sociales y políticos revolucionarios.
Los sectores populares no han llegado a la Convención Constitucional con un programa
común. Quienes han accedido a esta instancia, y asumen la representación de los sectores
populares, solo comparte un diagnóstico: “Esto es lo que no queremos”. Pero no comparten
una plataforma constitucional que sea capaz de convertirse en una opción para los
trabajadores y el pueblo. Siendo así, y más allá de la buena voluntad o consecuencia de los
convencionales populares, se puede terminarsancionando un texto constitucional (consenso),
que no recogerá el conjunto de expectativas del campo popular. En la suscripción de este
acuerdo, incidirá de manera importante la capacidad de adaptación y negociación que logren
desarrollar los convencionales provenientes de Chile Vamos, la ex Concertación y el Frente
Amplio, disposición que ya muchos de sus dirigentes se han apresurado a señalar. Precaverse
de estas maniobras y acompañar el proceso constitucional con una movilización sistemática
y permanente aparece como un requerimiento fundamental. Pero también es fundamental que
los sectores populares se agrupen y discutan las propuestas constitucionales que se llevaran
a la Convención. Solo la articulación de un Programa de cambios radicales y con un estado
de movilización permanente nos permitirá convertir esta instancia en un campo de
acumulación de fuerzas efectivo.
Se debe asumir, además, que el actual escenario Convencional es una experiencia por la cual
ha optado una franja importante de los sectores populares y no podemos permanecer
indiferentes al respecto. Ello no significa validar todos y cada uno de los procesos electorales
a los cuales se nos convoca, y mucho menos legitimar a quienes pretenden convertirse en
representes de los más humildes, como ya lo han hecho en ocasiones anteriores. Se trata de
convertir esos eventos electorales en parte de un proceso de acumulación de fuerzas que nos
permita transformarnos efectivamente en alternativa de poder. En ese punto es necesario
articular la participación en la Convención Constitucional (que ya es un hecho político), con
la movilización permanente y radical. Pero es imprescindible darle objetivos claros a esa
movilización y es necesario, además, escalar en el desarrollo de las diferentes formas de
lucha. Eso significa acompañar el debate constitucional con la movilización del pueblo, pero
no solo a efectos de imponer un texto constitucional que refrende las expectativas de los
sectores populares, sino que se proponga como objetivo profundizar la derrota de las clases
dominantes y, sobre esa base, configurar un horizonte de poder en el cual los trabajadores y
el pueblo se conviertan en dueños de su propio destino.
Ello exige que tanto en nuestros territorios (espacio local), como a nivel sectorial
(organizaciones sindicales, estudiantiles, ambientales, feministas, etc.), seamos capaces de
agitar el proyecto del pueblo. Un decálogo que reúna tanto las reivindicaciones que se han
venido instalando estos últimos años, como las orientaciones económicas, sociales, políticas
y culturales a partir de las cuales edificaremos una nueva sociedad. Para ello es necesario
fortalecer la organización popular, como espacio de debate y discusión, y como instancia de
agitación y movilización. No se puede hipotecar la fuerza del pueblo en la Convención
Constitucional. Es necesario convertir nuestros espacios de organización y lucha en espacios
deliberantes y, desde ellos, transformar el espacio convencional en una asamblea
Constituyente, Democrática, Libre y Soberana. Los resultados de la actual coyuntura
electoral son una oportunidad política, a la vez que la Convención Constitucional no es un
fin en sí mismo. Pero a partir de la actual situación de debilidad relativa de las clases
dominantes debemos avanzar hacia la formación de aquellas instancias de poder, de poder
popular, que nos permitan desplegar con toda su fuerza y energía el vendaval popular que
debe transformar no solo la institucionalidad política, sino que refundar desde sus bases a la
sociedad chilena.
Quilpué, 17 de mayo de 2021